Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México, María Gabriela Salido Magos, se unió a la demanda de vecinos de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo de gestionar un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del gobierno capitalino, para debatir sobre los proyectos inmobiliarios en curso en esas alcaldías, que son rechazados por las afectaciones directas en los servicios públicos de las colonias.
Señaló que el acercamiento con autoridades es para evitar se ponga en peligro el patrimonio de los habitantes de la metrópoli, mediante obras mal planeadas y sin orden, como son los grandes desarrollos inmobiliarios.
“Cada día que pasa es un día perdido, son días en los que las obras avanzan, las construcciones de metros y metros cuadrados no se detienen y no hay seguridad ni certeza jurídica para quienes ahí habitan”, declaró.
La representante popular de la bancada del PAN en el Legislativo local, abogó por los vecinos de colonias como Santo Tomás, Nextitla, Popotla, Agricultura, Argentina y otras cercanas a la avenida México-Tacuba, así como de quienes viven en San Álvaro, Obrero Popular, San Bernabé, Jardín Azpeitia, Clavería, Nueva Santa María y las aledañas al corredor de Ferrocarriles Nacionales de México y de San Salvador Xochimanca.
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Salido Magos lamentó que, al presentar su propuesta, los de la bancada de Morena en el Congreso no la hayan considerado como urgente el que autoridades de la Seduvi le den una explicación a los colonos sobre diversos proyectos inmobiliarios.
“Intentamos nuevamente el encauzar y dar voz a las demandas de vecinas y vecinos de toda la ciudad, pero particularmente a quienes habitan en esas alcaldías, quienes viven preocupados por la gran cantidad de obras y desarrollos inmobiliarios que se construyen en sus comunidades”, expuso la diputada panista.
Consideró que seguramente hay intereses de morenistas, junto con sus alidados, para oponerse férreamente a ventilar lo relacionado al riesgo que corre el patrimonio de las personas, junto con su derecho a una ciudad habitable.
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