Red Compartida / Todos quieren con Pemex

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Entre las firmas que ya están apuntadas para tener contratos con Pemex, figuran Grupo R, de José Ramiro Garza Cantú y José Ramiro Garza Vargas; Petrobal, de Alberto Baillères; Grupo Diavaz, fundada por los hermanos Luis y Óscar Vázquez Sentíes en 1973; Jaguar, que pertenece a Grupo Topaz, el fondo de inversión que lleva Dionisio Garza Sada; Grupo Carso, del magnate Carlos Slim; Miguel Alemán Magnani de Galem, e incluso, Grupo México, de Germán Larrea, quien criticó algunas decisiones de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

 

La ofensiva del sector científico contra el proyecto que tiene Elena Álvarez-Buylla para el Conacyt se va a incrementar en los siguientes días y semanas, porque los tiene realmente preocupados. Les contamos.

Álvarez-Buylla dio a conocer su “Plan de Reestructuración Estratégica del Conacyt para Adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación” y, entre las cosas que dice, ahí está la idea de romper “la lógica neoliberal en el ámbito científico tecnológico” y que “el énfasis mercantil de las tecnociencias en el mundo neoliberal globalizado ha implicado el desarrollo de tecnologías peligrosas”.

Eso significa, y por ello las preocupaciones, que no habrá recursos públicos a investigaciones con fines de negocio; y si las empresas quieren hace ciencia, pues deberán de pagar el trabajo a fondo perdido.

 

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) avanzó a un nivel de tres estrellas y media (de cinco) en la clasificación mundial de la prestigiosa publicación británica Global Competition Review (GCR), y le reconocen que escaló por sus capacidades de investigación y sanción de conductas anticompetitivas, primero, en 2014 subió de dos y media a tres estrellas, y ahora asciende a tres y media estrellas.

Con ello, la Cofece se ubica al mismo nivel que autoridades de competencia de Canadá, España, Noruega, Nueva Zelanda o Italia, y con calificación superior a las agencias de Austria, Chile, Países Bajos o Colombia.

 

Finalmente, no será una encuesta o una consulta popular, sino, literal, una consulta que consulte al pueblo con mesas en la calle. Lo único nuevo es que iniciará el jueves 25 de octubre y seguirá hasta el domingo 28 de octubre; se realizará en 536 municipios y los resultados se enviarán a la Fundación Rosenblueth. Cómo la van a controlar y quién hace las encuestas, bueno, eso es otra cosa. Por cierto, según el vocero del presidente electo, Jesús Ramírez, habría entre 100 y 500 mil votantes.