/ viernes 27 de mayo de 2022

Consejeros analizan recurrir a vías jurídicas para impugnar reforma al IECM

Patricia Avendaño, presidenta del Instituto, señaló que presentarán una controversia ante la SCJN o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) rechazaron la reforma electoral aprobada el viernes por el Congreso capitalino. Señalaron que analizan recurrir a vías legales para impugnar la modificación a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales local, que fusiona áreas del organismo electoral y corta plazas.

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En conferencia de prensa, los consejeros electorales, encabezados por la presidenta del instituto, Patricia Avendaño, aseguraron que tendrán que analizar las vías a las que pueden recurrir, entre ellas presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o bien un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual podría ser presentado por ciudadanos que consideren violados sus derechos políticos.

La responsable del IECM, Patricia Avendaño, enfatizó que a pesar de las disposiciones legales que aprobaron los congresistas, la calidad, transparencia y realización de las elecciones próximas está fuera de toda duda, pues el Instituto tiene las herramientas para garantizar su buen desarrollo, al igual que los procesos de participación ciudadana, como las consultas y plebiscitos.

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A su vez, las consejeras electorales Erika Estrada y Carolina del Ángel acusaron por su lado que tanto el presidente local de Morena, Tomás Pliego, como los diputados locales de ese partido incurrieron en violencia política de género, al acusarlas de tener familiares trabajando en la institución y ser resultado de cuotas de los partidos políticos.

ACUSAN VIOLENCIA DE GÉNERO

Estrada aseguró que tiene 20 años de experiencia profesional en materia electoral y que es totalmente injusto descalificar su trabajo por haber colaborado en algún momento en la oficina del hoy presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Insistió en que reducir al trabajo de una mujer a estar subordinado al de un hombre es absolutamente violento y sentenció que no es admisible que se atente así contra la integridad de una persona.

La consejera Carolina del Ángel señaló, por su lado, que efectivamente su esposo trabaja en el IECM, pero entró ahí tres años antes de que ella llegara y no está en un área que esté bajo su responsabilidad, por lo que exigió que si hay pruebas de que cometió alguna ilegalidad que la denuncien ante las instancias correspondientes.

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A su vez, el consejero Ernesto Ramos Mega advirtió que aunque se presenten recursos ante otras instancias jurisdiccionales éstos no generan una suspensión inmediata de los efectos de la reforma legislativa, por lo que por lo pronto deberían empezar a implementar las acciones necesarias para adecuar la estructura del Instituto.

En su momento, el consejero Bernardo Valle expuso que las cuentas que hicieron los diputados locales son incorrectas, porque si están calculando 50 millones de pesos por recorte de plazas, se tendrían que invertir al menos 30 millones de pesos para las liquidaciones del personal que tendrá que salir y además, el resto de las áreas tendrían que adecuarse para cumplir con todo el trabajo.

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Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) rechazaron la reforma electoral aprobada el viernes por el Congreso capitalino. Señalaron que analizan recurrir a vías legales para impugnar la modificación a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales local, que fusiona áreas del organismo electoral y corta plazas.

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En conferencia de prensa, los consejeros electorales, encabezados por la presidenta del instituto, Patricia Avendaño, aseguraron que tendrán que analizar las vías a las que pueden recurrir, entre ellas presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o bien un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual podría ser presentado por ciudadanos que consideren violados sus derechos políticos.

La responsable del IECM, Patricia Avendaño, enfatizó que a pesar de las disposiciones legales que aprobaron los congresistas, la calidad, transparencia y realización de las elecciones próximas está fuera de toda duda, pues el Instituto tiene las herramientas para garantizar su buen desarrollo, al igual que los procesos de participación ciudadana, como las consultas y plebiscitos.

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A su vez, las consejeras electorales Erika Estrada y Carolina del Ángel acusaron por su lado que tanto el presidente local de Morena, Tomás Pliego, como los diputados locales de ese partido incurrieron en violencia política de género, al acusarlas de tener familiares trabajando en la institución y ser resultado de cuotas de los partidos políticos.

ACUSAN VIOLENCIA DE GÉNERO

Estrada aseguró que tiene 20 años de experiencia profesional en materia electoral y que es totalmente injusto descalificar su trabajo por haber colaborado en algún momento en la oficina del hoy presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Insistió en que reducir al trabajo de una mujer a estar subordinado al de un hombre es absolutamente violento y sentenció que no es admisible que se atente así contra la integridad de una persona.

La consejera Carolina del Ángel señaló, por su lado, que efectivamente su esposo trabaja en el IECM, pero entró ahí tres años antes de que ella llegara y no está en un área que esté bajo su responsabilidad, por lo que exigió que si hay pruebas de que cometió alguna ilegalidad que la denuncien ante las instancias correspondientes.

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A su vez, el consejero Ernesto Ramos Mega advirtió que aunque se presenten recursos ante otras instancias jurisdiccionales éstos no generan una suspensión inmediata de los efectos de la reforma legislativa, por lo que por lo pronto deberían empezar a implementar las acciones necesarias para adecuar la estructura del Instituto.

En su momento, el consejero Bernardo Valle expuso que las cuentas que hicieron los diputados locales son incorrectas, porque si están calculando 50 millones de pesos por recorte de plazas, se tendrían que invertir al menos 30 millones de pesos para las liquidaciones del personal que tendrá que salir y además, el resto de las áreas tendrían que adecuarse para cumplir con todo el trabajo.

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