Trabajadores del servicio de limpieza denuncian el incumplimiento de manera reiterada del pago obligado de salarios por parte de la Empresa Rosmalen SA de CV además de maltrato por parte de los representantes de dicha compañía.
Y es que más de 150 trabajadores que vienen prestándolos servicios de limpieza desde la extinta VII Legislatura con la Empresa U4 SA de CV fueron transferidos y quedaron bajo la administración de Rosmalen SA de CV que fue contratada por la Oficialía Mayor del actual la actual I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
Desde el pasado 1 de abril la Empresa Servicios Ecológicos y Viales Rosamlen SA de CV “Limpieza, recolección, y reciclaje de residuos sólidos inicio contrato como proveedora de servicio de limpieza en los Edificios de Donceles, Anexo de Donceles, Zócalo, Gante y Avenida Juárez del Congreso capitalino.
Los trabajadores acusan que, desde la primera quincena de abril, los pagos recibidos a través de la administradora Rosmalen SA han sido irregulares.
“No recibimos completo el monto de nuestros salarios, la empresa comenzó a pagar la mitad del salario a un grupo de la nómina y pago completo a otro grupo. Y en la siguiente quincena invertían el orden y aplicaban la misma fórmula a los dos grupos” expusieron.
Los afectados, reiteraron que la situación ha continuado y se ha agravado con más descuentos para los trabajadores. “Hace un mes, el jefe de la Unidad de Intendencia en el Recinto, Celestino Licona Juárez nos informó que el Congreso no tenía pagos atrasados con Rosmalen SA y que no había razón para que la empresa incumpliera con el pago íntegro de nuestros salarios “ relataron.
Asimismo, exigieron a la Junta de Coordinación Política que, a través de la Oficialía Mayor, asuman una postura firme para obligar a Rosmalen SA cumplir con sus obligaciones “incumplir la Ley y no pagar con el trabajo devengado también es una forma de corrupción”, aseveraron.
Señalaron que pese a que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) ya solicitó a la Oficialía Mayor, quien es ocupada por Javier González Garza, para que se regularicen los pagos, la respuesta ha sido la amenaza y la extensión del horario de trabajo.
“La mayoría de quienes laboramos en estas empresas de limpieza somos adultos mayores, madres solteras y jóvenes estudiantes, es decir, grupos vulnerables, pero intereses económicos han predominado en mantener a esta empresa en el Congreso”, lamentaron los quejosos.
