/ martes 16 de junio de 2020

Aprueban en Congreso local Programa General de Auditoria para ejercicio 2019

Legisladores de oposición cuestionaron que en la mayoría de las adquisiciones en la capital, se hagan sin licitaciones y vía adjudicación directa

Es preciso se ejecuten auditorías en tiempo real de las adquisiciones del gobierno capitalino con motivo de la crisis sanitaria por Covid-19, demandó el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe Echartea, quien aclaró que no es que se ponga en duda la honorabilidad de alguien, sino de prevenir corrupción.

Al exponer que a nadie de la administración citadina se le debe ocurrir tener tentación, pero de incurrir en falta que sea identificada tendrá que aplicarse el castigo correspondiente, consideró que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, “no tiene todos los ojos para ver cómo se comportan sus funcionarios públicos; es mejor enviar la señal clara de que cada peso que se gaste para esta emergencia sanitaria, será vigilado y sancionado cualquier funcionario que se quiera pasar de listo”.

Resulta que, en sesión virtual, la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México del Poder Legislativo local, aprobó por unanimidad el Programa General de Auditoría (PGA), correspondiente al ejercicio 2019, mismo que considera 194 auditorías.

El presidente de esa instancia legislativa, el morenista José Luis Rodríguez Díaz de León, refirió que el documento marca el inicio del proceso de revisión de la Cuenta Pública y establece los sujetos de fiscalización, en los cuales se realizarán diversos tipos de auditorías, los rubros o funciones de gasto que se revisarán.

Señaló que para todos los habitantes de la metrópoli es indispensable el acceso a la información de manera transparente, particularmente cuando se trata de recursos públicos que son destinados para la atención de emergencias, como la que se vive por el Covid-19.

El programa establece que la revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto determinar el resultado de la gestión financiera, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, además de revisar si el gasto fue congruente con las normatividades y disposiciones aplicables en el artículo 28 de la Ley de Fiscalización Superior.

Quedó asentado que el PGA se integra por 194 auditorías, de las cuales 68 son de carácter financiero, 71 financieras y de cumplimiento, 2 de cumplimiento, 3 de cumplimiento con Tecnologías de la Información, 20 de obra pública, 28 de desempeño y 2 de desempeño con enfoque ambiental.

Las auditorías se repartirán de la siguiente manera: 36 a dependencias, 80 a órganos político- administrativos (alcaldías), 19 a órganos desconcentrados y 42 a entidades) y 17 a los Poderes Legislativo y Judicial y Órganos Autónomos.

En el documento se indica que, debido a la contingencia sanitaria, el órgano de fiscalización apoyará en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para hacer factible el intercambio de información con la administración pública citadina, así como con los órganos de gobierno y autónomos, a fin de garantizar el cumplimiento de sus atribuciones dentro del plazo y marco legal aplicables.

Durante la sesión el panista Tabe Echartea fue quien dijo que es de garantizar que ningún funcionario público se salga con la suya al aprovechar la actual situación y además, “despejemos dudas sobre la corrupción que se cometa utilizando como pretexto la emergencia”.

Refrendó la importancia de prevenir actos de corrupción, ante la opción que se ha tomado de realizar adjudicaciones directas por la pandemia, a la vez que indicó que las auditorías en tiempo real sobre los procesos de adquisiciones y contrataciones ya se ejecutan en el estado de Sonora, incluso, a solicitud de la gobernadora Claudia Pavlovich, además de que en la Cámara de Diputados todos los grupos parlamentarios ya aprobaron esta propuesta.

Comentó que, en la capital del país, la mayor parte de adquisiciones se hacen sin licitación y por la vía de la adjudicación directa. “Hay que poner el ojo y la lupa sobre esos procesos para garantizar la absoluta transparencia y cuidando los recursos públicos”.

JLP

Es preciso se ejecuten auditorías en tiempo real de las adquisiciones del gobierno capitalino con motivo de la crisis sanitaria por Covid-19, demandó el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe Echartea, quien aclaró que no es que se ponga en duda la honorabilidad de alguien, sino de prevenir corrupción.

Al exponer que a nadie de la administración citadina se le debe ocurrir tener tentación, pero de incurrir en falta que sea identificada tendrá que aplicarse el castigo correspondiente, consideró que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, “no tiene todos los ojos para ver cómo se comportan sus funcionarios públicos; es mejor enviar la señal clara de que cada peso que se gaste para esta emergencia sanitaria, será vigilado y sancionado cualquier funcionario que se quiera pasar de listo”.

Resulta que, en sesión virtual, la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México del Poder Legislativo local, aprobó por unanimidad el Programa General de Auditoría (PGA), correspondiente al ejercicio 2019, mismo que considera 194 auditorías.

El presidente de esa instancia legislativa, el morenista José Luis Rodríguez Díaz de León, refirió que el documento marca el inicio del proceso de revisión de la Cuenta Pública y establece los sujetos de fiscalización, en los cuales se realizarán diversos tipos de auditorías, los rubros o funciones de gasto que se revisarán.

Señaló que para todos los habitantes de la metrópoli es indispensable el acceso a la información de manera transparente, particularmente cuando se trata de recursos públicos que son destinados para la atención de emergencias, como la que se vive por el Covid-19.

El programa establece que la revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto determinar el resultado de la gestión financiera, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, además de revisar si el gasto fue congruente con las normatividades y disposiciones aplicables en el artículo 28 de la Ley de Fiscalización Superior.

Quedó asentado que el PGA se integra por 194 auditorías, de las cuales 68 son de carácter financiero, 71 financieras y de cumplimiento, 2 de cumplimiento, 3 de cumplimiento con Tecnologías de la Información, 20 de obra pública, 28 de desempeño y 2 de desempeño con enfoque ambiental.

Las auditorías se repartirán de la siguiente manera: 36 a dependencias, 80 a órganos político- administrativos (alcaldías), 19 a órganos desconcentrados y 42 a entidades) y 17 a los Poderes Legislativo y Judicial y Órganos Autónomos.

En el documento se indica que, debido a la contingencia sanitaria, el órgano de fiscalización apoyará en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para hacer factible el intercambio de información con la administración pública citadina, así como con los órganos de gobierno y autónomos, a fin de garantizar el cumplimiento de sus atribuciones dentro del plazo y marco legal aplicables.

Durante la sesión el panista Tabe Echartea fue quien dijo que es de garantizar que ningún funcionario público se salga con la suya al aprovechar la actual situación y además, “despejemos dudas sobre la corrupción que se cometa utilizando como pretexto la emergencia”.

Refrendó la importancia de prevenir actos de corrupción, ante la opción que se ha tomado de realizar adjudicaciones directas por la pandemia, a la vez que indicó que las auditorías en tiempo real sobre los procesos de adquisiciones y contrataciones ya se ejecutan en el estado de Sonora, incluso, a solicitud de la gobernadora Claudia Pavlovich, además de que en la Cámara de Diputados todos los grupos parlamentarios ya aprobaron esta propuesta.

Comentó que, en la capital del país, la mayor parte de adquisiciones se hacen sin licitación y por la vía de la adjudicación directa. “Hay que poner el ojo y la lupa sobre esos procesos para garantizar la absoluta transparencia y cuidando los recursos públicos”.

JLP