La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, celebró el Acto de Reconocimiento Institucional de Responsabilidad, por parte de autoridades de las Secretarías de Gobierno, de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), y de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Venustiano Carranza, en retiros forzados de personas en situación de calle.
Los hechos dieron origen a la Recomendación 15/2018 de CDHCM, relativa a la criminalización y retiros forzados de 76 personas en situación de calle.
Las autoridades se comprometieron a adoptar medidas de no repetición, así como evitar actos de autoridad en contra de quienes viven o transitan por la capital del país, tras esos hechos cometidos entre los años 2012 y 2017 por una limitada coordinación interinstitucional que había en el pasado, señalaron.
En lo que citó como ‘un ejercicio de voluntad hacia la no repetición de violaciones a derechos humanos’, recordó que las acciones de criminalización y retiros forzados en contra de personas en diversas situaciones de calle fueron adjudicados a autoridades de las entonces Procuraduría General de Justicia, las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Desarrollo Social, y las Delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza; así como a las Secretarías de Salud y de Gobierno.
El acto público, alertó la Defensora, es solo un paso para restaurar el tejido social roto, la confianza entre la población y las instituciones del Estado, pero sobre todo, para atender a las 76 víctimas involucradas en los cinco retiros forzados.
Refrió que, aunque no han podido llevarse a cabo todas las medidas de reparación integral del daño, por desconocer el paradero de las víctimas, sí pueden emprenderse acciones para que no vuelvan a ocurrir violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de calle.
Las medidas de no repetición implican, detalló, un profundo respeto por el proceso que han padecido las víctimas, y el respeto a su dignidad: “Implican, sobre todo, un compromiso de las instituciones en su conjunto por modificar las condiciones estructurales que permiten o dan pie a que sucedan hechos como los documentados”.
El proceso conjunto que las autoridades deben recorrer pasa necesariamente por el de un enfoque de garantía de derechos, a partir del cual las personas en situación de calle puedan ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos que les afectan.
Esta nueva dinámica entre el Gobierno y la ciudadanía más invisibilizada y casi despojada de personalidad jurídica y social, advirtió, será posible con la observancia del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México, que fortalece la coordinación interinstitucional para su cumplimiento.
Por su parte, la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), Almudena Ocejo Rojo, dijo que, una vez que acepta la responsabilidad para atender la Recomendación 15/2018 de la CDHCM, el Gobierno de la Ciudad de México ha adoptado medidas para la no repetición de las violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de calle en la capital del país.
Para remontar la limitada coordinación interinstitucional anterior a la gestión que encabeza hoy la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias cumple con el mandato constitucional de fortalecer las condiciones para el ejercicio de los derechos para el desarrollo de las capacidades y libertades de las personas que viven en esa condición.
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Además del Modelo de las 4 ‘A’ de la Inclusión Social (Acercamiento, Atención, Activación y Acompañamiento), la definición y coordinación de acciones entre Alcaldías y otras autoridades se rigen a través del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas que Viven en Situación de Calle, publicado en marzo de 2020.
A su vez, el Subsecretario de Gobierno, Efraín Morales López, reiteró el compromiso de la actual administración capitalina para reforzar las acciones necesarias para cumplir con los puntos recomendatorios, y sobre todo para profundizar en la sensibilización de los funcionarios públicos con respecto a la situación de las personas en situación de calle, así como para el efectivo ejercicio de todos sus derechos, sin exclusión, y bajo los principios de Igualdad y de No Discriminación.
En su intervención, el Director General Jurídico y de Servicios Legales de la Alcaldía Cuauhtémoc, Adolfo Román Montero, reconoció que el contenido de la Recomendación 15/2018 es la piedra angular para que autoridades e instituciones de la Ciudad de México rechacen todo acto de discriminación y exclusión sobre el ejercicio de los derechos de este grupo de atención prioritaria.
El Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Coyoacán, José Cristopher López Olguín, reconoció los hechos que dieron origen a la investigación sustentada en la Recomendación 15/2018, en el punto de calle conocido como Curva de Puerto Rico.
Se comprometió también a observar el citado Protocolo, con el fin de que las condiciones de discriminación institucional y de exclusión social de las personas en situación de calle se reviertan a través de las acciones necesarias para el ejercicio de sus derechos.
Igualmente el Director General de Desarrollo Social de la Alcaldía Venustiano Carranza, Marco Polo Carballo Calva, aceptó la responsabilidad por la criminalización y retiros forzados en contra de personas en situación de calle, como quedó demostrado en la Recomendación 15/2018.
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