Con el objetivo de dar mayor autonomía a adultos mayores en la capital del país, en el Congreso local hay una propuesta que modifica el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Mediante una iniciativa la diputada de Morena Marisela Zúñiga Cerón, propuso que ese grupo poblacional reciba apoyos para el emprendimiento, inclusión digital, trabajo remunerado, contar con una vivienda digna o alojamiento adaptado a sus necesidades, así como cuidados propios de su edad.
Estuvo a favor de que en la metrópoli se erradique el rol y el estereotipo negativo que, en el imaginario colectivo, se impone a las personas de más de 65 años de edad.
Resulta que en su iniciativa turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Laborales, Trabajo, Previsión Social con opinión de la Comisión de Salud, la diputada morenista establece que al tomar en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, se requiere de un sistema integral para su atención, sustentado en el principio de protección especial a la persona mayor, que adopte medidas que les permitan alcanzar un envejecimiento activo, una vida digna, disminuir su dependencia y desarrollar su autonomía.
De igual forma, promover la solidaridad intergeneracional, protección judicial efectiva, proteja su patrimonio y en el que se prevengan, detenga y erradiquen el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su dignidad, seguridad e integridad, así como la investigación y sanción de estas conductas.
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Marisela Zúñiga al respecto, declaró: “las personas mayores tienen los derechos reconocidos en la Constitución, que comprenden, la identidad, la inclusión, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializada que contemple la promoción de su salud mental, a recibir apoyos para el emprendimiento, una nutrición adecuada, a la educación, que observe, entre otros contenidos, planes y programas de inclusión digital, al trabajo remunerado, a beneficios sociales, descuentos y exenciones en diferentes bienes y servicios, a una vivienda o alojamiento adaptada a sus necesidades y a cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley”.
Detalló que, para tal efecto, se requiere reformar el apartado F, del Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, con el propósito de que este grupo poblacional viva con autonomía, dignidad, sentido de pertenencia, sin importar su edad y estado de salud, porque han dejado lo mejor de su vida en la construcción de la nación.
Insistió que “tenemos que erradicar el rol y el estereotipo negativo que en el imaginario colectivo se ha impuesto”, al tiempo que detalló que el país experimenta un envejecimiento poblacional, por lo que en los próximos 30 años cambiará radicalmente la composición sociodemográfica y, serán las personas adultas mayores una quinta parte de la población de la República Mexicana.
Por ello, es necesario crear “una prospectiva a mediano y largo plazo, una visión institucional que permita dar atención en las demandas de servicios y en todo momento, los derechos de las personas mayores”.
Expuso que la iniciativa pretende plasmar, en la Constitución local, diversos derechos inherentes a las personas mayores, necesarios para el desarrollo de una legislación secundaria que les garantice una protección efectiva por parte de los poderes públicos, organismos autónomos y la sociedad en su conjunto.
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