Con una flota de al menos 150 mil unidades irregulares o “piratas” que brindan servicio de transporte público, entre combis, microbuses y camiones, según datos de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de México, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez enfrentará uno de sus mayores retos en el compromiso que hizo en campaña de mejorar la movilidad y el servicio público concesionado.
Meter al orden a un sector que durante años fue creciendo al amparo de la anarquía y el desorden representará un desafío que la maestra prometió atender, y del cual se dijo consciente durante los días de la etapa proselitista en busca del voto que la llevó al triunfo electoral.
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El transporte público concesionado en el Estado de México es un asunto que terminó por rebasar a las autoridades estatales. Ninguna dependencia, ni siquiera la Secretaría de Movilidad sabe a ciencia cierta cuántos vehículos prestan el servicio, cuántos operan en el marco legal con concesión vigente y cuántos dejaron de renovarla. Los datos que ofrecen distintas fuentes informativas refieren sólo estimaciones, debido a que el sector creció de manera desorbitada.
Diputados del Estado de México reconocen que las unidades del transporte público operan en condiciones precarias. Son vehículos viejos que llevan más de diez años funcionando, cuyos conductores carecen de procesos de capacitación, y que al paso de los años, por intereses político-partidistas, dejando de lado la normatividad, se fueron convirtiendo en bloques consentidos que garantizaban el voto corporativo durante los procesos electorales.
Aunado a ello, el factor de la inseguridad y la delincuencia desatada han constituido una combinación execrable en detrimento de los miles de viajeros, además de que el costo del pasaje es uno de los más caros a nivel nacional.
Muchos de los usuarios tienen que desembolsar más de 50 pesos diarios para ir y venir, ya que el pasaje mínimo es de 12 pesos por los primeros cinco kilómetros recorridos, más 25 centavos por kilómetro adicional.
De esta manera, en términos generales, si alguien recorre 60 kilómetros (tomando uno o dos “peseros) debe pagar 26 pesos, más otros 26 de regreso, pero hay quien recorre más distancia, sobre todo la población que, siendo parte del Valle de México, tiene que viajar a la ciudad de México proveniente, por ejemplo, de Zumpango o de los municipios de la zona oriente, como Los Reyes La Paz e Ixtapaluca.
URGE TRANSPORTE DE CALIDAD
Para el titular de la Cámara de Autotransporte de Pasaje y Turismo en el Estado de México, Odilón López Nava, una de las organizaciones de transportistas más prestigiadas de la entidad, y que ha sido la más incisiva en terminar con el transporte “pirata”, el tema de las concesiones es un rubro fuera de control.
Considera que el modelo del transporte público concesionado en territorio mexiquense es obsoleto, de varias décadas de rezago, pues de las 168 a 185 mil concesiones que se calculan, al menos el 85% no están renovadas, debido a que los vehículos llevan más de diez años operando.
López Nava es enfático en señalar que si el gobierno estatal está dispuesto en emprender nuevos proyectos para el sector, primero tiene que alejarse de las ocurrencias que han prevalecido en el estado, como la tolerancia hacia vehículos inadecuados como el taxi colectivo, los mototaxis (que son otro elemento de desorden en la entidad) y las vagonetas o combis que ya no son funcionales porque son de muy baja capacidad para la movilidad en una región en la que habitan millones de personas.
En ese sentido, el titular de la Cámara de Autotransporte de Pasaje y Turismo en el Estado de México se pronunció en favor de que la próxima administración estatal atienda el asunto del transporte público concesionado de acuerdo con las necesidades de los habitantes, privilegiando un sistema moderno y donde intervengan expertos en el tema, como urbanistas y especialistas en movilidad.
La intención, dijo, es lograr un transporte seguro, eficiente y confortable, por lo que debe apostársele a los sistemas masivos como el Mexibús, aunque para ello sea necesario romper inercias y superar conflictos para anteponer el interés de los usuarios.
SE REQUIEREN INCENTIVOS
Diputados del Estado de México manifestaron que es necesario emprender todo un trayecto integral para mejorar el transporte público.
El legislador local integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Isaac Montoya Márquez, afirmó que los transportistas del estado han carecido de incentivos para mejorar el servicio con mejores unidades y con las condiciones dignas que se requieren.
Hizo referencia a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde se establece que en la zona metropolitana del Valle de México se realizan casi 35 millones de viajes y el 45% son en transporte público.
Por ello, manifestó que ahora se tendrán que impulsar programas de estímulos para ayudar a renovar el parque vehicular, como un programa de chatarrización. Indicó que esto debe ser impulsado por el estado, con el fin de aportar recursos suficientes para hacer una estrategia integral de renovación del parque vehicular.
Mencionó que la administración de Delfina Gómez Álvarez tendrá que hacer una revisión a detalle, a conciencia de la pésima realidad del transporte público, para proponer alternativas que ayuden a resolver la problemática de fondo y para ello se requiere tomar en cuenta la opinión de los transportistas y de los usuarios.
“Es innegable el mal estado en que se encuentran gran parte de los transportes en la entidad y eso asoma una incapacidad o falta de voluntad por parte de los gobiernos estatales”, dijo en alusión de los regímenes del PRI.
Aseveró que no ha habido una revisión de nuevas rutas y mucho menos se han revisado las condiciones óptimas para los usuarios. “Hoy vemos que ha quedado rebasado, porque el transporte no se mueve en beneficio de la población, sino por razones que están ligadas a la corrupción”.
AUTORIZAR O FRENAR TARIFAZO
Dado a que el gobierno de Alfredo del Mazo Maza termina en unos días más (el último minuto del 15 de septiembre) será el gobierno de Delfina Gómez Álvarez quien deberá autorizar o frenar la exigencia de los transportistas por aumentar cuando menos dos pesos el pasaje mínimo, que estaría pasado de 12 a 14 pesos.
El Instituto del Transporte del estado, en voz de Ricardo Lugo Servín, vocal de esa instancia descentralizada de la Secretaría de Movilidad, el incremento a la tarifa del transporte público concesionado no es un tema que se dé de la noche a la mañana.
Dijo que para poder concretar un ajuste en el pasaje se requieren cuando menos seis meses de análisis previo a la autorización del aumento. Aseveró que ciertamente existen empresas que han estado solicitando el incremento, pero subrayó que en todo caso esta determinación se estaría dando más adelante, pero no en el periodo que le queda a la actual administración estatal.
Sin mencionar a las empresas que demandan el ajuste a la tarifa del transporte público, Ricardo Lugo Servín insistió en que la decisión de subir el costo del pasaje no se da de manera espontánea, pues aclaró que se deben analizar varios elementos y este proceso lleva cuando menos seis meses antes de dar a conocer en cuánto se avaló el aumento.
Cabe recordar que el último incremento fue de dos pesos y se autorizó desde diciembre de 2019. Los parámetros de alza en el transporte público concesionado han sido de dos pesos en los últimos seis años. En julio de 2017, dos meses antes de dejar el cargo, el entonces gobernador, Eruviel Ávila Villegas, aprobó un incremento al pasaje mínimo en ese rango, es decir, dos pesos, pues la tarifa se ubicaba en 8 pesos, y pasó a 10. Ya para enero de 2020 el ajuste que prevalece hasta la fecha también fue de dos pesos y de 10 subió a 12 pesos (pasaje mínimo).
LOS PROMESAS DE DELFINA
Durante la pasada campaña política en busca del voto ciudadano, la entonces candidata de la alianza “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”, Delfina Gómez Álvarez, hoy gobernadora electa, ofreció importantes cambios en materia de movilidad.
En sus discursos se atrevió a proponer la ampliación de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de Politécnico a Tlalnepantla y también se comprometió a crear una línea del Tren Suburbano de Martín Carrera a la zona de Tepexpan, allá por los rumbos de Acolman.
También empeñó su palabra para construir nuevas líneas del Mexibús en la zona de Zinacantepec hacia Toluca y otra de Metepec a Lerma. De igual manera prometió una línea 3 del Mexicable de Cuatro Caminos a Minas de San Martín, en Naucalpan. Y por si fuera poco también anunció la ampliación del Tren Suburbano hasta Huehuetoca. Se trata de proyectos ambiciosos y está por verse si cumplirá.
Delfina Gómez Álvarez mencionó durante su campaña que tendría mesas de trabajo con los transportistas del estado para escuchar y atender sus demandas, con miras a mejorar el servicio.
NECESARIO REFORMAR LEYES
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso estatal, Nazario Gutiérrez Martínez, quien tiene influencia política y social en la región de Texcoco, estimó que alrededor de 150 mil unidades del transporte público operan sin regularizarse en toda la entidad.
Consideró que entre el gremio hay voluntad para mejorar las cosas, pero se requiere más que eso y disposición de las autoridades, por lo que ahora con la llegada de Delfina Gómez Álvarez la expectativa tiene otro rostro.
Indicó que desde hace cuando menos cuatro o cinco años han venido solicitando cambios al marco legal para evitar, por ejemplo, la forma en que se maneja el sistema de grúas y corralones en el Estado de México, pues de manera colateral esto también impactó en todo el sector, ya que de fondo sólo se fomenta la corrupción y la cadena termina afectando a los usuarios de las unidades del servicio público. El reto será aplicar para bien estos cambios legales.
Gutiérrez Martínez subrayó que transportistas mexiquenses, en diversas reuniones sostenidas, denunciaban que caían en los corralones por el examen toxicológicos, la licencia que no estaba clara, la verificación, infracción de tránsito y falta de concesión, por lo que se veían obligados a pagar grandes cantidades de dinero, registrándose opacidad en los cobros. Dijo confiar en que con las modificaciones legales esto podrá cambiar.
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