/ viernes 18 de octubre de 2024

SAT encarga estudio para saber cómo lo defraudan: profesionistas y corporativos, en la mira

La Universidad Autónoma de Chapingo entregará un informe sobre el modus operandi de los deudores

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) quiere conocer los montos y modus operandi de evasión fiscal, así como recomendaciones para evitar estos delitos cometidos por quienes están bajo el régimen de servicios profesionales, técnicos, científicos; el esquema de corporativos, y el rubro de apoyo a negocios.

Para ello, el SAT contrató a la Universidad Autónoma de Chapingo que deberá entregar un informe a más tardar el 31 de diciembre de este año, según el fallo de una licitación publicada en Compranet y en la que también participaron El Colegio de México y el Centro de Investigación en Matemáticas.

El costo por realizar dicho estudio será de 1.1 millones de pesos. El periodo de análisis será de 2018 a 2023.

Los sectores a estudiar abarcan empresas con servicios legales, mercadotecnia, despachos de arquitectos, consultoría administrativa o publicidad, manejo de residuos o remediación, administración de grupos empresariales, por citar algunos casos.

Una de las razones por las que la institución estudiará estos sectores económicos es porque han registrado un aumento en los actos de fiscalización, que son las inspecciones electrónicas o visitas a un domicilio para comprobar la información de los contribuyentes, aunque no detalló un número en específico.

Agregó que los contribuyentes incumplidos generan una condición de desigualdad para aquellos que sí pagan sus impuestos en tiempo y forma.

Según el SAT, el repunte en estos casos sugiere una posible práctica de operaciones simuladas, por lo cual “resultaría relevante identificar y determinar estas prácticas para establecer líneas de acción”.

Precisó que en 2023, estos tres sectores en conjunto aportaron 3.6 por ciento del total del Producto Interno Bruto (PIB), al tiempo que representan 3.4 por ciento de todos los negocios en el país, incluso por encima de las industrias de la construcción o comercio.

Desde 2003, la institución a cargo de Antonio Martínez Dagnino comenzó a recabar información a través de diversos estudios, análisis y encuestas sobre los métodos de evasión fiscal, prácticas del comercio ambulante, redes de empresas factureras, maneras de mejorar el cobro de impuestos en el país, entre otros rubros.

La mayoría de ellos se han desarrollado en conjunto con instituciones académicas, como las universidades autónomas de Chapingo y Coahuila, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la UNAM, El Colegio de México, el IPN, la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras.

Esto ayuda a que el SAT y el gobierno establezcan estrategias focalizadas para reducir el problema y, con ello, incrementar la recaudación sin necesidad de imponer nuevos impuestos”, explicó Rogelio Villa, especialista en derecho fiscal.

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El experto dijo a El Sol de México que además, contar con datos y análisis sobre evasión fiscal, puede sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del cumplimiento fiscal y los impactos negativos de no hacerlo.

“Esto puede incentivar la cultura de cumplimiento voluntario y fortalecer la confianza en las instituciones fiscales”.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) quiere conocer los montos y modus operandi de evasión fiscal, así como recomendaciones para evitar estos delitos cometidos por quienes están bajo el régimen de servicios profesionales, técnicos, científicos; el esquema de corporativos, y el rubro de apoyo a negocios.

Para ello, el SAT contrató a la Universidad Autónoma de Chapingo que deberá entregar un informe a más tardar el 31 de diciembre de este año, según el fallo de una licitación publicada en Compranet y en la que también participaron El Colegio de México y el Centro de Investigación en Matemáticas.

El costo por realizar dicho estudio será de 1.1 millones de pesos. El periodo de análisis será de 2018 a 2023.

Los sectores a estudiar abarcan empresas con servicios legales, mercadotecnia, despachos de arquitectos, consultoría administrativa o publicidad, manejo de residuos o remediación, administración de grupos empresariales, por citar algunos casos.

Una de las razones por las que la institución estudiará estos sectores económicos es porque han registrado un aumento en los actos de fiscalización, que son las inspecciones electrónicas o visitas a un domicilio para comprobar la información de los contribuyentes, aunque no detalló un número en específico.

Agregó que los contribuyentes incumplidos generan una condición de desigualdad para aquellos que sí pagan sus impuestos en tiempo y forma.

Según el SAT, el repunte en estos casos sugiere una posible práctica de operaciones simuladas, por lo cual “resultaría relevante identificar y determinar estas prácticas para establecer líneas de acción”.

Precisó que en 2023, estos tres sectores en conjunto aportaron 3.6 por ciento del total del Producto Interno Bruto (PIB), al tiempo que representan 3.4 por ciento de todos los negocios en el país, incluso por encima de las industrias de la construcción o comercio.

Desde 2003, la institución a cargo de Antonio Martínez Dagnino comenzó a recabar información a través de diversos estudios, análisis y encuestas sobre los métodos de evasión fiscal, prácticas del comercio ambulante, redes de empresas factureras, maneras de mejorar el cobro de impuestos en el país, entre otros rubros.

La mayoría de ellos se han desarrollado en conjunto con instituciones académicas, como las universidades autónomas de Chapingo y Coahuila, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la UNAM, El Colegio de México, el IPN, la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras.

Esto ayuda a que el SAT y el gobierno establezcan estrategias focalizadas para reducir el problema y, con ello, incrementar la recaudación sin necesidad de imponer nuevos impuestos”, explicó Rogelio Villa, especialista en derecho fiscal.

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El experto dijo a El Sol de México que además, contar con datos y análisis sobre evasión fiscal, puede sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del cumplimiento fiscal y los impactos negativos de no hacerlo.

“Esto puede incentivar la cultura de cumplimiento voluntario y fortalecer la confianza en las instituciones fiscales”.

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