Debido a la situación económica que se vive en la metrópoli ante la emergencia sanitaria, que obliga a llevar a cabo ahorros para aplicar recursos en el sector salud, el Congreso local conminó al Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) a dar cumplimiento a la Ley de Austeridad respecto a la transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos.
Diputados de diversas fracciones parlamentarias, estuvieron de acuerdo en pedir a ese órgano electoral emitir de manera urgente, un programa genuino de austeridad, que involucre los salarios de magistraturas y de todos los servidores públicos que laboran en la instancia.
Fue la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México Donaji Olivera Reyes, quien fundamentó que conforme a la citada ley, ningún funcionario de la capital, incluidos los órganos autónomos, deben percibir un ingreso mayor al de la persona titular de la jefatura de gobierno, que es de 78 mil 364 pesos mensuales.
Aludió que los integrantes del pleno del Tribunal Electoral, reciben un salario bruto de 223 mil 911 pesos y neto de 152 mil 780, mientras que para la magistratura que lo preside es de 228 mil 48 pesos y de 155 mil 511 pesos.
La integrante de la bancada de Morena en el Legislativo local, hizo notar que el órgano electoral solicitó a los diputados un presupuesto para 2021 por 425 millones de pesos y se le aprobaron 255 millones 732 mil 590 pesos, a causa de la reducción aplicada por la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Refirió que su proposición avalada, tiene el objetivo de “sensibilizar a las magistraturas del Tribunal local; si las personas integrantes del pleno cumplieran a cabalidad la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio del Recurso de la Ciudad de México, representaría un ahorro de hasta cuatro millones 549 mil pesos, cantidad que pudiera ocuparse para otras actividades sustantivas de este órgano electoral”.
Olivera Reyes dijo que la función pública tiene el deber de ajustarse a la nueva realidad social, a favor de una sociedad más igualitaria y justa. “Todas las personas funcionarias públicas deben tener como principio ético y social aprender a vivir en la justa medianía, pero sobre todo a ser empáticos y recíprocos con esta ciudad”.
Al pronunciarse en contra de la propuesta, el diputado panista Diego Garrido López indicó que el exhorto va en contra de la autonomía del TECDMX y atenta el principio de división de poderes y este hecho ya es una cosa juzgada.
A su vez, la morenista Guadalupe Morales Rubio expuso que la materia juzgada es referente al recorte del presupuesto 2020 del Tribunal Electoral, mientras que la proposición tiene que ver con el presupuesto 2021 y el Congreso cuenta con la facultad de ratificarlo.
En su turno Ricardo Fuentes Gómez, de la diputación de Morena, señaló que la proposición es sólo un exhorto respetuoso referente a un ajuste salarial, no una instrucción, orden o imposición.
Por su parte, el diputado del PAN Jorge Triana Tena, respaldó la argumentación del diputado Garrido, y resaltó que el gobierno federal no ha cumplido con su plan de austeridad.
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