La dirigente nacional del PRD, Karen Quiroga Anguiano exigió la renuncia de la fiscal Ernestina Godoy por construcción de pruebas y hacer públicas la fotografías de los presuntos asesinos de la niña Fátima, ya que con ello se viola el debido proceso y se incurre en violaciones como la que pretende sancionar en la iniciativa que envió al Congreso.
“Las recientes actuaciones de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México han estado en total desapego a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de los protocolos de actuación y de los más elementales principios de justicia y seguridad jurídica”.
En entrevista Quiroga Anguiano, refirió que a principios de este mes Godoy presentó una iniciativa para adicionar el artículo 293 quater del Código Penal, en el cual se tipifica como delito que cualquier persona difunda publique o transmita imágenes, datos o videos de cadáveres de mujeres, situación que según su propio argumento afecta y genera miedo al delito.
“Ayer la Fiscalía presentó ante los medios de comunicación, fotografías de los presuntos responsables del feminicidio de la niña Fátima, si la iniciativa ya se hubiera aprobado ella sería responsable del delito que ella misma propuso sancionar, además de afectar el debido proceso”.
De acuerdo a la propuesta de reforma al Código Penal, por filtrar este tipo de información que trasgrede el debido proceso y genera miedo al delito, se aplicaría de dos a ocho años de prisión y a servidores públicos el castigo se elevaría a más de mitad, es decir, de cuatro a 16 años de prisión.
Respecto a la detención y puesta a disposición de las autoridades ministeriales de los dos probables responsables del feminicidio de Fátima por el delito de cohecho confió en que la autoridad no caiga en la tentación de querer fabricar culpables debido a la presión social y mediática que exige resolver el caso.
Al respecto Quiroga Anguiano consideró que se vislumbra un embrollo más para la Fiscalía, no sabemos si buscarán testimonios de policías y entregarán pruebas con la finalidad de decretar la retención legal con una carpeta bien integrada. “Lo que vemos es una cadena de errores que pueden generar impunidad”, agregó.
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