/ martes 27 de octubre de 2020

Analiza Congreso de la CDMX regulación de los Juzgados de Tutela  

El documento señala que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuita de calidad

La creación de la Ley procesal constitucional de la acción para la protección efectiva de las garantías en la capital del país, para garantizar los derechos humanos de la población, a través del funcionamiento de los Juzgados de Tutela, se analiza en el Congreso de la Ciudad de México y en la iniciativa, promovida por los diputados panistas Diego Garrido López y Christian Von Roehrich de la Isla, se reconoce la necesidad de que se cuente con mecanismos regulatorios para el correcto desempeño y control de la misma.

Dentro de la propuesta, se determina la organización de los Juzgados de Tutela, su competencia y el procedimiento para ejercitar la acción de protección efectiva de derechos, además de los supuestos de procedencia de la acción, las sentencias que deberán emitirse en un plazo no mayor de 10 días naturales y serán de inmediato cumplimiento para las autoridades de la Ciudad de México.

Fue Diego Garrido quien durante la sesión virtual del Legislativo, fundamentó que “así estamos dotando también de dientes a estos Juzgados de Tutela en todo su proceder”, al tiempo que indicó que para la Constitución local resultó trascendental establecer mecanismos de regulación en materia constitucional, para hacer efectivos y justiciables el conjunto de derechos que ésta establece; se definió la existencia de Juzgados de Tutela de derechos humanos, como un recurso efectivo, sencillo y rápido para garantizar su ejercicio y protección.

Al presentar formalmente la iniciativa dijo que actualmente en la ciudad ha cobrado fuerza y relevancia la configuración del derecho procesal constitucional local, el cual comprende el estudio de los distintos instrumentos a proteger, ya no a la Constitución federal sino a las constituciones de las entidades federativas y la salvaguarda de los derechos humanos en ellas consagradas.

Detalló que ya funcionan ese tipo de juzgados, pero sin una Ley Procesal adecuada para resolver los juicios que se ponen a su consideración.

Por otra parte, en la misma sesión, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso, Christian Von Roehrich de la Isla, propuso la primera ley que pretende regular el ciberespacio para así, proteger los intereses de los ciudadanos y mantener protegidas a los diversos órganos de gobierno de ataques cibernéticos y amenazas potenciales que pudiera ver afectada la función pública y patrimonio de particulares.

Aprovechó para agradecer a Jonathan Torres López, abogado e investigador mexicano, especialista en materia de ciberseguridad, la cooperación en el desarrollo de la iniciativa presentada.

Para el panista es necesario “garantizar la seguridad cibernética de las instituciones gubernamentales, ya que es un asunto de interés público que no puede postergarse más, y es, el Congreso de la Ciudad de México”.

Explicó que, dentro de la propuesta, destaca la implementación de la Oficina de Ciberseguridad; la Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética; el contemplar la cooperación nacional e internacional, la cual deberá atender el gobierno y, el crear los delitos de ciber ataque y falsificación de firma digital.

Una vez que indicara que la legislación tiene la finalidad de garantizar la seguridad cibernética en la capital, mencionó que la misma contaría con once títulos, integrados por 71 artículos que contemplan la estructura orgánica gubernamental que se deberá conformar a partir del momento de su promulgación.


La creación de la Ley procesal constitucional de la acción para la protección efectiva de las garantías en la capital del país, para garantizar los derechos humanos de la población, a través del funcionamiento de los Juzgados de Tutela, se analiza en el Congreso de la Ciudad de México y en la iniciativa, promovida por los diputados panistas Diego Garrido López y Christian Von Roehrich de la Isla, se reconoce la necesidad de que se cuente con mecanismos regulatorios para el correcto desempeño y control de la misma.

Dentro de la propuesta, se determina la organización de los Juzgados de Tutela, su competencia y el procedimiento para ejercitar la acción de protección efectiva de derechos, además de los supuestos de procedencia de la acción, las sentencias que deberán emitirse en un plazo no mayor de 10 días naturales y serán de inmediato cumplimiento para las autoridades de la Ciudad de México.

Fue Diego Garrido quien durante la sesión virtual del Legislativo, fundamentó que “así estamos dotando también de dientes a estos Juzgados de Tutela en todo su proceder”, al tiempo que indicó que para la Constitución local resultó trascendental establecer mecanismos de regulación en materia constitucional, para hacer efectivos y justiciables el conjunto de derechos que ésta establece; se definió la existencia de Juzgados de Tutela de derechos humanos, como un recurso efectivo, sencillo y rápido para garantizar su ejercicio y protección.

Al presentar formalmente la iniciativa dijo que actualmente en la ciudad ha cobrado fuerza y relevancia la configuración del derecho procesal constitucional local, el cual comprende el estudio de los distintos instrumentos a proteger, ya no a la Constitución federal sino a las constituciones de las entidades federativas y la salvaguarda de los derechos humanos en ellas consagradas.

Detalló que ya funcionan ese tipo de juzgados, pero sin una Ley Procesal adecuada para resolver los juicios que se ponen a su consideración.

Por otra parte, en la misma sesión, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso, Christian Von Roehrich de la Isla, propuso la primera ley que pretende regular el ciberespacio para así, proteger los intereses de los ciudadanos y mantener protegidas a los diversos órganos de gobierno de ataques cibernéticos y amenazas potenciales que pudiera ver afectada la función pública y patrimonio de particulares.

Aprovechó para agradecer a Jonathan Torres López, abogado e investigador mexicano, especialista en materia de ciberseguridad, la cooperación en el desarrollo de la iniciativa presentada.

Para el panista es necesario “garantizar la seguridad cibernética de las instituciones gubernamentales, ya que es un asunto de interés público que no puede postergarse más, y es, el Congreso de la Ciudad de México”.

Explicó que, dentro de la propuesta, destaca la implementación de la Oficina de Ciberseguridad; la Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética; el contemplar la cooperación nacional e internacional, la cual deberá atender el gobierno y, el crear los delitos de ciber ataque y falsificación de firma digital.

Una vez que indicara que la legislación tiene la finalidad de garantizar la seguridad cibernética en la capital, mencionó que la misma contaría con once títulos, integrados por 71 artículos que contemplan la estructura orgánica gubernamental que se deberá conformar a partir del momento de su promulgación.