Para seguir avanzando en la recuperación económica, que ha sido puesta en riesgo por el incremento de contagios por Covid-19, es necesario enviar señales de confianza y certeza al mercado, basadas en precios estables de insumos básicos como el gas licuado.
Así lo señalaron la Coparmex Nacional y de la Ciudad de México ante la crisis que se generó por los topes a los precios del gas, que ocasión el cierre de estaciones de distribución en la zona metropolitana del Valle de México y otras entidades del centro del país, con el eventual riesgo de desabasto, encarecimiento y mercado negro.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) nacional expresó su preocupación por la intervención del Estado para establecer un tope máximo en el precio del gas LP, ya que esta decisión podría fomentar un mercado negro, generar desabasto y provocar alteraciones en el mercado.
“La medida, que impactaría positivamente al consumidor, pone en riesgo de quiebra a decenas de empresas que enfrentarían dificultades para operar con los montos fijados por la autoridad”, indicó el sindicato patronal al considerar que el proyecto presentado por la Comisión Regulatoria de Energía (CRE), aprobado fast track por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y publicado el mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), debió someterse a una consulta pública, pues implica afectaciones directas a la competitividad.
Coparmex Nacional reconoció la necesidad de dar una solución definitiva a los constantes incrementos en el precio del gas; sin embargo, consideró que las decisiones del Ejecutivo Federal, como la creación del Gas Bienestar y el tope de precios, no abonan a la competitividad que necesita la economía mexicana en estos momentos.
A su vez, el presidente de Coparmex CDMX, Armando Zúñiga Salinas hizo notar que ha faltado control y regulación en la actividad de los llamados “cilindreros”, quienes son los encargados de llevar el gas hasta la puerta de los hogares y los negocios.
Indicó que Coparmex CDMX se pronunció en contra de la informalidad y de los abusos, pero también de la toma de medidas apresuradas, sin tener alternativas consolidadas y se desconozcan los estudios de los órganos técnicos del Estado, como la Comisión Federal de Competencia (Cofece) que estaba por concluir el correspondiente al precio del gas licuado de petróleo.
Ambos organismos empresariales coincidieron en señalar que las fijaciones artificiales de precios provoca que empresas salgan del mercado, por lo consideraron que el gobierno debe rectificar la medida implementada, ante un riesgo latente de desabasto, lo que afectará al comercio, la industria y los hogares mexicanos.
El presidente de Coparmex CDMX, Armando Zúñiga advirtió que a la larga la intervención del Estado en el mercado del gas implicará transferencia de subsidios a la empresa de Pemex, que se ocupará de la distribución al menudeo del producto, lo que generará un hoyo más grande a las de por sí delicadas finanzas de la paraestatal.
Recordó que más del 40% del transporte concesionado en la Ciudad de México es movido por gas LP.
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