/ martes 20 de octubre de 2020

Envían diputados locales al Congreso de la Unión iniciativa de internet gratuito en todo el país

Los legisladores capitalinos consideraron oportuno remitir a los diputados de San Lázaro el dictamen que tuvo el consenso de la mayoría

Para garantizar el internet gratuito en todo el territorio nacional, de manera unánime, con 51 votos, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformar al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el documento correspondiente se envió a la Cámara de Diputados en espera de su aval.

Los legisladores capitalinos consideraron oportuno remitir a los diputados de San Lázaro el dictamen que tuvo el consenso de la mayoría, a fin de que analicen y estudien a fondo la reforma que maximiza el derecho a las tecnologías de la información y comunicación en la Constitución federal y, se dé la oportunidad a la Ciudad de México y a las demás entidades federativas, a que todos sus habitantes tengan acceso a internet sin cobro alguno.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del órgano legislativo local, Nazario Norberto Sánchez, fundamentó que se consideró atendible la propuesta, toda vez que “el internet en estos tiempos de Covid-19 ha sido de gran importancia para el desarrollo del país con relación a la nueva normalidad en casi todos los ámbitos”.

Un ejemplo de la necesidad de esta garantía, dijo, es la materia educativa, porque las clases a distancia se convirtieron en un nuevo reto tanto para los padres de familia, como para el gobierno de México y las administraciones de las entidades.

Se refirió a las barreras evidentes que deben derribarse para el acceso igualitario a la educación, tales como la falta de dispositivos para conectarse y de tutoría, la alfabetización con relación al uso de las tecnologías de la información y comunicación, principalmente la falta de internet.

Por otra parte, a fin de evitar abusos de comerciantes que aumenten irregularmente el precio de diversos productos, aún los de la canasta básica, por el pago de tarjetas bancarias, Norberto Sánchez presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para prohibir esta práctica a las empresas y establece sanciones desde 800 hasta 3 millones de pesos, según si son grandes, pequeños o medianos negocios.

La propuesta del legislador de Morena que se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico, adiciona el artículo 10 Ter y reforma el 128, ambos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se adiciona una fracción I al artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El diputado morenista destacó que, a partir del confinamiento por la epidemia, los comercios promovieron las compras en línea, pero algunos cobran a los cuentahabientes una comisión del 3 al 5 por ciento por el pago con tarjetas bancarias, es decir le transfieren el pago que el banco les cobra por utilizar el servicio de las terminales.

“Ello, es grave debido a que desincentiva el uso del dinero electrónico, haciendo creer a las personas que usar efectivo es más barato y aumenta la vulnerabilidad ante delitos como robos tanto para los consumidores como para las empresas”, destacó.

Aludió que esta no es una práctica nueva, porque se lleva a cabo desde hace algunos años en supermercados, empresas de zapatos, restaurantes, farmacias, hospitales, entre otros.

Para garantizar el internet gratuito en todo el territorio nacional, de manera unánime, con 51 votos, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformar al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el documento correspondiente se envió a la Cámara de Diputados en espera de su aval.

Los legisladores capitalinos consideraron oportuno remitir a los diputados de San Lázaro el dictamen que tuvo el consenso de la mayoría, a fin de que analicen y estudien a fondo la reforma que maximiza el derecho a las tecnologías de la información y comunicación en la Constitución federal y, se dé la oportunidad a la Ciudad de México y a las demás entidades federativas, a que todos sus habitantes tengan acceso a internet sin cobro alguno.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del órgano legislativo local, Nazario Norberto Sánchez, fundamentó que se consideró atendible la propuesta, toda vez que “el internet en estos tiempos de Covid-19 ha sido de gran importancia para el desarrollo del país con relación a la nueva normalidad en casi todos los ámbitos”.

Un ejemplo de la necesidad de esta garantía, dijo, es la materia educativa, porque las clases a distancia se convirtieron en un nuevo reto tanto para los padres de familia, como para el gobierno de México y las administraciones de las entidades.

Se refirió a las barreras evidentes que deben derribarse para el acceso igualitario a la educación, tales como la falta de dispositivos para conectarse y de tutoría, la alfabetización con relación al uso de las tecnologías de la información y comunicación, principalmente la falta de internet.

Por otra parte, a fin de evitar abusos de comerciantes que aumenten irregularmente el precio de diversos productos, aún los de la canasta básica, por el pago de tarjetas bancarias, Norberto Sánchez presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para prohibir esta práctica a las empresas y establece sanciones desde 800 hasta 3 millones de pesos, según si son grandes, pequeños o medianos negocios.

La propuesta del legislador de Morena que se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico, adiciona el artículo 10 Ter y reforma el 128, ambos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se adiciona una fracción I al artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El diputado morenista destacó que, a partir del confinamiento por la epidemia, los comercios promovieron las compras en línea, pero algunos cobran a los cuentahabientes una comisión del 3 al 5 por ciento por el pago con tarjetas bancarias, es decir le transfieren el pago que el banco les cobra por utilizar el servicio de las terminales.

“Ello, es grave debido a que desincentiva el uso del dinero electrónico, haciendo creer a las personas que usar efectivo es más barato y aumenta la vulnerabilidad ante delitos como robos tanto para los consumidores como para las empresas”, destacó.

Aludió que esta no es una práctica nueva, porque se lleva a cabo desde hace algunos años en supermercados, empresas de zapatos, restaurantes, farmacias, hospitales, entre otros.

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