¿Qué es peor, un parquímetro o un viene, viene?

Antonio De Marcelo

 

La semana que recién terminó fue crucial para la empresa Mojo Real Estate, la cual contaba desde 2014 con un permiso para instalar parquímetros en las colonias San Rafael y Tabacalera, mismos, que de no ocurrir otra cosa, operarán a través de una concesión por diez años y esto podría extenderse. Son 176 aparatos que debían ser instalados así: 132 en la Colonia San Rafael y 44 en la Tabacalera. Lo particular de esto es que llegaron cuadrillas de trabajadores y amparados en las sombras de la noche y apoyados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, instalaron dichas máquinas. Algunos vecinos trataron de inconformarse, pero nada pudieron hacer ante la presencia de la policía, quien cubrió el trabajo de quienes rompieron banquetas, metieron sus máquinas, encementaron y se marcharon. A la mañana siguiente había hasta dos o tres elementos de la SSP-CDMX al cuidado de los nuevos parquímetros, en tanto los vecinos hacían vanos intentos por manifestarse con el cierre de algunas calles y gritos que nadie escuchó. Hoy la pregunta es: ¿cómo es que la autoridad puede privatizar de esta manera las calles de la ciudad?, ¿dónde está el derecho de los ciudadanos a estacionar su auto fuera de su casa, sobre todo cuando no hay suficientes lugares de estacionamiento? Una más, ¿qué va a pasar con todos esos “vienen, viene” que por años se han ganado la vida apartando lugares, cuidando carros y que se ganan unas monedas con las lavadas de autos. Es cierto que estos personajes, también llamados franeleros ya eran un dolor de cabeza en algunas zonas de la ciudad, donde impusieron cuota y quien se negaba a pagarla sufría las consecuencias en el carro, ya fuera con rayones, pérdida de piezas y hasta golpes; por cierto, entonces no aparecía un policía ni para remedio, porque decía la autoridad “no le podemos poner un elemento a cada persona”. Ah, pero sí pueden poner hasta dos por cada parquímetro ¿no? Ahora usted responda, ¿qué es peor, un parquímetro cuya amenaza es la colocación de un inmovilizador cuyo costo por quitarlo es de más de 600 pesos o un “viene, viene”, con el que se puede razonar?; en fin, ambos privatizan la calle, la diferencia es que una es una empresa que puede explotar este negocio una década y el otro es parte de una familia que busca una manera de subsistir; finalmente, quien paga las consecuencias es el automovilista.

 

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