El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) exhibió la gran vulnerabilidad en la que están los ciudadanos por la incapacidad y torpeza de las instituciones responsables de la impartición de justicia, ahora dispuestas a analizar detalladamente lo que debieron indagar desde el primer momento de las desapariciones, afirmó el Centro Católico Multimedial.
Destacó que efectivamente, muchos elementos se han reunido para saber que ahí se cometió un crimen deleznable, pero aun no tenemos la respuesta que deseamos: ¿Dónde están los 43 de Ayotzinapa.
El organismo católico señaló que “los crímenes de Iguala destapan el gran vacío del Estado de Derecho.
El tercer informe del GIEI sobre el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos en la noche de Iguala, sigue implicando nuevos elementos para llegar a la verdad.
En su editorial “Dónde están los 43 de Ayotzinapa”, refirió que el primer informe GIEI echó abajo llamada versión de la verdad histórica del entonces procurador general de la República, la del escenario del basurero de Cocula que no tuvo sustento o pruebas y era imposible científicamente.
El CCM resaltó que un crimen de estado bajo densas brumas que impiden saber hasta cuándo se dará la efectiva claridad de un asunto que ha tomado mucho tiempo, acrecentado el dolor, pero que no mitiga la esperanza.
Aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014 ha tenido diversos rumbos, explicaciones, argumentos y teorías.
La liberación parcial de información y de archivos, el actual gobierno de la República abrió las posibilidades al GIEI para ir a fondo y conocer qué pasó y quiénes están detrás de lo que ya se ha considerado un crimen de Estado por los posibles implicados como lo afirma el tercer informe:
“Los hechos que sucedieron el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, que supusieron seis ejecuciones, 43 estudiantes desaparecidos, 40 personas heridas, algunos de ellos de gravedad y al menos 120 personas víctimas de persecución y atentados contra su vida (aunque sobrevivieron) ocurrieron en un contexto de grave violencia vinculada al narcotráfico y las operaciones del crimen organizado en la zona, con la contribución esencial, sea por acción u omisión, de distintos funcionarios públicos”.
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La organización católica citó que quizá una de las nuevas aportaciones a esta investigación es la aparición de la Marina Armada de México. Según cuenta el GIEI en el Informe Ayotzinapa III, el acceso a documentación secreta de la Secretaría donde hay actividades que, hasta entonces, eran desconocidas y realizadas el 27 de octubre de 2014.
Estas implican indicios de la presencia de bultos blancos y del procurador general de la República en el basurero de Cocula.
Otros elementos también son esenciales, la presencia de las fuerzas armadas, la infiltración de militares en los contingentes de los estudiantes normalistas y evidencias del crimen organizado.
Como afirmaron los expertos, las fuerzas armadas sabían qué pasaría con los estudiantes de la normal rural, pero no actuaron, lo que pudo precipitar la desaparición de los 43, inquirió.
Es así que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos saludó “los esfuerzos realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” estimando que “sólo mediante el ejercicio del derecho a la verdad y el acceso a la justicia, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos podrán hacer frente a la falta de investigaciones, juzgamientos y sanciones que han enfrentado durante estos años de dolor, desconcierto e indignación”, pero hasta ahí.
Nada más que da mayores elementos de una Comisión señalada de estar paralizada y desvanecida.
Si bien este informe representa una contribución al esclarecimiento de los hechos, aún no se sabe lo que todos esperamos. Los padres de los estudiantes desaparecidos llegan a un punto de tener un nuevo informe que abre más evidencias que confirman todo lo que se sabe.
En 2015, la opinión de la Iglesia de la arquidiócesis de México, en aquel momento encabezada por el cardenal Norberto Rivera Carrera, señaló lo que ahora se confirma: “Los crímenes de Iguala destapan el gran vacío del Estado de Derecho'', finalizó el CCM.
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