/ sábado 9 de noviembre de 2019

Especificar para 2020 el presupuesto para infraestructura

Permitirá a la Auditoría Superior cumplir con la fiscalización: Xóchitl Gálvez

En términos de transparencia y rendición de cuentas es muy importante que el Congreso de la Ciudad de México, detalle con claridad, la inversión destinada a proyectos de infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos, en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020.

Planteó la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien destacó que hacer explícitos los montos y aplicación de estos recursos, permitirá a la Auditoría Superior de la CDMX cumplir con el mandato expreso que la Constitución capitalina le impone, para fiscalizar su ejecución.

Recordó que la Constitución establece la obligatoriedad “de destinar al menos el 22% del presupuesto de cada alcaldía a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos.

Prevé que esta inversión será gradual y creciente a partir del ejercicio del Presupuesto de Egresos de 2019, que era de 16%; en 2020 de 18%; en 2021 de 21% y en 2022 de 22%.

Hizo notar que en el Presupuesto de Egresos de 2019 no se establece explícitamente ni el 16% que obligatoriamente debía destinarse a tal efecto, como tampoco los proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios de cada demarcación territorial, lo que impide la revisión que al respecto lleva a cabo la Auditoria Superior de la CDMX.

Recordó que para el ejercicio fiscal 2019, el Decreto de Presupuesto de Egresos previo para las alcaldías un monto de 42 mil 818 millones 593 mil pesos, del cual debió destinarse el 16% a los proyectos mencionados.

Sin embargo, la propuesta de la senadora Xóchitl Gálvez para transparentar el uso de recursos públicos en la capital fue rechazada por la mayoría de Morena y partidos aliados en la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado.

Los legisladores consideraron ocioso e innecesario hacer un exhorto sobre una obligación que ya contempla la Constitución capitalina. El senador Emilio Álvarez Icaza destacó que la existencia de la norma escrita ha demostrado en muchas ocasiones no ser suficiente para asegurar su cumplimiento.

En términos de transparencia y rendición de cuentas es muy importante que el Congreso de la Ciudad de México, detalle con claridad, la inversión destinada a proyectos de infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos, en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020.

Planteó la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien destacó que hacer explícitos los montos y aplicación de estos recursos, permitirá a la Auditoría Superior de la CDMX cumplir con el mandato expreso que la Constitución capitalina le impone, para fiscalizar su ejecución.

Recordó que la Constitución establece la obligatoriedad “de destinar al menos el 22% del presupuesto de cada alcaldía a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos.

Prevé que esta inversión será gradual y creciente a partir del ejercicio del Presupuesto de Egresos de 2019, que era de 16%; en 2020 de 18%; en 2021 de 21% y en 2022 de 22%.

Hizo notar que en el Presupuesto de Egresos de 2019 no se establece explícitamente ni el 16% que obligatoriamente debía destinarse a tal efecto, como tampoco los proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios de cada demarcación territorial, lo que impide la revisión que al respecto lleva a cabo la Auditoria Superior de la CDMX.

Recordó que para el ejercicio fiscal 2019, el Decreto de Presupuesto de Egresos previo para las alcaldías un monto de 42 mil 818 millones 593 mil pesos, del cual debió destinarse el 16% a los proyectos mencionados.

Sin embargo, la propuesta de la senadora Xóchitl Gálvez para transparentar el uso de recursos públicos en la capital fue rechazada por la mayoría de Morena y partidos aliados en la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado.

Los legisladores consideraron ocioso e innecesario hacer un exhorto sobre una obligación que ya contempla la Constitución capitalina. El senador Emilio Álvarez Icaza destacó que la existencia de la norma escrita ha demostrado en muchas ocasiones no ser suficiente para asegurar su cumplimiento.

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