La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) Rafael Gregorio Gómez Cruz, en su calidad de Presidente del Consejo de Publicidad Exterior de la Ciudad de México convocar a una sesión este 1 de abril obligatoriamente.
En caso de no hacerlo, la SCJN, órgano a cargo de Margarita Ríos Farjat, podría exigir de manera inmediata la separación del cargo de Gómez Cruz al frente de la SEDUVI.
Lo anterior luego de que se dieran a conocer diversas versiones que apuntan a que violentó la Ley de Publicidad Exterior y el Reglamento del Consejo al no convocar a los miembros con nombramientos vigentes o prorrogados.
Tal como se observa en la página de dicha dependencia, desde que comenzó la administración de Claudia Sheinbaum solo se ha registrado una sesión en febrero de 2019. Ante ello, expertos en la materia explicaron que efectivamente solo se ha concretado una reunión formal.
“Desde el gremio celebramos en 2011 la creación de este espacio de diálogo e intercambio, ya que su principal objetivo es regular los anuncios en la zona metropolitana, no obstante, ahora que se ha congelado su actividad calculamos que aquellos colocados fuera de la ley aumentaron 8% del total del Padrón Oficial, es decir, más de 300 no cumplen con las disposiciones legales y se detectan principalmente en muros laterales o son de tipo envolvente”, precisaron.
El funcionamiento del Consejo plantea la toma de decisiones mediante el acuerdo, por lo que entre sus integrantes figura el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Secretaría de Protección Civil, así como de la Oficialía Mayor, la Autoridad del Espacio Público local, así como de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, entre otras autoridades capitalinas.
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Asimismo, también deben estar presentes expertos de la academia y representantes de organizaciones dedicadas al sector, todo con el fin de contrastar visiones. Sin embargo, tal como se puede constatar, la página del Consejo desapareció, aunque era una de las vías para garantizar difusión y transparencia.
Cabe destacar que ante el crecimiento de los anuncios que violan la norma, expusieron la necesidad de revisar las autorizaciones emanadas desde la Dirección General del Ordenamiento Urbano.
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