México enfrenta una amenaza histórica, en poco tiempo, los efectos del coronavirus pueden sumir en la pobreza a otros 21 millones de mexicanos, lo que quiere decir que más de 82 millones de personas en el país carecerán de ingresos necesarios para alcanzar un mínimo de bienestar.
Señaló en un estudio el Centro de Estudios Económicos Espinoza Iglesias (CEEY), e indicó que a diferencia de México, otros países han reconocido el desafío y se han puesto a la altura del reto que ya define una época.
“No tenemos margen para la inacción. Hay que minimizar la pérdida de vidas y de empleos, la caída de las remuneraciones y la quiebra de empresas”.
Con base en la nota de política pública, «Hacia un plan integral para atender las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus en México», elaborado por el CEEY, la presente es producto de una deliberación entre un nutrido y diverso grupo de
especialistas.
El estudio fue realizado por los especialistas: Sandra Aguilar Gómez, Patricia Armendáriz, Mariana Campos, Marcelo Delajara, Gustavo del Ángel Mobarak, Rodolfo de la Torre, Enrique Díaz-Infante, Alfredo Elizondo, Manuel Groenewold, Ursula Heimann, Fausto Hernández Trillo, David Kaplan, Alejandra Macías, y Julio Mariscal, entre otros.
El análisis hace notar que Brasil dedicará recursos equivalentes a 7.1 % de su PIB, Chile 2.9 %, Argentina 2.4 %, Costa Rica declarará moratoria al pago de impuestos, Ecuador aplazará tres meses el cobro de las cuotas de la seguridad social, y Guatemala ya autorizó subsidios focalizados a la población pobre (FMI 2020).
Ante la necesidad del país de establecer un plan económico integral de emergencia que mitigue la crisis y facilite una más pronta recuperación económica, el CEEY propone una serie de medidas fiscales, adicionales a las anunciadas por el gobierno federal: Restituir el gasto en salud del año 2015, en términos relativos, para atender las presiones sobre el Sistema de Salud derivadas de la emergencia sanitaria y, en particular, asignar recursos inmediatos para la atención a quienes requieran hospitalización.
Realizar una transferencia de un salario mínimo mensual, por tres meses a las y los trabajadores que se encuentren en el sector informal.
Establecer un seguro de desempleo de dos salarios mínimos mensuales, por tres meses, para las y los trabajadores formales que pierdan su empleo.
Realizar transferencia de un salario mínimo mensual, por tres meses, a las empresas formales por cada trabajador(a) afiliado(a) al IMSS.
Hacer un reembolso extraordinario de ISR a las y los trabajadores por cuenta propia registrados(as) ante el SAT de 10 mil pesos en una sola exhibición.
El monto estimado de gasto público para realizar estas acciones va de 3.00 % a 3.51 % del PIB
PROGRAMA PROPUESTA
El financiamiento de dichos recursos se puede obtener de la eliminación de la meta de superávit
fiscal, de la redefinición de proyectos estratégicos y de la deuda pública. Para el año próximo, también se pueden obtenerse recursos del posible remanente de Banco de México.
Para lograr el éxito en la instrumentación de estas medidas, resulta clave la coordinación de esfuerzos por parte de la SHyCP para unificar los padrones de beneficiarios de programas sociales, el registro de contribuyentes del SAT, el registro de trabajadores y patrones del IMSS, y otras bases pertinentes.
Aconseja la tarea de un Pacto para el Bienestar Económico que reúna a las autoridades federales, a las entidades federativas y a los municipios, a organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Estos momentos representan un gran reto para el país; sin embargo, también brindan la posibilidad de una gran transformación para construir el legado de un México más incluyente, con menos pobreza y con mayor igualdad de oportunidades para la movilidad social.
En el resto del documento se describe un esquema regional que permita identificar la ruta que seguirán los recursos extraordinarios a nivel de entidades federativas.
EG
