/ miércoles 26 de junio de 2019

Comerciantes populares de México piden ante la OEA se acabe la criminalización y se reconozca su trabajo legal

Más de 1500 asisten a la explanada de el monumento a la madre y escuchan en transmisión directa a Diana Sánchez barrios su participación en la OEA

Al menos 1 500 comerciantes populares se reunieron en ElMonumento a la Madre donde por circuito cerrado observaron la participación deDiana Sánchez Barrios, en la reunión de líderes en la Organización de EstadosAmericanos que se realiza en el país de Colombia, donde la líder social mexicana, exigió que se reconozca legal y socialmente como población trabajadora a todas las personas que se auto emplean en el sector informal. En particular, a quienes desarrollan sus actividades en el espacio público y que aportan a la comunidad.

“Trabajar no es un delito”, “Trabajar, trabajar, trabajar...”, se escuchó en esa concentración de vendedores populares quienes escucharon a Sanchez Barrios vía transmisión también exigir, ante tanto operativo policiaco y el trato como si fueran criminales que se firme un convenio con la OEA y la Comisión Interamericana deDerechos Humanos (CIDH); para que se realice un diagnóstico en el hemisferio sobre la precariedad y violencia hacia los trabajadores por cuenta propia y que se auto emplean en el espacio público.

La fundadora de Prodiana AC, Diana Sánchez Barrios, presentó este miércoles ante la Asamblea General de la Organización de los EstadosAmericanos, cinco recomendaciones para establecer un diagnóstico sobre el comercio popular en el espacio público en todo el hemisferio, así como el reconocimiento de los derechos y obligaciones de los comerciantes populares.

En voz de la coalición “Economía Inclusiva con JusticiaSocial” -integrada por asociaciones de los países Guatemala, Perú, Venezuela yMéxico- la defensora mexicana de los derechos humanos planteó:

1. La firma de un convenio con la OEA y la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (CIDH); para que se realice un diagnóstico en el hemisferio sobre la precariedad y violencia hacia los trabajadores por cuenta propia y que se auto emplean

en el espacio público.

2. Que un ombudsperson de la economía informal vigile en cada país que, los gobiernos implementen políticas públicas con una perspectiva de derechos humanos y se deroguen las leyes, reglamentos y determinaciones que criminalicen al comercio popular en el espacio público.

Avanzar en la creación de un instrumento legal que reconozca y garantice los derechos y obligaciones de los trabajadores por cuenta propia y de las personas que se auto emplean en el espacio público, reconociendo el trabajo no asalariado y regulando sus actividades que los encamine a la formalización.

Se diseñe un programa en materia fiscal y de pagos de impuestos dirigido a las y los trabajadores informales en el espacio público,acorde con los ingresos que reciben.

De ser aprobadas, las recomendaciones serán de carácter vinculante para todos los estados miembros. Sánchez Barrios, sostuvo que es impostergable la eliminación de políticas que criminalizan al sector que, enMéxico, tan solo durante el primer trimestre del 2019, aportó el 30% delProducto Interno Bruto del país.

“Como sabemos la tasa de informalidad laboral en América Latina y el Caribe llega al 47.7%, lo que indica que hay cerca de 140 millones de trabajadores en esas condiciones en la región, recordemos que ser informal es no estar cubiertos por leyes laborales,ni tampoco contar con seguridad social”, destacó.

La reunión de carácter internacional con sede en la ciudad deMedellín, en Colombia, durará hasta el próximo 28 de junio.

Este foro regional congrega a las representaciones de los países latinoamericanos que comparten similitudes en su nivel de desarrollo,problemas sociales y laborales, así como de Estados Unidos y Canadá, por lo que se trata de un espacio donde a través del diálogo político, la inclusión, la cooperación e instrumentos jurídicos, se puede trazar una hoja de ruta para que los gobiernos -como es el caso de México- dimension en el fenómeno social desde una perspectiva más amplia y basada en derechos humanos.

Al menos 1 500 comerciantes populares se reunieron en ElMonumento a la Madre donde por circuito cerrado observaron la participación deDiana Sánchez Barrios, en la reunión de líderes en la Organización de EstadosAmericanos que se realiza en el país de Colombia, donde la líder social mexicana, exigió que se reconozca legal y socialmente como población trabajadora a todas las personas que se auto emplean en el sector informal. En particular, a quienes desarrollan sus actividades en el espacio público y que aportan a la comunidad.

“Trabajar no es un delito”, “Trabajar, trabajar, trabajar...”, se escuchó en esa concentración de vendedores populares quienes escucharon a Sanchez Barrios vía transmisión también exigir, ante tanto operativo policiaco y el trato como si fueran criminales que se firme un convenio con la OEA y la Comisión Interamericana deDerechos Humanos (CIDH); para que se realice un diagnóstico en el hemisferio sobre la precariedad y violencia hacia los trabajadores por cuenta propia y que se auto emplean en el espacio público.

La fundadora de Prodiana AC, Diana Sánchez Barrios, presentó este miércoles ante la Asamblea General de la Organización de los EstadosAmericanos, cinco recomendaciones para establecer un diagnóstico sobre el comercio popular en el espacio público en todo el hemisferio, así como el reconocimiento de los derechos y obligaciones de los comerciantes populares.

En voz de la coalición “Economía Inclusiva con JusticiaSocial” -integrada por asociaciones de los países Guatemala, Perú, Venezuela yMéxico- la defensora mexicana de los derechos humanos planteó:

1. La firma de un convenio con la OEA y la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (CIDH); para que se realice un diagnóstico en el hemisferio sobre la precariedad y violencia hacia los trabajadores por cuenta propia y que se auto emplean

en el espacio público.

2. Que un ombudsperson de la economía informal vigile en cada país que, los gobiernos implementen políticas públicas con una perspectiva de derechos humanos y se deroguen las leyes, reglamentos y determinaciones que criminalicen al comercio popular en el espacio público.

Avanzar en la creación de un instrumento legal que reconozca y garantice los derechos y obligaciones de los trabajadores por cuenta propia y de las personas que se auto emplean en el espacio público, reconociendo el trabajo no asalariado y regulando sus actividades que los encamine a la formalización.

Se diseñe un programa en materia fiscal y de pagos de impuestos dirigido a las y los trabajadores informales en el espacio público,acorde con los ingresos que reciben.

De ser aprobadas, las recomendaciones serán de carácter vinculante para todos los estados miembros. Sánchez Barrios, sostuvo que es impostergable la eliminación de políticas que criminalizan al sector que, enMéxico, tan solo durante el primer trimestre del 2019, aportó el 30% delProducto Interno Bruto del país.

“Como sabemos la tasa de informalidad laboral en América Latina y el Caribe llega al 47.7%, lo que indica que hay cerca de 140 millones de trabajadores en esas condiciones en la región, recordemos que ser informal es no estar cubiertos por leyes laborales,ni tampoco contar con seguridad social”, destacó.

La reunión de carácter internacional con sede en la ciudad deMedellín, en Colombia, durará hasta el próximo 28 de junio.

Este foro regional congrega a las representaciones de los países latinoamericanos que comparten similitudes en su nivel de desarrollo,problemas sociales y laborales, así como de Estados Unidos y Canadá, por lo que se trata de un espacio donde a través del diálogo político, la inclusión, la cooperación e instrumentos jurídicos, se puede trazar una hoja de ruta para que los gobiernos -como es el caso de México- dimension en el fenómeno social desde una perspectiva más amplia y basada en derechos humanos.

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