De las aproximadamente 8 mil empresas de seguridad privada que operan a nivel nacional, alrededor del 50% son "empresas patito"; es decir, que trabajan en la informalidad o incurren en alguna irregularidad. De ellas, entre 20 y 25% están en la Ciudad de México.
Ante tal situación, Armando Zúñiga Salinas, presidente de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume), destacó la importancia de que el poder legislativo expida la Ley General de Seguridad, a fin de homologar permisos y todo el marco legal que regula a estas agrupaciones y que cambian de una entidad a otra, como ocurre en el caso de la Ciudad de México y el Estado de México.
Indicó que alrededor del 50% de las empresas dedicadas a la seguridad, sobre todo, en el rubro de oficiales de seguridad, pueden incurrir en irregularidades, ya sea por falta de capacitación, sistemas de control de confianza, falta de prestaciones o pago de impuestos; por lo que destacó la importancia de contar también con una Cámara de la Industria de Seguridad, para que todos los informales se sumen a la formalidad.
Zúñiga Salinas explicó que tener una Ley federal evitaría problemas, como sucede con elementos que al cruzar los límites de la Ciudad de México pueden incurrir en faltas cuando ingresan al Estado de México, donde las patrullas por no llevar un cierto color pueden ser remitidas al corralón.
“En cada estado tenemos una ley diferente, e incluso, en algunos municipios también. Por ejemplo, las empresas uniforman a sus elementos y rotulan sus patrullas conforme a lo que exige la Ciudad de México, pero cuando cruzan al Estado de México ya no cumplen, por lo que las patrullas son llevadas al corralón y los elementos presentados ante el Ministerio Público”, explicó Armando Zúñiga Salinas.
Esto ocurre a nivel nacional, indicó al comentar que en algunos estados el problema puede ser peor, como es el caso de Guanajuato, donde se pide un permiso federal, otro estatal y otro a nivel municipal, porque cada municipio pide su propio permiso, por lo que las empresas que operan a nivel nacional pueden llegar a tener hasta 60 permisos diferentes, en los cuales se llegan a contraponer las reglas.
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El presidente de Asume destacó la importancia de la industria de la seguridad privada que en los últimos años ha crecido de forma importante y durante la pandemia fue considerado como un sector esencial, debido a que las escuelas, las empresas o los negocios cerraron, pero alguien tenía que quedarse a cuidar.
También los servicios de seguridad privada fueron muy solicitados en las zonas habitacionales durante la pandemia. “Este sector nunca paró, fue considerado un sector esencial y nunca pudo irse al teletrabajo”, precisó Zúñiga Salinas.
Se trata de un sector muy amplio, en el cual participa la industria de blindajes, sistemas de rastreo vehicular que utilizan todas las unidades de reparto de mercancías e incluso muchos ciudadanos, también están las alarmas y, por último, los oficiales de seguridad.
De ahí, la importancia que exista una Ley General de Seguridad Privada a nivel federal, que contribuya a dignificar y dar certeza al trabajo de más de 800 mil personas y sus familias que laboran en esta industria, señaló Armando Zúñiga.
Recordó que la COPARMEX nacional hizo un llamado al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Seguridad Privada, cuyo ordenamiento fue publicado el 28 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, tras el visto bueno de la mayoría de los Congresos Locales, y a la fecha suma un retraso de más de 6 meses.
La importancia de la Ley implica regular a las empresas de seguridad privada en 3 aspectos esenciales: 1) La homologación de un permiso único, con el objetivo de crear un Registro Nacional de empresas que prestan el servicio en uno o varios Estados, así como uniformar los requisitos en los distintos ámbitos de gobierno, que actualmente suman más de 100 diferentes; 2) Establecer claramente la distribución de competencias entre Federación, Estados y municipios, y 3) Establecer diferentes niveles de sanciones tanto para las empresas como para los usuarios que contraten empresas que no cuenten con las autorizaciones correspondientes.
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