Ciudad de México.- Ante la emergencia sanitaria por Covid-19 y el cambio en la dinámica social que ha impuesto la “nueva normalidad”, es obligación del Estado garantizar la atención de la salud mental para garantizar integralmente el derecho a la salud de todos los mexicanos.
Así lo señaló la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) al considerar prioritario reformar la Ley General de Salud en materia de servicios de salud mental, que se encuentra pendiente de discusión, y donde es indispensable ponderar los principios a la dignidad, accesibilidad, no discriminación, autonomía, independencia, inclusión y participación efectiva de las personas.
Destacó que las diversas propuestas legislativas para reformar y adicionar la Ley General de Salud que se encuentran pendientes de discusión; debe partir del ejercicio del derecho a la consulta de las personas expertas y personas con discapacidad psicosocial o condiciones de salud mental establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y busquen garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades, acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unida.
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la CDHCM destacó que este año, la conmemoración del 10 de octubre se da en un contexto donde las medidas de distanciamiento social que han tenido impacto en las relaciones familiares, laborales y en general en todo el entorno de las personas, generando estados de salud mental que requieren atención y acompañamiento.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) subrayó que, de cara a la nueva normalidad, frente a la continuidad de las medidas de distanciamiento, es necesario construir estrategias desde el modelo social de discapacidad y con enfoque de derechos humanos, que atiendan de forma multidisciplinaria e integralmente la salud mental. En este sentido, es necesario erradicar la institucionalización psiquiátrica y favorecer esquemas que impulsen el derecho a la vida independiente e inclusión en la comunidad.
Indicó que la emergencia sanitaria de COVID-19 ha trastocado la vida de todas las personas, afectando de forma pronunciada a quienes pertenecen ya sea a grupos de atención prioritaria o a los denominados de riesgo.
En algunos casos pueden surgir afectaciones en la salud mental en personas que no las habían presentado, o acentuarse las ya existentes en personas con discapacidad psicosocial. Según datos de INEGI, en 2014 había 7.1 millones de personas con discapacidad en México, de las cuales 5.8% están en la Ciudad de México; de esta población, 2 de cada 10 personas tienen discapacidad psicosocial.
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