En la Ciudad de México operan en la clandestinidad diversos centros de atención a las adicciones para mujeres, donde se dan una serie de agresiones y abusos que resultan degradantes, acusó la integrante de la bancada del PRI en el Congreso capitalino, Esther Silvia Sánchez Barrios, quien al respecto pidió se efectúen verificaciones de esos lugares y se cierren los denominados anexos en los que se detecten irregularidades, así como acciones que vayan en contra de la dignidad de ellas.
Aseguró que las mujeres son objeto de ataques en esos sitios con el consentimiento de quienes los administran, lo que dijo debe ser sancionado con todo el peso de la ley, a la vez que aclaró que el hecho de que ellas no estén dentro de sus cabales por tomar o drogarse, no es motivo para que se les deje en desprotección o se les violente.
Desde la tribuna del recinto de Donceles y Allende, durante la sesión del martes la diputada priíta solicitó al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, a verificar los centros para las adiciones en donde están las mujeres y, si se determina que no operan conforme a lo establecido en las leyes, deben ser clausurados definitivamente, además de aplicar las multas y sanciones que correspondan.
Dijo que se tiene que ayudar a las inmiscuidas en las adicciones, mediante acciones de salud pública, dotándoles de los medios para salir adelante, sin que la violencia sea considerada como un factor que les ayude a escapar del infierno que representan las drogas y alcoholismo.
“Los centros para las adicciones establecidos en bien de ellas, deben ofrecer una vida digna y los tratamientos adecuados para sanar, sin que sean considerados como un lugar de condena y encierro en los que se den una serie de injusticias”, declaró la militante del Revolucionario Institucional al presentar su punto de acuerdo aprobado por el pleno.
Su propuesta va dirigida a que los anexos de la capital del país en los que se atiende a mujeres, sean objeto de verificaciones y si se observa algún incumplimiento de las disposiciones señaladas o no brinden un trato digno y de respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentren en tratamiento, se dicten las medidas de seguridad y sanciones que correspondan a la Ley y normatividad aplicable.
También Sánchez Barrios se refirió a lo ocurrido en el estado de Tlaxcala, donde tres mujeres intentaron escapar de un anexo, al sufrir de violencia física y verbal, acoso sexual y trato denigrante.
Lamentó que, durante su intento de buscar la libertad, una haya muerto, otra resultara lesionada, mientras que la tercera fue remitida al centro, sin que los directivos del mismo, se responsabilizaran por estos hechos, situación que no debe tolerarse.
“Son varios los factores que pueden contribuir al uso y abuso de drogas entre las personas. El consumo por primera vez ocurre a menudo en entornos sociales donde hay sustancias de fácil acceso, como alcohol y cigarrillos”, declaró.
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Precisó que el uso continuo de diversas sustancias, tanto entre mujeres como hombres, puede derivarse a inseguridades o a un deseo de aceptación social de niños, adolescentes y adultos, que de esa manera se sienten indestructibles y no consideran las consecuencias de sus acciones, lo que los conduce a tomar riesgos peligrosos con las drogas.
Insistió que existen asociaciones que contribuyen, junto con la Secretaría de Salud a la prevención de adicciones, para crear tratamientos multidisciplinarios y flexibles que puedan adaptarse a la situación de cada paciente.
Sin embargo, valiéndose de ello, se han creado supuestos centros de tratamiento de adicciones que operan desde la ilegalidad, al no estar registrados oficialmente en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, ni operan conforme a lo establecido en las leyes.
Delineó que en esos lugares que pueden ser mixtos, los trabajadores aprovechan la falta de inspección de autoridades para someter a tratos degradantes a las personas internas, violan sus derechos humanos y cobran cantidades de dinero que no se ven reflejadas en las instalaciones ni en las condiciones en que viven los que están en un supuesto tratamiento.
“En México ha aumentado el consumo de drogas legales e ilegales sobre todo en las niñas y adolescentes; esta situación es preocupante pues las mujeres son más susceptibles a volverse adictas y tienen consecuencias más graves y en los centros irregulares de tratamiento de adicciones, ante la falta de verificación de las autoridades correspondientes, son lugares que funcionan en la clandestinidad y la opacidad, por ello se cometen violaciones graves a los derechos humanos”, remató.
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