Ciudad de México.- Diputados del Congreso de la Ciudad de México hicieron un llamado a autoridades capitalinas a reforzar las acciones que permitan intensificar la promoción de las Jornadas Notariales del presente año, junto con las 16 alcaldías de la capital, debido a que en el 2020 se vieron afectadas por la emergencia sanitaria y ahora, se requiere retomar los mecanismos que den seguridad jurídica a la población.
La propuesta presentada por la legisladora morenista Donají Olivera Reyes, en el sentido de solicitar una intensificación de programas notariales en el contexto de la Pandemia del Covid-19, fue apoyada por representantes populares de todos los partidos, ante el hecho de que una de cada 20 personas adultas cuenta con un testamento.
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Por parte de los representantes populares se acordó exhortar a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino a que, a través de la Dirección General de Regularización Territorial, diseñe acciones, planes y programas que permitan la regularización de bienes patrimoniales en beneficio de las personas que han perdido a un familiar debido a la pandemia.
Asimismo, estuvieron de acuerdo en requerir se facilite el acceso de manera sencilla y económica a los trámites notariales que requieran las familias.
Olivera Reyes fue la responsable de presentar con la representación del diputado de Morena, Miguel Ángel Macedo Escartín, el punto de acuerdo para que la Comisión Permanente en el Congreso de la Ciudad de México, exhorte a diversas instancias para incentivar la regularización de inmuebles en la Ciudad de México.
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Lo anterior, a través de fortalecer la cultura del testamento, con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias en su patrimonio.
Quedó asentado que en el país una de cada 20 personas adultas cuenta con un testamento, de ahí que tengan que brindar facilidades y agilizar los trámites a personas que han perdido un ser querido por la pandemia y han quedado en la indefinición jurídica de sus bienes.
La proposición de urgente y obvia resolución, plantea que la emergencia sanitaria cambió radicalmente la forma de vida y prioridades de cada ciudadano.
Reconocieron los legisladores que el número indeterminado de propiedades intestadas y de litigios, confirma la necesidad de fomentar la cultura del testamento y la regularización de las propiedades.
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