DESDE LA PGR Y SFP

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DESDE LA PGR Y SFP… Dicen los que saben que en la PGR de Raúl Cervantes y la Secretaría de la Función Pública de Arely Gómez no tienen ningún expediente contra Eduardo Rafael Luque Altamirano, coordinador general de Proyectos y Programas Interinstitucionales de la SCT de Gerardo Ruiz Esparza. Al contrario, este funcionario tiene una trayectoria intachable en el servicio público, lo que lo ha llevado a ser uno de los personajes clave en la inversión y obras que se construyeron en el sector de infraestructura en el Estado de México, donde ocupó el cargo de director general del Centro SCT Estado de México.

Incluso, la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF) de Juan Manuel Portal, precisó que las observaciones detectadas en la Cuenta Pública 2013 y 2014, fueron solventadas en su totalidad por el Centro SCT Estado de México, no hay pruebas del supuesto desvío de 2 mil millones de pesos.

En el mismo sentido, datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil comprueban que este funcionario no viajó en vuelos privados de firmas constructoras a Las Vegas, Nevada, por lo que se debe ofrecer una disculpa pública al ciudadano Eduardo Rafael Luque Altamirano, tal y como lo solicita en la carta que dirige a LA PRENSA.

Hay que reconocer que no hay pruebas para sustentar que el funcionario destinaba fuertes cantidades de dinero para juegos de azar en casas de apuestas clandestinas. Eduardo Rafael Luque Altamirano precisa que recibió la invitación por parte del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para asumir la Coordinación de Proyectos y Programas Interinstitucionales, por lo que dejó de ocupar la Dirección General del Centro SCT Estado de México.

En conclusión, ni en la Contraloría Interna de la SCT, así como en la SFP se tienen ninguna investigación ni dato que sustente un posible desvío de 2 mil millones de pesos, así como la inexistencia de investigación en la PGR.

DESDE EL SENADO. La disputa por el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, entre la secretaria general Bertha Orozco y el disidente Julio César Bravo sacó a relucir una nómina mensual de 876 mil pesos. La respuesta del Senado a una solicitud de información pública de agosto de 2016, sobre cuántos trabajadores de base tiene la comisión sindical y cuánto le cuestan, indica que se trata de 21 servidores públicos de base adscritos a la oficina del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, con salarios que van de más de 23 mil a 34 mil pesos mensuales.

@noelalvarado04

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