En los 13 centros de reclusión de la Ciudad de México se han registrado, del 6 de abril al 12 de julio, 40 mil casos positivos de Covid-19, así como 54 personas fallecidas y 73 casos activos. La población penitenciaria es de 26 mil 431 internos, informó la titular de la Secretaría de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez.En conferencia de prensa, la funcionaria detalló que del total de casos, 73 están en activo, mientras que en lo que va de la pandemia se han registrado 54 defunciones tanto de internos como de personal que labora en el sistema penitenciario de la capital.
“A la fecha son 73 positivos activos que representa el 0.27% del total de la población y también hay que decirlo que a la fecha han sucedido 54 de funciones que representa el 0.2% del total de la población”, expuso.
Agregó que se han realizado 4 mil 607 pruebas a las personas de nuevo ingreso para evitar contagios entre la población.
Señaló que adicionalmente permanecen los filtros, las labores de desinfección y la suspensión de la la visita familiar interreclusorios (desde en 2 de mayo) y el uso del cubrebocas obligatorio que ha permitido controlar la pandemia en el sistema penitenciario y evitar una tragedia.
“A partir del 18 de mayo se acordó el uso obligatorio y generalizado de cubrebocas reutilizable para todas las personas privadas de la libertad, a la fecha se han entregado en dos ocasiones este aditamento al 100% de la población penitenciaria, ahí si cumplen eh”, puntualizó.
Rodríguez Velázquez destacó que todas las medidas sanitarias implementadas en los centros de reclusión han permitido que solo el 3.9% del total de la población se haya infectado .
Las comisiones de Derechos Humanos capitalina y nacional hacen recorridos continuamente para supervisar las labores que se realizan, en los que participa el subsecretario del Sistema Penitenciario, para supervisar y certificar la atención que se brinda a las personas que por su condición son vulnerables ante la epidemia, así como las medidas adoptadas y las buenas prácticas, realizadas siempre en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos y con perspectiva de género.
Entre las medidas que se adoptaron para las visitas se encuentra el uso de llamadas entre personas privadas de la libertad y sus familiares, además de que no ingresan personas mayores a 60 años o embarazadas así como sólo dos familiares por interno.
Además fueron preliberadas 148 personas en reclusión y cinco más están por salir pues solo se espera que paguen la reparación del daño.
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