El delito de calumnia, a la baja

  • Prensa OEM
  • en Columnistas

María Fernanda Matus

 

 

El derecho está en constante evolución y los sistemas jurídicos responden no sólo al contexto de las sociedades de cada país, sino también a los compromisos que asumen como firmantes de tratados e instrumentos internacionales, bajo los cuales están obligados a crear o ajustar sus políticas públicas y leyes.

El sistema de justicia penal es uno de los más dinámicos y sensibles a estos compromisos. Si bien actualmente tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, cada entidad legisla sobre su catálogo de delitos y penas, es decir sus Códigos Penales. Aunque sigue latente una propuesta de Código Penal Único, esta aún no se concreta, de manera que la modificación de estos códigos sigue estando en la esfera de los legislativos estatales.

Pero esto no quiere decir que los estados estén exentos de las obligaciones internacionales, ya que al ser parte de la Federación, deben ajustarse a ellas y a la Constitución.

Un ejemplo de esto es la evolución que han tenido los llamados delitos contra el honor, entre ellos los de difamación, injuria y calumnia, este último subsiste aún en algunos códigos penales.

Sin embargo, frente al derecho a la libertad de expresión y el principio pro persona (la protección más amplia a las personas), la calumnia ya no es viable como delito que merezca pena pues el Derecho Internacional considera que atenta o restringe la libertad de expresión.

Según interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de los Estados Americanos y la ONU, el peligro radica en que, en estos casos, la amenaza punitiva del Estado podría ser usada para ejercer una censura previa a la libertad de expresión. En concordancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha resuelto que, en caso de colisionar, se privilegia la libertad de expresión.

En todo caso, los estándares internacionales dejan la posibilidad de una acción por la vía legal a través de la justicia civil, en donde se pueden demandar daños y perjuicios.