Por lo menos un millón 300 mil comerciantes en el espacio público, están en peligro de someterlos penalmente y hasta encarcelarlos si se aprueba en el Congreso este martes una ley que regula las actividades de las personas no asalariadas.
Al menos 30 representantes de los comerciantes en conferencia de prensa coincidieron en señalar que si llegara aprobar esta iniciativa, además de las acciones jurídicas que ya están preparando para revocarla, saldrán a las calles en manifestaciones y plantones permanentes además del ciberactivismo para dar a conocer al pueblo como los legisladores de Morena se “pasan por el arco del triunfo” las más de 42 mil firma de ciudadano que amparan la Ley Chambeando Ando como preferente.
La luchadora social Diana Sánchez Barrios, enfatizó que los representantes populares como Norberto Nazario Sánchez en busca de su postulación para algún cargo político en las próximas elecciones, no les importa sacrificar los ingresos y modo de vida de más de un millón 300 mil personas que se dedican al comercio popular para quedar bien con la Jefa de Gobierno.
Por lo menos 30 dirigentes de la organización Movimiento por los Derechos Constitucionales del Comerciante Popular y del NO asalariado como Miguel Ángel Huerta, León Enrique Esparza y Francisco Padilla coincidieron en señalar que el gobierno de la capital busca acciones para desaparecer el comercio popular, aun cuando Organización Internacional del Trabajo, cataloga esta actividad como el salvavidas de las economías en mucho países y ahora, “cuando menos trabajos hay en la capital y el resto del país y más gente tiene que auto emplearse en lo que pueda para sobrevivir”, recalcó.
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Los representantes recalcaron que las y los comerciantes en el espacio público también quieren seguridad, calles limpias y movilidad, pero, al menos que se les garantice la posibilidad de trabajar por un mínimo vital.
Recalcó que el dictamen que se aprobaría esta semana no recupera la esencia de su iniciativa de ley ciudadana, popularmente conocida como Ley Chambeando Ando, ya que no rescata un enfoque de derechos; no ofrece un catálogo de obligaciones y tampoco establece mecanismos de transparencia en el otorgamiento de autorizaciones.
Asimismo, envió un mensaje a las y los diputados de la capital para regresar a la mesa de trabajo y construir un dictamen que beneficie a la ciudadanía, tanto como al turismo, respete las condiciones de protección y permita el ejercicio del comercio, sin negar a otros el derecho a la Ciudad y si ya se tomaron un año en dictaminar una iniciativa con carácter preferente, ahora no quieran aprobar al vapor una ley con todos los vicios posibles.
Dejó en claro la activista en favor de los derechos humanos que de aprobarse esta ley, dejarán constancia de que quieren que los comerciantes sean detenidos, arrestados, sancionados con multas y, en su momento sancionados con prisión. En lugar de ordenar el comercio y garantizar el derecho a la ciudad decretan su desaparición.
Finalmente dijo “estamos listos para volver a la mesa, seguir el mandato de los órganos de gobierno del Congreso y sentarnos con la Comisión de Puntos Constitucionales y con la Comisión de Asuntos laborales y trabajar sobre un dictamen que sea favorable para la ciudadanía”.
Explicó una serie de medidas para contener la aprobación y publicación del dictamen que van desde la presentación de amparos, hasta quejas ante las instancias internacionales, sin abandonar la posibilidad de las manifestaciones públicas pacíficas
Recordó que desde que inició la pandemia por covid-19, les fueron negadas alternativas de subsistencia, ya que, a diferencia de los funcionarios y los diputados ‑afirmó‑, las y los comerciantes no recibieron un sueldo o una dieta durante los meses más complicados del confinamiento ordenado entre marzo y julio de este año.
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