Se certifican contralores internos CDMX

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Se certifican contralores internos CDMX

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LA PRENSA en línea / GB

Ciudad de México.- La Contraloría General de la CDMX certificó a 67 contraloras y contralores internos, responsables de vigilar el ejercicio de los recursos públicos en las dependencias, órganos desconcentrados, entes y Delegaciones de la administración pública capitalina.

En ceremonia efectuada en la Escuela de Administración Pública, recibieron el certificado que acredita su profesionalización en la realización de procedimientos administrativos disciplinarios y auditorías.

El titular de la Contraloría, Eduardo Rovelo Pico, destacó que la dependencia cuenta con contralores internos certificados en competencias técnicas que hacen que el desempeño de sus funciones sea eficaz y eficiente, al tiempo de resaltar que se trata de una experiencia que la CDMX ha compartido a la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F) para ser replicada en las entidades federativas.

El proceso formativo fue desarrollado conjuntamente con la Escuela de Administración Pública (EAP), enfocado a fortalecer aptitudes, destrezas y habilidades, tanto como los conocimientos.

En su turno a la palabra, León Aceves Díaz de León, Director General de la EAP, señaló que la ética pública, el desarrollo de capacidades institucionales y profesionales representan factores que coadyuvan a la prevención y combate a la corrupción.

Con la formación y certificación de competencias profesionales la Contraloría concluye un ciclo de 2 años de profesionalizar a este grupo de servidores públicos, claves en la implementación del sistema anticorrupción.

Las y los contralores internos además de vigilar el ejercicio de los recursos públicos, auditan la gestión administrativa, investigan y sancionan conductas administrativas irregulares y supervisan el control interno.

La certificación de contralores ciudadanos forma parte de una política permanente de la Contraloría General en materia de profesionalización, entre cuyos rubros se encuentra el sistema local anticorrupción y la implementación del nuevo régimen de responsabilidades administrativas.