/ martes 2 de noviembre de 2021

Analizarán diputados capitalinos regular ambulancias piratas

La diputada morenista estuvo a favor de sancionar económicamente a los propietarios de esas unidades, así como remitir éstas al depósito vehicular

Ante la proliferación de ambulancias privadas en la metrópoli, que en algunos casos es dudosa su procedencia al no contar con los requisitos correspondientes, la vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe Morales Rubio, promueve sean reguladas.

Al exponer que los tripulantes de esas unidades llegan a operar de forma irregular, con lo que se pone en riesgo la salud e integridad de los pacientes, además de que en muchos casos llegan a cobrar hasta siete mil 300 pesos por un traslado, reconoció que se tiene que legislar para que cumplan con una serie de normas y requisitos.

La diputada morenista estuvo a favor de sancionar económicamente a los propietarios de esas unidades, así como remitir éstas al depósito vehicular, de no contar con la documentación y permisos para ofrecer un servicio legal.

En su iniciativa, se expone la necesidad de adicionar un segundo párrafo al Artículo 50 de la Ley de Salud y una fracción XXIII al Artículo 251 de la Ley de Movilidad, ambas de la Ciudad de México.

Además, se propone que la Agencia de Protección Sanitaria (APS), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), diseñe e implemente un programa de verificación permanente en la vía pública, para verificar la correcta operación de dichas unidades móviles.

Morales Rubio insistió que, ante la forma de actuar de las denominadas ambulancias patito, que vulnera el derecho a la vida, a la salud y a la economía de las familias capitalinas, es necesario y urgente fortalecer la regulación para garantizar que quienes conduzcan esas unidades privadas cumplan con todas las normas y requisitos necesarios.

Expuso que los responsables del maneje de las ambulancias, están obligados a presentar el Aviso de Funcionamiento ante la Agencia de Protección Sanitaria del gobierno de la Ciudad de México y obtener el dictamen técnico emitido por dicho órgano.

Asimismo, obtener por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) las placas de circulación especiales para la circulación de ambulancias, así como cumplir con la presentación de solicitud por escrito y contar con el dictamen técnico anual vigente emitido por la Agencia de Protección Sanitaria, el cual se emite siempre y cuando se cumpla con la “Norma Oficial Mexicana NOM- 034-SSA3-2013, Regulación de servicios de salud. Atención prehospitalaria”.

También está el hecho de que se tiene que contar con las licencias tipo “E” para operar vehículos especializados, tales como ambulancias.

La legisladora, al fundamentar la iniciativa que se remitió a las Comisiones Unidas de Salud y Movilidad Sustentable para su análisis y discusión, dijo que la idea es que las ambulancias privadas cumplan con todas las normas y requisitos necesarios, tanto de la unidad que manejan como en la capacitación del personal, con el propósito de que se deje de lucrar con la salud de los habitantes de la urbe.

Consideró prudente establece una sanción de 500 a 680 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente (86.88 pesos mexicanos. Valor mensual es de 2 mil 641. 15 pesos) y se remitirá el vehículo al depósito vehicular, cuando no se tengan las placas correspondientes.

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Explicó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda tener cuatro ambulancias por cada 100 mil habitantes, en el caso de la metrópoli, hasta 2018, se tenía un reporte de 487, sin distinguir entre públicas y privadas, registradas con el número de placa de circulación y el tipo de servicio que brindan ante la SEMOVI.

“Durante los últimos años han proliferado ambulancias privadas que operan de forma irregular, poniendo en riesgo la salud y la integridad de los pacientes al no cumplir con todos los requisitos estipulados en la ley, y en muchos casos, llegan a cobrar hasta siete mil 300 pesos por un traslado. Y no acaba allí, sino que, en lugar de realizar el traslado hacia un hospital público, o el hospital más cercano, llevan a los pacientes a clínicas privadas en donde tienen arreglos para recibir cierta cantidad de dinero por el número de personas que trasladan”, denunció la representante del Distrito 10 de Venustiano Carranza.

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Ante la proliferación de ambulancias privadas en la metrópoli, que en algunos casos es dudosa su procedencia al no contar con los requisitos correspondientes, la vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe Morales Rubio, promueve sean reguladas.

Al exponer que los tripulantes de esas unidades llegan a operar de forma irregular, con lo que se pone en riesgo la salud e integridad de los pacientes, además de que en muchos casos llegan a cobrar hasta siete mil 300 pesos por un traslado, reconoció que se tiene que legislar para que cumplan con una serie de normas y requisitos.

La diputada morenista estuvo a favor de sancionar económicamente a los propietarios de esas unidades, así como remitir éstas al depósito vehicular, de no contar con la documentación y permisos para ofrecer un servicio legal.

En su iniciativa, se expone la necesidad de adicionar un segundo párrafo al Artículo 50 de la Ley de Salud y una fracción XXIII al Artículo 251 de la Ley de Movilidad, ambas de la Ciudad de México.

Además, se propone que la Agencia de Protección Sanitaria (APS), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), diseñe e implemente un programa de verificación permanente en la vía pública, para verificar la correcta operación de dichas unidades móviles.

Morales Rubio insistió que, ante la forma de actuar de las denominadas ambulancias patito, que vulnera el derecho a la vida, a la salud y a la economía de las familias capitalinas, es necesario y urgente fortalecer la regulación para garantizar que quienes conduzcan esas unidades privadas cumplan con todas las normas y requisitos necesarios.

Expuso que los responsables del maneje de las ambulancias, están obligados a presentar el Aviso de Funcionamiento ante la Agencia de Protección Sanitaria del gobierno de la Ciudad de México y obtener el dictamen técnico emitido por dicho órgano.

Asimismo, obtener por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) las placas de circulación especiales para la circulación de ambulancias, así como cumplir con la presentación de solicitud por escrito y contar con el dictamen técnico anual vigente emitido por la Agencia de Protección Sanitaria, el cual se emite siempre y cuando se cumpla con la “Norma Oficial Mexicana NOM- 034-SSA3-2013, Regulación de servicios de salud. Atención prehospitalaria”.

También está el hecho de que se tiene que contar con las licencias tipo “E” para operar vehículos especializados, tales como ambulancias.

La legisladora, al fundamentar la iniciativa que se remitió a las Comisiones Unidas de Salud y Movilidad Sustentable para su análisis y discusión, dijo que la idea es que las ambulancias privadas cumplan con todas las normas y requisitos necesarios, tanto de la unidad que manejan como en la capacitación del personal, con el propósito de que se deje de lucrar con la salud de los habitantes de la urbe.

Consideró prudente establece una sanción de 500 a 680 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente (86.88 pesos mexicanos. Valor mensual es de 2 mil 641. 15 pesos) y se remitirá el vehículo al depósito vehicular, cuando no se tengan las placas correspondientes.

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Explicó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda tener cuatro ambulancias por cada 100 mil habitantes, en el caso de la metrópoli, hasta 2018, se tenía un reporte de 487, sin distinguir entre públicas y privadas, registradas con el número de placa de circulación y el tipo de servicio que brindan ante la SEMOVI.

“Durante los últimos años han proliferado ambulancias privadas que operan de forma irregular, poniendo en riesgo la salud y la integridad de los pacientes al no cumplir con todos los requisitos estipulados en la ley, y en muchos casos, llegan a cobrar hasta siete mil 300 pesos por un traslado. Y no acaba allí, sino que, en lugar de realizar el traslado hacia un hospital público, o el hospital más cercano, llevan a los pacientes a clínicas privadas en donde tienen arreglos para recibir cierta cantidad de dinero por el número de personas que trasladan”, denunció la representante del Distrito 10 de Venustiano Carranza.

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