El derecho a vivir en familia es una garantía que otorga el Congreso de la Ciudad de México a niñas, niños y adolescentes en situación de abandono, al determinar diputados locales el establecer un marco normativo eficiente para el proceso de adopción.
Legisladores de todos los partidos representados en el Legislativo local, estuvieron de acuerdo en mejorar el marco jurídico del sistema de adopción en la capital del país, en beneficio de los menores de edad que han sido olvidados por familiares y, en ese sentido, la morenista Lilia Rossbach Suárez, sostuvo que se tiene una obligación como sociedad con los grupos vulnerables, como los infantes abandonados que son los más frágiles e indefensos.
Se determinó establecer medidas especiales de protección para que se acorte al menor tiempo posible la estancia de menores en lugares de acogida, sin poner en riesgo su seguridad y para que el DIF emita una ficha única de adopción en todas las entidades federativas.
Además, habrá una base de datos de niños en situación vulnerable que son susceptibles de adopción y de personas que tengan interés en adoptar.
Quedó decidido dar prioridad a la reinserción del menor a la familia de origen, ampliada en lo posible y como último recurso el acogimiento en Centros de Asistencia Social, además de un seguimiento cada seis meses en los siguientes tres años por parte de la Procuraduría de Protección una vez concluida la adopción.
Dentro del documento avalado, que se remitió a la jefatura de gobierno para su promulgación y divulgación, se plantea señalar, de forma clara, las conductas prohibidas con un marco que las sancione para evitar y combatir los abusos, trata o el lucro en el proceso de adopción, tanto por parte de privados como de funcionarios públicos.
Quedaron establecidos plazos máximos para los trámites de adopción, para hacer el proceso más ágil siempre con el lineamiento de garantizar el interés superior de la niñez.
Rossbach Suárez, quien promovió la iniciativa, fundamentó que es inconcebible que actualmente no se cuente con un marco jurídico fuerte que los proteja y por ello, es que se propuso, junto con la academia, autoridades públicas y organizaciones civiles, avanzar en garantizar sus derechos mediante normas claras y que el Estado vele por su aplicación.
Las reformas y adiciones se establecen a diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad de México; el Código civil para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.
Actualmente la ley no contempla una obligatoriedad para resguardar la información de origen de cualquier menor de edad en situación de abandono por lo que parte del proyecto de dictamen es la creación de un registro único para conservar y proteger de forma permanente la información de las y los menores y a través de dicho registro.
Fue el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la I Legislatura del Congreso, Eduardo Santillán Pérez, quien detalló que la iniciativa se convertirá en una de las reformas legales más importantes y significativas, porque reconoce y establece los mecanismos para garantizar el acceso de las niñas, niños y adolescentes de la metrópoli al derecho a contar con una familia.
La iniciativa contó en su momento con el apoyo de organizaciones sociales y el gobierno citadino, antes de ser dictaminada en las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Desarrollo de la Niñez.
En la reforma se contemplan prohibiciones específicas en materia de adopción con un catálogo de conductas para salvaguardar los derechos y la seguridad de los menores susceptibles de adopción, así como abreviar a 60 días prorrogables como máximo a 70 para resolver la situación legal del menor y reducir a 40 días hábiles el tiempo de certificados de idoneidad a las familias que quieran adoptar.
