/ miércoles 17 de agosto de 2022

Asegura FGJ equipo de cómputo relacionado con Cártel Inmobiliario

De acuerdo con el vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, las indagatorias contra empresarios y exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez avanzan, ya que se han aportado pruebas de gran valor

La investigación contra empresarios y exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez presuntamente relacionados con actos de corrupción, conflicto de interés y enriquecimiento ilícito por la construcción de inmuebles, continúa en proceso, informó el vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ulises Lara.

El funcionario dio a conocer que la investigación del llamado Cártel Inmobiliario avanza, ya que diversos elementos de gran valor han sido aportados a las indagatorias, “a partir de la información recabada por los elementos de la Policía de Investigación, quienes lograron asegurar equipo de cómputo producto de las diligencias de cateo realizadas a un total de 42 inmuebles”.

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Asimismo, reconoció que existen denuncias e información que han aportado “gran cantidad de vecinas y vecinos”, presuntamente afectados por las prácticas en las que incurrieron los empresarios y exservidores públicos.

“En la medida en que avanzan las indagatorias, ha surgido diversa información que puede dar pie a nuevas líneas de investigación. Tan es así, que hemos descubierto más relaciones, probablemente orientadas al enriquecimiento ilícito y al uso indebido del servicio público, entre empresarios dedicados al sector de bienes raíces y exfuncionarios de la alcaldía”, comentó Lara.

Dentro de la información recabada, se hallaron distintas sociedades que probablemente constituyan un conflicto de intereses, lo que pudo propiciar quebrantar las facultades legales de la administración pública local.

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A la investigación “se han integrado más inmuebles que guardan algún tipo de relación con los exservidores públicos investigados, ya sea en su construcción, propiedad, comercialización u otro tipo de usufructo como el arrendamiento”, agregó.

El vocero explicó que el común denominador de esos inmuebles es la posible irregularidad con la que se autorizaron permisos para ser habitados o construidos, por lo que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México envió recomendaciones en 2014 y subsecuentes años a los titulares de las entonces delegaciones.

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Lara mencionó el caso de la calle “José María Ibarragán, en San José Insurgentes. El programa de Desarrollo Urbano Delegacional permite un máximo de tres niveles, pero hay construcciones que cuentan con cuatro niveles”.

También se refirió a la calle San Francisco, en Actipan, donde se permite un máximo de cuatro niveles, pero cuenta con seis de construcción, o bien el caso de calle Capuchinas, en San José Insurgentes, donde se avalan hasta tres niveles, y hay edificaciones que cuentan con seis de construcción.

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La investigación contra empresarios y exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez presuntamente relacionados con actos de corrupción, conflicto de interés y enriquecimiento ilícito por la construcción de inmuebles, continúa en proceso, informó el vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ulises Lara.

El funcionario dio a conocer que la investigación del llamado Cártel Inmobiliario avanza, ya que diversos elementos de gran valor han sido aportados a las indagatorias, “a partir de la información recabada por los elementos de la Policía de Investigación, quienes lograron asegurar equipo de cómputo producto de las diligencias de cateo realizadas a un total de 42 inmuebles”.

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Asimismo, reconoció que existen denuncias e información que han aportado “gran cantidad de vecinas y vecinos”, presuntamente afectados por las prácticas en las que incurrieron los empresarios y exservidores públicos.

“En la medida en que avanzan las indagatorias, ha surgido diversa información que puede dar pie a nuevas líneas de investigación. Tan es así, que hemos descubierto más relaciones, probablemente orientadas al enriquecimiento ilícito y al uso indebido del servicio público, entre empresarios dedicados al sector de bienes raíces y exfuncionarios de la alcaldía”, comentó Lara.

Dentro de la información recabada, se hallaron distintas sociedades que probablemente constituyan un conflicto de intereses, lo que pudo propiciar quebrantar las facultades legales de la administración pública local.

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A la investigación “se han integrado más inmuebles que guardan algún tipo de relación con los exservidores públicos investigados, ya sea en su construcción, propiedad, comercialización u otro tipo de usufructo como el arrendamiento”, agregó.

El vocero explicó que el común denominador de esos inmuebles es la posible irregularidad con la que se autorizaron permisos para ser habitados o construidos, por lo que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México envió recomendaciones en 2014 y subsecuentes años a los titulares de las entonces delegaciones.

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Lara mencionó el caso de la calle “José María Ibarragán, en San José Insurgentes. El programa de Desarrollo Urbano Delegacional permite un máximo de tres niveles, pero hay construcciones que cuentan con cuatro niveles”.

También se refirió a la calle San Francisco, en Actipan, donde se permite un máximo de cuatro niveles, pero cuenta con seis de construcción, o bien el caso de calle Capuchinas, en San José Insurgentes, donde se avalan hasta tres niveles, y hay edificaciones que cuentan con seis de construcción.

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