Firma INE pacto para vigilar buen uso de recursos públicos

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Firma INE pacto para vigilar buen uso de recursos públicos

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Por Rubén Pérez

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, suscribió con la titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard, un pacto para establecer vínculos de intercambio de experiencias e información relacionada con el uso debido de recursos públicos por parte de funcionarias y funcionarios en el ámbito político-electoral.

La firma, denominada “Carta Intención en materia de difusión y estrategia para la promoción de la legalidad durante los procesos electorales”, también pretende generar documentos de diagnóstico en la materia para su difusión, a fin de alentar la integridad electoral y garantizar el cumplimiento de la Constitución.

Lorenzo Córdova explicó que la dependencia al dinero por parte de los actores políticos ha provocado que las instancias de representación política terminen siendo dependientes de intereses privados, lo cual se agrava cada vez más en el contexto actual de creciente desigualdad y pobreza.

En México, dijo, el dinero invertido en la política es lo que nos ha permitido transitar de un modelo hegemónico a un sistema de partidos plural y cada vez más competitivo.

Córdova explicó que el modelo de financiamiento público a partidos tiene el fin de inyectar certeza y transparencia a los montos invertidos en las elecciones; contribuir a la equidad en las condiciones de la competencia; así como evitar que los intereses del dinero orienten indebidamente el desarrollo de los procesos electorales.

“Por eso la apuesta histórica por el financiamiento público, que es una apuesta que creo que vale la pena reivindicar. Quien financia desde el ámbito privado a la política, nunca hace filantropía”, mencionó.

El consejero presidente del INE concluyó que el financiamiento público es indispensable y, en un contexto tan delicado como el que vive el país, “no debemos poner a los partidos políticos a buscar dinero de donde sea, porque seguramente habrá quienes están dispuestos a financiar la política y no necesariamente lo hacen con una vocación o convicción democrática”.

En tanto, Jacqueline Peschard alertó sobre los peligros de la corrupción en el ámbito de las contiendas político-electorales. “Se trata de un mal que no solo daña al sistema sino que se ha incubado en sus entrañas y se confunde con él”.

Reconoció que el INE ha reforzado sus mecanismos de control para que los recursos de los gobiernos y los partidos se utilicen en estricto apego a la ley; sin embargo, tenemos que estar alertas en todos los frentes, para que el dinero público no se utilice para orientar el voto de los ciudadanos.

“No obstante, el INE ha desplegado un sistema de fiscalización moderno, muy eficiente, que vuelve transparente el caudal de ingresos de los partidos y sus correspondientes gastos. No debemos cerrar los ojos ante la magnitud del problema”, dijo.

El INE, agregó Peschard, no puede ni debe estar solo, es necesaria la concurrencia de todas las instancias del Estado, además de la fiscalización social, la participación de los medios, el sector académico y todo aquello que está interesado en fortalecer nuestra democracia para blindar las campañas políticas de los intereses políticos y caciquiles y los recursos del crimen organizado, los cuales, tienen más libertades de acción y más atajos para comprar los votos e influir en las elecciones.

“Nos ha costado mucho trabajo construir nuestra democracia y ahora tenemos que cuidarla. Por más que la institución electoral se esfuerce, por más eficaces que sean sus funcionarios y por más aceitada que esté la maquinaria, el INE no puede solo, todos los ciudadanos tenemos la obligación de apoyarlo, necesitamos millones de ojos y oídos atentos al Proceso Electoral”, concluyó Jacqueline Peschard.

Con la firma de la Carta Intención, el INE se compromete a aportar información relevante sobre las acciones institucionales desarrolladas para garantizar el uso debido de recursos públicos por parte de funcionarias y funcionarios, y proporcionar al Comité de Participación Ciudadana información significativa de sus conclusiones en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, así como de los procedimientos sancionadores cuya materia se encuentre relacionada con presuntas violaciones al uso debido de recursos públicos.

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