/ martes 8 de marzo de 2022

Rechaza Ricardo Rubio acusación de violencia política contra Martha Ávila

El panista asegura que no fue notificado por el IECM sobre proceso sancionador en su contra

El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso capitalino, Ricardo Rubio Torres, rechazó haber ejercido violencia política de género contra la responsable de la diputación de Morena, Martha Ávila Ventura y, ante una supuesta resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), consideró que los morenistas tienen información privilegiada.

“No he sido el único acusado de violencia de género y, todo esto se trata de una guerra sucia y modus operandi para encubrir el escueto y deficiente trabajo de Morena en el Congreso local, distraer la atención de los temas importantes que he denunciado como corrupción, desvío de recursos y violación de diversas leyes, así como encubrir a compañeros de bancada acusados de agresiones sexuales, entre otros”, declaró el diputado panista.

En un escrito en el que aclaró no ha recibido alguna notificación por parte del órgano electoral por la denuncia que en su contra puso la legisladora Ávila Ventura y, por lo tanto, no tiene conocimiento de algún supuesto proceso sancionador hacia su persona, declaró: “es absolutamente falso que yo haya ejercido violencia política de género”.

Recordó que, a nombre de Martha Ávila, la representante ante el IECM de Morena, Yuriri Ayala Zuñiga, “presentó una solicitud de inicio de procedimiento especial sancionador argumentando una supuesta violencia política de género, organismo que ya resolvió mediante acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2021, que nunca existió tal conducta por falta de pruebas”.

Agregó que “lo más importante, es que, al día de hoy, no he sido notificado de ninguna resolución en mi contra, lo cual significaría que Morena tiene información privilegiada y de carácter reservado, así como que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, estaría obrando fuera de la ley y en contubernio con dicho partido político”.

Rubio Torres hizo notar que, si eso es así, la resolución o el acuerdo de inicio de procedimiento que se ha hecho público por medios de prensa y redes sociales, sería violatorio “tanto de mi derecho a la presunción de inocencia como del debido proceso consagrados en los artículos 14,16 y 20 apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que el Instituto Electoral estaría actuando con dolo y prevaricación, esto es, a sabiendas de que no tienen facultades, estarían actuando en mi perjuicio y violando mis derechos tanto procesales como las leyes de transparencia en materia de información personal, reservada y confidencial ya que yo no he dado mi consentimiento para que se hagan públicos mis datos personales”.

La bancada de Morena en el Congreso difundió el pasado 4 marzo que el IECM ya había resuelto sobre el procedimiento especial sancionador, a lo que el representante popular de Acción Nacional expuso que no tiene conocimiento de ello.

“Si esta resolución o acuerdo de inicio de procedimiento resulta ser cierta, actuaré en consecuencia contra quienes resulten responsables, incluyendo al propio Instituto Electoral de la Ciudad de México que tanto dinero nos cuesta y que se supone debe estar integrado por expertos en materia electoral. Por tanto, deberían saber que la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, ha señalado en diversos precedentes que los Institutos Electorales locales no cuentan con facultades para sancionar a legisladores en materia de violencia política de género, tales como los ubicables en los juicios resueltos en los expedientes públicos SUP-REC-594/2019 y SUP-REP-158/2020 siendo únicamente los comités de ética de cada parlamento los que cuentan con atribuciones para actuar en consecuencia. Por tanto, acudiré a las instancias correspondientes nacionales o internacionales", remató.

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Dejó en claro que nunca he violentado a una mujer y que su vida está rodeada de mujeres maravillosas a quienes le enseñaron a respetar y valorar. “De no ser así, no hubiera sido uno de los legisladores más votados en la capital del país.

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El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso capitalino, Ricardo Rubio Torres, rechazó haber ejercido violencia política de género contra la responsable de la diputación de Morena, Martha Ávila Ventura y, ante una supuesta resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), consideró que los morenistas tienen información privilegiada.

“No he sido el único acusado de violencia de género y, todo esto se trata de una guerra sucia y modus operandi para encubrir el escueto y deficiente trabajo de Morena en el Congreso local, distraer la atención de los temas importantes que he denunciado como corrupción, desvío de recursos y violación de diversas leyes, así como encubrir a compañeros de bancada acusados de agresiones sexuales, entre otros”, declaró el diputado panista.

En un escrito en el que aclaró no ha recibido alguna notificación por parte del órgano electoral por la denuncia que en su contra puso la legisladora Ávila Ventura y, por lo tanto, no tiene conocimiento de algún supuesto proceso sancionador hacia su persona, declaró: “es absolutamente falso que yo haya ejercido violencia política de género”.

Recordó que, a nombre de Martha Ávila, la representante ante el IECM de Morena, Yuriri Ayala Zuñiga, “presentó una solicitud de inicio de procedimiento especial sancionador argumentando una supuesta violencia política de género, organismo que ya resolvió mediante acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2021, que nunca existió tal conducta por falta de pruebas”.

Agregó que “lo más importante, es que, al día de hoy, no he sido notificado de ninguna resolución en mi contra, lo cual significaría que Morena tiene información privilegiada y de carácter reservado, así como que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, estaría obrando fuera de la ley y en contubernio con dicho partido político”.

Rubio Torres hizo notar que, si eso es así, la resolución o el acuerdo de inicio de procedimiento que se ha hecho público por medios de prensa y redes sociales, sería violatorio “tanto de mi derecho a la presunción de inocencia como del debido proceso consagrados en los artículos 14,16 y 20 apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que el Instituto Electoral estaría actuando con dolo y prevaricación, esto es, a sabiendas de que no tienen facultades, estarían actuando en mi perjuicio y violando mis derechos tanto procesales como las leyes de transparencia en materia de información personal, reservada y confidencial ya que yo no he dado mi consentimiento para que se hagan públicos mis datos personales”.

La bancada de Morena en el Congreso difundió el pasado 4 marzo que el IECM ya había resuelto sobre el procedimiento especial sancionador, a lo que el representante popular de Acción Nacional expuso que no tiene conocimiento de ello.

“Si esta resolución o acuerdo de inicio de procedimiento resulta ser cierta, actuaré en consecuencia contra quienes resulten responsables, incluyendo al propio Instituto Electoral de la Ciudad de México que tanto dinero nos cuesta y que se supone debe estar integrado por expertos en materia electoral. Por tanto, deberían saber que la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, ha señalado en diversos precedentes que los Institutos Electorales locales no cuentan con facultades para sancionar a legisladores en materia de violencia política de género, tales como los ubicables en los juicios resueltos en los expedientes públicos SUP-REC-594/2019 y SUP-REP-158/2020 siendo únicamente los comités de ética de cada parlamento los que cuentan con atribuciones para actuar en consecuencia. Por tanto, acudiré a las instancias correspondientes nacionales o internacionales", remató.

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