CDHDF emite cinco recomendaciones, en las que se evidencia un patrón de tortura por parte de autoridades capitalinas

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Patricia Carrasco
Ante la presencia de víctimas, familiares y organizaciones civiles, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, presentó las Recomendaciones 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018 y 09/2018, por diversos actos de tortura en agravio de 112 víctimas (74 directas y 38 indirectas).

Ahí, explicó que la tortura se debe desentrañar para comprenderla y, por ende, encontrar las soluciones más eficaces para combatirla y erradicarla. Por este motivo, dijo, se construyeron cinco Recomendaciones que destacan, cada una, un patrón de las autoridades.

Dijo que dicha presentación pública tiene como propósito ser una forma de satisfacción inicial a la larga lucha de las víctimas por la justicia.

Ramírez Hernández señaló que de 1994 hasta el momento la CDHDF ha emitido más de 50 Recomendaciones por tortura, una Propuesta General y 6 Recomendaciones por tratos crueles, que representan a más de 280 víctimas. Actualmente están en trámite 430 quejas relacionadas con la violación de la integridad personal, muchas de éstas por posibles actos de tortura.

De estas Recomendaciones, en el Programa de Lucha contra la Impunidad de la Comisión, se han incorporado 83 procedimientos penales por el delito de tortura y sólo 16 se han concluido.

La presidenta del organismo resaltó que la tortura tiene muchas formas, muchos fines, muchas caras. Están quienes la ejecutan y quienes la padecen y sufren. La tortura no solo es un delito y una grave violación a los derechos humanos, la tortura es un lastre que atenta contra la democracia, contra la certeza de las personas, contra la justicia, contra la verdad y por supuesto contra la paz y los derechos fundamentales, resaltó la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En la Recomendación 05/2018 se documentaron 20 casos en la que las denuncias realizadas por tortura fueron desestimadas, ya que se determinó el no ejercicio de la acción penal, la reserva de la investigación, aunado a que varias de estas investigaciones fueron iniciadas por el delito de abuso de autoridad y no por tortura, lo que refleja la impunidad con que actúan las autoridades, ya que no son castigadas por dicho delito.

Puntualizó que el instrumento recomendatorio coordinado por la Cuarta Visitaduría General fue dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, a la Defensoría Pública de la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Salud, por violaciones a los derechos a la libertad, integridad, adecuada defensa, debido proceso y acceso a la justicia.

La Presidenta de la CDHDF señaló que la Primera Visitaduría General coordinó la Recomendación 06/2018, donde se identificó el patrón de uso de la tortura como método de investigación, ya sea para obtener información o declaración de autoinculpabilidad, hechos cometidos durante la detención y el traslado, así como en los centros de retención como son las agencias del Ministerio Público.

Fue dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia por vulneraciones a los derechos a la libertad e integridad personal, así como debido proceso y al acceso a la justicia.

La Recomendación 07/2018, dijo, fue dirigida al Subsistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno en calidad de autoridad responsable por la violación a los derechos a la integridad personal y debido proceso.

La Recomendación 08/2018, también desarrollada por la Segunda Visitaduría General, fue emitida de igual forma al Subsistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno, por violaciones al derecho a la integridad personal, es decir, tortura sexual cometida en contra de hombres en centros de reclusión.

Subrayó que en la investigación se mostró que la información de dicha vulneración es escasa, debido a diferentes factores como son: el machismo, los estereotipos y la discriminación. Apuntó que esta situación tiene consecuencias como el ocultamiento por parte de la víctima por temor a ser juzgado o rechazado por las personas a su alrededor, y el desprecio de las autoridades hacia las víctimas cuando denuncian.

Sobre la Recomendación 09/2018 destacó el uso de violencia sexual como forma de tortura, por amenazas de violación en contra de mujeres. Se abordaron diferentes contextos derivados tanto del momento y lugar de los actos de tortura como de las autoridades que la ejecutaron.

En la Recomendación fueron tres los casos documentados en los que servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario violentaron los derechos a la libertad e integridad personal, así como al debido proceso.

Para finalizar, explicó de forma general los puntos que contienen dichas Recomendaciones, entre los que destacan indemnizar por daño material, inmaterial o al proyecto de vida, así como brindar atención médica y psicológica para quienes lo requieran.