/ jueves 5 de noviembre de 2020

Ampliar protección de periodistas y defensores de derechos humanos

Con las amenazas, intimidación, agravios y desaparición de periodistas no sólo se les afecta a ellos sino a toda la sociedad, porque se atenta contra la libertad de expresión de la que debemos gozar todos

En tanto que la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México se pronunció por ciudadanizar el Sistema de Protección a Periodistas para que sea autónomo y, por ende, independiente del gobierno, el grupo parlamentario de Morena estuvo a favor de brindar asesoría y apoyo jurídico profesional a las instituciones, organismos y dependencias para el desarrollo de políticas y programas en materia de derechos humanos.

Fue el coordinador de la diputación panista, Mauricio Tabe Echartea, quien expuso que, para atender la exigencia del gremio periodístico de mayor protección ante amenazas, es preciso hacer reformas a la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal.

Al asegurar que “con las amenazas, intimidación, agravios y desaparición de periodistas no sólo se les afecta a ellos sino a toda la sociedad, porque se atenta contra la libertad de expresión de la que debemos gozar todos”, dijo que se tiene que dar mayor autonomía al Sistema de Protección a Periodistas y no sea un mecanismo dependiente y subordinado al Ejecutivo local, con el establecimiento de fórmulas para la integración de su junta de gobierno.

Señaló que las atribuciones de ese sistema son el prevenir la consumación de una amenaza y enfrentar riesgos o agresiones, a consecuencia del ejercicio de su profesión, así como solicitar a las autoridades el cumplimiento de su función tras alguna denuncia.

Se debe reorganizar el mecanismo de protección de derechos humanos, con la integración de la ciudadanía, dijo y expuso que “se elimina la excesiva carga gubernamental para que la protección no sea una concesión del gobierno, que esté fuera de intereses de funcionarios y sea una esfera de protección para este sector de la población”.

El panista estuvo a favor de elevar el perfil y la actuación de la Comisión de Derechos Humanos local en la junta de gobierno, reducir la participación de los órganos de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia, y que sea el Congreso local el que designe al director general del mecanismo de protección.

Por su parte, el diputado morenista Eleazar Rubio Aldarán, propuso ante el pleno del Congreso, en sesión ordinaria virtual, adicionar una fracción al artículo 15 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

El propósito es establecer la obligación del Sistema Integral de brindar asesoría y apoyo jurídico profesional a las instituciones, organismos y dependencias para el desarrollo de políticas y programas en materia de derechos humanos.

Mencionó que “existen casos en donde las autoridades por falta de conocimiento u omisión de la garantía de derechos llegan a cometer faltas contra la ciudadanía”, lo que se refleja en las grandes cantidades de quejas que se interponen.

Propuso que, entre las facultades del comité, se priorice la capacitación, asesoría y apoyo jurídico profesional para que este tipo de descuidos no se cometan.

En tanto que la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México se pronunció por ciudadanizar el Sistema de Protección a Periodistas para que sea autónomo y, por ende, independiente del gobierno, el grupo parlamentario de Morena estuvo a favor de brindar asesoría y apoyo jurídico profesional a las instituciones, organismos y dependencias para el desarrollo de políticas y programas en materia de derechos humanos.

Fue el coordinador de la diputación panista, Mauricio Tabe Echartea, quien expuso que, para atender la exigencia del gremio periodístico de mayor protección ante amenazas, es preciso hacer reformas a la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal.

Al asegurar que “con las amenazas, intimidación, agravios y desaparición de periodistas no sólo se les afecta a ellos sino a toda la sociedad, porque se atenta contra la libertad de expresión de la que debemos gozar todos”, dijo que se tiene que dar mayor autonomía al Sistema de Protección a Periodistas y no sea un mecanismo dependiente y subordinado al Ejecutivo local, con el establecimiento de fórmulas para la integración de su junta de gobierno.

Señaló que las atribuciones de ese sistema son el prevenir la consumación de una amenaza y enfrentar riesgos o agresiones, a consecuencia del ejercicio de su profesión, así como solicitar a las autoridades el cumplimiento de su función tras alguna denuncia.

Se debe reorganizar el mecanismo de protección de derechos humanos, con la integración de la ciudadanía, dijo y expuso que “se elimina la excesiva carga gubernamental para que la protección no sea una concesión del gobierno, que esté fuera de intereses de funcionarios y sea una esfera de protección para este sector de la población”.

El panista estuvo a favor de elevar el perfil y la actuación de la Comisión de Derechos Humanos local en la junta de gobierno, reducir la participación de los órganos de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia, y que sea el Congreso local el que designe al director general del mecanismo de protección.

Por su parte, el diputado morenista Eleazar Rubio Aldarán, propuso ante el pleno del Congreso, en sesión ordinaria virtual, adicionar una fracción al artículo 15 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

El propósito es establecer la obligación del Sistema Integral de brindar asesoría y apoyo jurídico profesional a las instituciones, organismos y dependencias para el desarrollo de políticas y programas en materia de derechos humanos.

Mencionó que “existen casos en donde las autoridades por falta de conocimiento u omisión de la garantía de derechos llegan a cometer faltas contra la ciudadanía”, lo que se refleja en las grandes cantidades de quejas que se interponen.

Propuso que, entre las facultades del comité, se priorice la capacitación, asesoría y apoyo jurídico profesional para que este tipo de descuidos no se cometan.