De manera más recurrente, en la capital del país grupos criminales emplean drones o equipos de videovigilancia para realizar robos, planear secuestros, extorsiones o cualquier otro delito, al obtener información y obtener ventaja sobre la víctima, situación que obliga a legislar para aplicar la pena de cárcel.
Al exponer lo anterior, el integrante de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Héctor Barrera Marmolejo, dijo que es preciso dotar de elementos al juzgador y tratar de inhibir o controlar el uso de estos aparatos y equipos en detrimento de la sociedad.
Durante la sesión ordinaria del órgano deliberativo, el diputado panista se refirió a la oleada masiva de asaltos a transeúntes y robos a casa-habitación en Coyoacán, a la vez que se pronunció por dar hasta seis años de cárcel a miembros de mafias que hagan uso de drones o equipos de videovigilancia para mapear domicilios y cometer atracos.
“Se debe considerar el aumento de las penas previstas en el artículo 224 del Código Penal del Distrito Federal, por tratarse de medios que dan ventaja, además de que requieren la realización de un esfuerzo y una planeación previa, con lo que se constituyen los supuestos de premeditación y alevosía”, detalló.
Barrera Marmolejo, al hacer uso de la tribuna del recinto de Donceles y Allende, insistió que los delincuentes han optado por esas herramientas de tecnología para obtener información privilegiada, ubicar personas, tomarles fotografías o video sin su consentimiento, así como de bienes muebles y el interior de domicilios particulares, bodegas o establecimientos, lo que los convierte en objetivos susceptibles de ser robados.
Aclaró que con su iniciativa no se pretende criminalizar esos aparatos, ni mucho menos los desarrollos tecnológicos o los equipos de videograbación.
Expuso que el objetivo específico, es poder dotar de herramientas al órgano jurisdiccional, para que al momento de que el juez estime las características y circunstancias de un delito, se cuente con los elementos probatorios suficientes para determinar que el uso de drones, bastones extensores para celular o cualquier otro equipo de videovigilancia, sea elemento de prueba.
