/ lunes 28 de marzo de 2022

Congreso analiza propuestas para combatir inseguridad

El diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, afirmó que no puede haber paz, tranquilidad, ni desarrollo, si no hay seguridad

Para resolver los problemas de inseguridad, es necesario, el fomento a la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción, consideran diputados del Congreso de la Ciudad de México.

Los participantes en el foro internacional: Seguridad Ciudadana y su impacto en el desarrollo municipal, que organizó el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, coincidieron que la voluntad política, capacitación y profesionalización policial es indispensable para incrementar la seguridad.

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores, diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza (PRI), afirmó que no puede haber paz, tranquilidad, ni desarrollo, si no hay seguridad.

Comentó que la carencia económica es un factor para detonar el aumento de la inseguridad, “en seis estados tenemos peor seguridad que antes, porque ahora el narcotráfico se ha hecho cargo de la influencia en esos lugares”.

“En el país por cada 100 mil habitantes hay 1.14 policías municipales, y la media internacional de la ONU sugerida es de 1.8 policías por cada mil habitantes”, lo que conlleva a la agudización de los problemas de inseguridad”.

Israel Betanzos Cortés, presidente del PRI en la capital, consideró relevante la realización del foro y, pugnó porque las propuestas aquí vertidas, no se queden en un análisis más, sino que sirvan para el diseño de acciones que conduzcan a las personas titulares de las alcaldías, a mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Rogelio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Eurolatinoamericano de Políticas Públicas para América Latina, aseveró que se está entrando en un estado fallido porque “se han alcanzado niveles de violencia que hace algunos años únicamente se veía en las películas”.

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Resaltó la importancia de una intervención estratégica que permita en lo regional, en lo local y municipal, establecer y fortalecer todo lo que es gestión pública en materia de seguridad.

Alejandra Romero Galván, integrante del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia, al referirse al Plan de Política Criminal en la Ciudad de México, tiene como eje rector, tanto la perspectiva de género como el respeto a los derechos humanos.

Se está buscando la transformación de la percepción de la procuración de justicia “que por mucho tiempo ha estado relacionada con la corrupción, maltrato, tortura, castigo a inocentes y protección a culpables”, acotó.

Alicia Téllez Sánchez, ex diputada local por el PRI en la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), consideró que el problema de la seguridad se debe atacar de lo particular a lo general, es decir, implementar políticas públicas en los municipios para lograr un crecimiento armonioso que se refleje a nivel nacional.

Durante su intervención, Eduardo Campos, ex secretario de Educación en el estado de Chiapas y ex titular de la Academia de Formación Policial de la Iniciativa Mérida, consideró que la capacitación policial es muy importante, ya que si no se logra permear en el quehacer de los policías, la importancia del respeto a los derechos humanos, de la equidad de género, y de la igualdad social, de nada servirá contar con grandes reglamentaciones e iniciativas.

Julio César Bruguera Moreno, especialista en los cuerpos de seguridad en España, resaltó la importancia de trabajar en la mejora del servicio de la policía municipal, mediante la capacitación en temas como campo social, resolución de conflictos, mediación y trabajo en equipo con la ciudadanía.

Aldo Muñoz, integrante del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) planteó tener un nuevo modelo policial, observar las causas e índices de la inseguridad, estudiar la desigualdad, la desintegración social, la falta de legitimidad y respeto a la ley, así como, en buscar políticas públicas de prevención del delito, participación ciudadana y modernización del marco jurídico.

Moisés Grajales, ex secretario de Seguridad Pública en el estado de Chiapas, consideró los bajos salarios, los turnos extendidos de trabajo y la falta de elementos policiales, como algunos factores que impiden el combate a la inseguridad.

Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem


Para resolver los problemas de inseguridad, es necesario, el fomento a la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción, consideran diputados del Congreso de la Ciudad de México.

Los participantes en el foro internacional: Seguridad Ciudadana y su impacto en el desarrollo municipal, que organizó el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, coincidieron que la voluntad política, capacitación y profesionalización policial es indispensable para incrementar la seguridad.

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores, diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza (PRI), afirmó que no puede haber paz, tranquilidad, ni desarrollo, si no hay seguridad.

Comentó que la carencia económica es un factor para detonar el aumento de la inseguridad, “en seis estados tenemos peor seguridad que antes, porque ahora el narcotráfico se ha hecho cargo de la influencia en esos lugares”.

“En el país por cada 100 mil habitantes hay 1.14 policías municipales, y la media internacional de la ONU sugerida es de 1.8 policías por cada mil habitantes”, lo que conlleva a la agudización de los problemas de inseguridad”.

Israel Betanzos Cortés, presidente del PRI en la capital, consideró relevante la realización del foro y, pugnó porque las propuestas aquí vertidas, no se queden en un análisis más, sino que sirvan para el diseño de acciones que conduzcan a las personas titulares de las alcaldías, a mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Rogelio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Eurolatinoamericano de Políticas Públicas para América Latina, aseveró que se está entrando en un estado fallido porque “se han alcanzado niveles de violencia que hace algunos años únicamente se veía en las películas”.

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Resaltó la importancia de una intervención estratégica que permita en lo regional, en lo local y municipal, establecer y fortalecer todo lo que es gestión pública en materia de seguridad.

Alejandra Romero Galván, integrante del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia, al referirse al Plan de Política Criminal en la Ciudad de México, tiene como eje rector, tanto la perspectiva de género como el respeto a los derechos humanos.

Se está buscando la transformación de la percepción de la procuración de justicia “que por mucho tiempo ha estado relacionada con la corrupción, maltrato, tortura, castigo a inocentes y protección a culpables”, acotó.

Alicia Téllez Sánchez, ex diputada local por el PRI en la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), consideró que el problema de la seguridad se debe atacar de lo particular a lo general, es decir, implementar políticas públicas en los municipios para lograr un crecimiento armonioso que se refleje a nivel nacional.

Durante su intervención, Eduardo Campos, ex secretario de Educación en el estado de Chiapas y ex titular de la Academia de Formación Policial de la Iniciativa Mérida, consideró que la capacitación policial es muy importante, ya que si no se logra permear en el quehacer de los policías, la importancia del respeto a los derechos humanos, de la equidad de género, y de la igualdad social, de nada servirá contar con grandes reglamentaciones e iniciativas.

Julio César Bruguera Moreno, especialista en los cuerpos de seguridad en España, resaltó la importancia de trabajar en la mejora del servicio de la policía municipal, mediante la capacitación en temas como campo social, resolución de conflictos, mediación y trabajo en equipo con la ciudadanía.

Aldo Muñoz, integrante del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) planteó tener un nuevo modelo policial, observar las causas e índices de la inseguridad, estudiar la desigualdad, la desintegración social, la falta de legitimidad y respeto a la ley, así como, en buscar políticas públicas de prevención del delito, participación ciudadana y modernización del marco jurídico.

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