/ miércoles 2 de septiembre de 2020

Debemos fomentar una cultura educativa contra ataques cibernéticos: Jonathan Mendoza Iserte

México en el sexto lugar de países que generan ataques cibernéticos, y el 12avo en sufrirlos

México ocupa el sexto lugar mundial en generar ciberataques, Rusia es el país que sufre más ataques, 22 países no tienen un organismo responsable de la ciberseguridad, 25 países no han firmado la Convención de Budapest, de acuerdo con lo expresado por Jonathan Mendoza Iserte, Secretario de Protección de Datos Personales, del INAI.

El especialista, durante la conferencia “La protección de datos personales y la ciberseguridad como ejes transversales hacia la nueva normalidad post pandemia”, ofreció estos datos de acuerdo con reportes recientes del BID y la OEA.

Otras cifras relevantes expuestas durante el webinar presentado por la UDLAP Jenkins Graduate School, son que sólo 12 países cuentan con una estrategia de política pública de ciberseguridad, entre ellos México.

Y en lo que se refiere a la regulación de datos personales, diversas fuentes consignan que 16 países no protegen datos personales, mientras que 121 países si tienen una regulación al respecto Después de Rusia, Brasil es el país que sufre más ataques. México es la doceava nación que más sufre de estos siniestros a nivel global, informó Mendoza Iserte. Los reportes de la OEA y el BID son de 2017.En la conferencia moderada por Carlos Santana Torrellas, el especialista del INAI dijo que “la brecha digital es inmensa en Latinoamérica.

La CEPAL consigna que en nuestra región sólo dos terceras partes de la población cuentan con conexión a internet. Y la pandemia actual agravó este escenario”.

Agregó que “muchas oficinas de protección de datos personales dependen del poder ejecutivo, pero México ya tiene autonomía.

La ley expedida en 2014 permitió que haya leyes secundarias. Y es en enero de 2017 que se emite la ley general que incorporó a las entidades federativas.De entre los delitos cibernéticos, los que más afectan a los ciudadanos son el robo de identidad y los fraudes bancarios.

El robo de identidad también tiene que ver con la deficiente protección de datos personales. Y el factor humano es determinante para que sucedan estos crímenes. En la pandemia se han intensificado los ataques.

El fishing, el ransonwere o secuestro de datos, y hasta el correo millonario nigeriano, hacen víctimas a la población, expone Jonathan Mendoza Iserte.

Como medidas preventivas, el funcionario del INAI, observa que no “se puede ejercer un derecho si no se conoce la ley.

Se requiere generar una cultura de protección de datos personales, una educación digital con enfoque de protección de datos y también de ciberseguridad.

Adelantó que el INAI está preparando un proyecto de educación digital y contra violencia a mujeres.

Concluyó diciendo que los juicios contra delitos cibernéticos son arduos y pueden llevar hasta ocho años.

“Aun la carga de la prueba radica en el ciudadano acusador, lo que frena la penalidad del inculpado, quien puede incluso ampararse; hay casos de cinco o seis años, y para que una sentencia quede en firme puede ser hasta seis años después de la denuncia.

La falta es irreparable y a veces irreversible y hay que pagar abogados. Desde luego los objetivos de la institución están puestos en cumplir todos los procedimientos y apoyar a la víctima”.


México ocupa el sexto lugar mundial en generar ciberataques, Rusia es el país que sufre más ataques, 22 países no tienen un organismo responsable de la ciberseguridad, 25 países no han firmado la Convención de Budapest, de acuerdo con lo expresado por Jonathan Mendoza Iserte, Secretario de Protección de Datos Personales, del INAI.

El especialista, durante la conferencia “La protección de datos personales y la ciberseguridad como ejes transversales hacia la nueva normalidad post pandemia”, ofreció estos datos de acuerdo con reportes recientes del BID y la OEA.

Otras cifras relevantes expuestas durante el webinar presentado por la UDLAP Jenkins Graduate School, son que sólo 12 países cuentan con una estrategia de política pública de ciberseguridad, entre ellos México.

Y en lo que se refiere a la regulación de datos personales, diversas fuentes consignan que 16 países no protegen datos personales, mientras que 121 países si tienen una regulación al respecto Después de Rusia, Brasil es el país que sufre más ataques. México es la doceava nación que más sufre de estos siniestros a nivel global, informó Mendoza Iserte. Los reportes de la OEA y el BID son de 2017.En la conferencia moderada por Carlos Santana Torrellas, el especialista del INAI dijo que “la brecha digital es inmensa en Latinoamérica.

La CEPAL consigna que en nuestra región sólo dos terceras partes de la población cuentan con conexión a internet. Y la pandemia actual agravó este escenario”.

Agregó que “muchas oficinas de protección de datos personales dependen del poder ejecutivo, pero México ya tiene autonomía.

La ley expedida en 2014 permitió que haya leyes secundarias. Y es en enero de 2017 que se emite la ley general que incorporó a las entidades federativas.De entre los delitos cibernéticos, los que más afectan a los ciudadanos son el robo de identidad y los fraudes bancarios.

El robo de identidad también tiene que ver con la deficiente protección de datos personales. Y el factor humano es determinante para que sucedan estos crímenes. En la pandemia se han intensificado los ataques.

El fishing, el ransonwere o secuestro de datos, y hasta el correo millonario nigeriano, hacen víctimas a la población, expone Jonathan Mendoza Iserte.

Como medidas preventivas, el funcionario del INAI, observa que no “se puede ejercer un derecho si no se conoce la ley.

Se requiere generar una cultura de protección de datos personales, una educación digital con enfoque de protección de datos y también de ciberseguridad.

Adelantó que el INAI está preparando un proyecto de educación digital y contra violencia a mujeres.

Concluyó diciendo que los juicios contra delitos cibernéticos son arduos y pueden llevar hasta ocho años.

“Aun la carga de la prueba radica en el ciudadano acusador, lo que frena la penalidad del inculpado, quien puede incluso ampararse; hay casos de cinco o seis años, y para que una sentencia quede en firme puede ser hasta seis años después de la denuncia.

La falta es irreparable y a veces irreversible y hay que pagar abogados. Desde luego los objetivos de la institución están puestos en cumplir todos los procedimientos y apoyar a la víctima”.