/ viernes 10 de junio de 2022

La masacre de los 72 indocumentados en San Fernando, Tamaulipas

En el 2010, Los Zetas los exterminaron, pues se negaron a integrarse a sus filas como sicarios

“Escuché el ruido que disparaban. Pensé que disparaban por ahí al lado, pero no. Escuché que disparaban a mis amigos y luego llegó disparándome a mí (...). Acabó de disparar y se fueron, mataron a todos”, relató el joven ecuatoriano, sobreviviente del cruel destino de aquel lejano día en San Fernando, Tamaulipas, quien salió de su pueblo natal para llegar al lugar común de los destinos y cumplir el sueño americano.

El camino, si bien desde Ecuador no había sido sencillo y sí lleno de penurias, a veces en soledad, casi desarraigado, pero con esperanza, una que al final fue inútil. Salió del suyo para encarar la muerte en un país que había declarado una guerra contra el narcotráfico.

El sobreviviente recuerda, con horror de quien salió con vida del mismo infierno, su travesía de más de dos semanas hasta llegar a la antesala de una vida mejor y cómo sorteó su destino por Honduras y Guatemala, pero casi al final de su viaje se tuvo que enfrentar con el camino, quizá el más largo en su vida, en una travesía de más de 10 horas hasta conseguir ayuda en un puesto de marinos en la carretera.

Recordaba la lluvia de balas y cómo, herido, caminó y caminó con la poca vida que le quedaba entre sus manos ensangrentadas. Y fueron más de 10 horas o una eternidad hasta encontrar ayuda.

“Caminé con dolor, pidiendo auxilio, nadie me quiso ayudar. Se hizo de día (...) vi a los marinos que estaban dormidos, a ellos les pedí ayuda”, declara en una entrevista, ya de regreso en su país y al lado de su esposa y familia.

Lo último que cuenta antes de que regrese a descansar de los horrores del pasado, es que fue un grupo denominado Los Zetas, el que masacró a 58 hombres y 14 mujeres: “Viajaban conmigo 72 y mató a todos […] Los Zetas están matando a mucha gente”.


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FUE EL ÚNICO SOBREVIVIENTE Y POR ÉL SE SUPO DEL CASO

De acuerdo con los reportes de las autoridades, se llevó a cabo la investigación derivada de lo que afirmó el único testigo de la matanza de 72 personas -perpetrada en el noreste de México- que asegura que los asesinados eran inmigrantes que querían llegar a Estados Unidos y fueron víctimas de un grupo armado, que identificó como el cártel de Los Zetas.

El testigo, quien a la postre se supo que era ecuatoriano, formaba parte del grupo y tras salir con vida del incidente, logró dar aviso a las autoridades de los acontecimientos ocurridos en un rancho cercano a la localidad de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.

De acuerdo con su relato y tras reponerse de una herida de bala en el cuello, los asesinados habían sido secuestrados por hombres armados, quienes los privaron de su libertad antes de alcanzar su objetivo de llegar a la frontera.

El sobreviviente dijo que habían sido Los Zetas y esta versión la informó el portavoz de la Marina, el contralmirante José Luis Vergara.


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DOS TRAGEDIAS EN MENOS DE UN AÑO

Entre el 22 y 23 de agosto de 2010 ocurrió lo que se conoce como la primera masacre de San Fernando, que fue un crimen cometido por Los Zetas, en el cual dilapidaron a 58 hombres y 14 mujeres inmigrantes, de acuerdo con las versiones más difundidas; los sicarios los asesinaron por la espalda y luego apilaron sus cuerpos.

Con base en las primeras indagatorias, se conoció que fueron finiquitados porque tras ser secuestrados no pagaron por su propio rescate y, por otra parte, se negaron a formar parte del grupo criminal.

De acuerdo con declaraciones de Poiré Romero: “Los hechos se dan en el entorno de una lucha encarnizada y sumamente violenta entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, que anteriormente operaban de manera coordinada y cuya lucha interna, desde finales del año pasado, ha traído consigo un incremento sustancial de la violencia en el noreste del país”.

Por su parte, el sobreviviente contaba que los miembros del grupo criminal les habían ofrecido trabajar para la organización por 500 dólares a la semana; de tal modo que los hombres tendrían que convertirse en pistoleros, en tanto que las mujeres serían empleadas domésticas; sin embargo, todos habrían declinado la oferta, salvo uno.

ABATEN EN OPERATIVO A MARINO Y A TRES DELINCUENTES; HAY UN DETENIDO

Tan pronto como se tuvo conocimiento de los hechos, de inmediato se organizó un operativo posterior al día de la masacre; por tal motivo, al filo de las 17:00 horas se logró ubicar un lugar a 22 kilómetros al este-noreste de San Fernando, Tamaulipas, donde encontraron los cuerpos sin vida de las 72 personas que viajaban junto con el sobreviviente.

Durante las acciones para llegar hasta el lugar, se cruzaron con un grupo de hostiles, con quienes intercambiaron metralla. El saldo fue de tres delincuentes muertos, uno detenido y, desafortunadamente, un marino de Infantería muerto en acción.

En el lugar, los marinos decomisaron seis carabinas M-4 calibre 5.56 milímetros; tres fusiles AK-47 calibre 7.62 milímetros; siete escopetas calibre .12 milímetros; cinco rifles calibre .22 milímetros; 101 cargadores para diversos calibres, dos cintas eslabonadas de munición calibre .50 milímetros; 6,649 cartuchos útiles, cuatro chalecos antibalas, uniformes camuflaje, fornituras y un casco. También cuatro camionetas, entre la que destacaba una clonada con matrícula apócrifa de la Sedena.

¿Y QUÉ DECÍA FELIPE CALDERÓN AL RESPECTO?

“Son unas bestias”, dijo en ese entonces el presidente Felipe Calderón, en entrevistas; asimismo, enfatizó que estos hechos eran una barbarie incalificable que demostraban que “estos tipos perdieron hace mucho no sólo los escrúpulos, sino cualquier dejo de razón…, ¡están totalmente locos! Por lo mismo, no me canso de decir que es una razón más poderosa para combatirlos y erradicarlos. No puedo decir, como presidente, a como dé lugar, pero me dan muchas ganas de decirlo”.

Subrayó que se trataba de: “no sé si gente, han rebasado cualquier mural de dignidad; no sé si por el efecto de las drogas, por una pérdida absoluta de sentido de la vida, se trata de un hecho pernicioso”. Asimismo declaró que de confirmarse lo señalado por el sobreviviente de esta tragedia, en el sentido de que pretendían (los delincuentes) reclutarlos por la fuerza, se reflejaría una “hipótesis de que hay un signo de próxima debilidad”, sin embargo, precisó, “yo no me atrevería a decir que es un signo de que se vaya ganando”.

A esto, el presidente Calderón expuso que la explicación fundamental es la violencia y el grado de falta de escrúpulo y de respeto por la vida, “casi diría yo la locura, a la que están llegando los grupos criminales en su afán, primero era por apoderarse de territorios para ejercer su criminalidad luego por rivalidades que se han dado precisamente de unos cárteles contra otros”. En cuanto al acceso que se ha tenido sobre el sobreviviente de la masacre, el Ejecutivo Federal enfatizó que se tendrá que investigar “por qué ocurre eso”, pues “me preocupa” ya que “yo di la orden que se cuidara la identidad del testigo, que no se reprodujeran imágenes del testigo y mucho menos su nombre”.

MILITARES VAN TRAS LOS ZETAS ASESINOS

Para el 25 de agosto ya se habían desplegado las tropas del Ejército mexicano en una vasta zona cercana a la frontera con Estados Unidos, pues comenzó la búsqueda de los responsables de la que, hasta ese momento, sería calificada como la peor masacre perpetrada en la cada vez más violenta guerra del y contra el narcotráfico.

Elementos fuertemente armados a bordo de vehículos blindados transitaban por localidades de la región fronteriza con Texas, mientras helicópteros realizaban sobrevuelos después del hallazgo de los 72 cadáveres en un rancho del norte del país.

Luego de varios días de ocurrido el homicidio de los indocumentados, algunos funcionarios declararon que los investigadores aún examinaban la escena y, por tal motivo, aún no habían retirado los cadáveres del rancho.

DESAPARECE FISCAL QUE INVESTIGABA LA MASACRE

Trascendió que luego de que comenzaron las investigaciones, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJE) informó que el agente del Ministerio Público en San Fernando, Roberto Jaime Suárez Vázquez, estaba desaparecido; no obstante, medios no oficiales anunciaban el asesinato del fiscal, cuyo cuerpo habría sido encontrado decapitado junto a otro sin identificar en la carretera al poblado de Méndez.

Pese a que medios nacionales habían informado desde temprana hora en sus portales de Internet sobre el hallazgo del cuerpo sin vida y decapitado del fiscal, para la Procuraduría, el agente investigador se encontraba en calidad de desaparecido, junto a un funcionario de Seguridad Pública.

El titular de la PGJE, Jaime Rodríguez Inurrigarro, indicó: “[Suárez Vázquez] se encuentra desaparecido desde la tarde del pasado miércoles, al igual que un funcionario de Seguridad Pública municipal”, aunque hasta el momento no existía denuncia sobre su desaparición, ni había más detalles ni especificaciones respecto a si había sido privado de su libertad por algún grupo armado.

El fiscal Roberto Jaime Suárez Vázquez inició las indagatorias sobre el hallazgo de 72 migrantes que fueron ejecutados en la bodega de un rancho ubicado en el ejido Huitzilac, de San Fernando, Tamaulipas, matanza que desató una ola de indignación, no sólo en el país sino a nivel internacional.

OTRO SOBREVIVIENTE;DISPUTA DIPLOMÁTICA

En un video fue difundida la querella que sostenían los funcionarios de Honduras y Ecuador, debido a que se había filtrado información sobre otro sobreviviente de la masacre.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló la existencia de otro sobreviviente de nacionalidad hondureña, pero por seguridad no quiso emitir mayores detalles. Tras la declaración de Correa, la Procuraduría mexicana confirmó la información. El hecho fue calificado por la cancillería hondureña como “irresponsable”.

“Lamentamos la irresponsabilidad con que esta noticia salió al aire, particularmente porque un alto dignatario debería darse cuenta cuándo debe hablar, cuándo debe ser prudente y cuándo sus palabras ponen en riesgo la vida de las personas”, dijo el canciller de Honduras, Mario Canahuati.

En respuesta, la cancillería ecuatoriana rechazó “los inaceptables calificativos del ilegítimo gobierno de Honduras” y aseguró que la reacción de Tegucigalpa responde a la posición de Quito de no reconocer al actual gobierno del país centroamericano.

HOMICIDIOS Y DESAPARICIONES EN ZONA DE GUERRA

El 7 de septiembre de 2010, la PGJ del Estado de Tamaulipas confirmó el deceso del fiscal que inició con las indagatorias de la masacre en San Fernando, así como del secretario de Seguridad Pública del lugar, Juan Carlos Suárez Sánchez; sus cuerpos fueron hallados en el paraje cercano a la localidad de Comas Altas, perteneciente al municipio de Méndez.

Ambos funcionarios se encontraban en calidad de desaparecidos desde el 24 de agosto, y fuentes no oficiales se encargaron de difundir la versión de que habían sido ajusticiados.

Mediante un breve comunicado, la Procuraduría indicó que entre las pertenencias de ambos cuerpos se encontraron “identificaciones personales como credencial de elector, de la PGJ y del ayuntamiento de San Fernando”.

NOMBRES DE CUATRO SICARIOS QUE ACABARON CON LOS MIGRANTES

El miércoles 8 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) logró la detención y posterior arraigo de siete presuntos integrantes de Los Zetas, quienes estarían relacionados con los crímenes ocurridos el 23 de agosto en un rancho de El Huizachal, en San Fernando, Tamaulipas.

En un boletín de prensa, la PGR informó que dichos sujetos fueron capturados el 3 de septiembre por elementos de la Marina y que, en ese momento, se encontraban arraigados y a disposición del MP federal adscrito a la Dirección General de Coordinación de Averiguaciones Previas.

Los presuntos criminales respondían a los nombres de Víctor Alonso Reséndez Zertuche “El Vico”; Edgar Sesma Vega “El Tigre”; José Gustavo Blanco Padilla, “El Pizarrón” y Juan Manuel Cano Hernández “La Bella”.

Por motivos de seguridad y según se dijo, para no entorpecer los trabajos de investigación, la PGR se reservó los nombres de los otros tres detenidos, los cuales, según lo dio a conocer el vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré, fueron capturados días después de que personal castrense detuvo a los cuatro presuntos zetas, cuyos nombres ya se revelaron.

A los detenidos se les decomisó tres vehículos, cuatro armas largas, 70 cargadores para arma de fuego de diversos calibres, 3,419 cartuchos, dos granadas de mano, equipo de comunicación y protección balística; permanecieron en el centro de arraigos de la PGR, donde fueron sometidos a una serie de interrogatorios e investigaciones para determinar con exactitud cuál fue su participación en la matanza de los 72 indocumentados.

Asimismo, los Zetas también fueron interrogados para conocer la identidad de todos sus cómplices y saber quiénes, además de ellos, habían participado en la matanza, para capturarlos y, de esta forma, tratar de aclarar y, finalmente, aplicar todo el peso de la justicia a los responsables.

FUE UN CASO REALMENTE COMPLEJO Y SIN RESOLVERSE

De acuerdo con ciertas versiones, habrían sido algunos medios informativos los que plantearon la hipótesis de que de la masacre ya sabía la policía municipal, así como algunos reporteros locales desde el 23 de agosto; y no faltaron también las evidencias (supuestas o verídicas) sobre fotografías que habrían sido capturadas sin que alguna autoridad resguardara la zona del crimen.

Cabría recordar que el Cártel del Golfo había atacado a sus antiguos subordinados (pues los Zetas fungían como brazo armado del CDG); y, entonces, en el mes de febrero de 2010 ocurrió lo que se conoce como “El Alzamiento”, “La Vuelta” o “La Traición”.

Y, por otra parte, es probable que se supiera en todo momento sobre la matanza, ya fuera por medios locales o por la propia policía, ya que, de acuerdo con información de autoridades estadounidenses, las fuerzas locales no actuaban contra el grupo criminal, ya que la policía municipal de San Fernando estaba completamente penetrada por los Zetas.

La matanza marcó un antes y un después en relación con las migraciones, pero también la magnitud del fenómeno del narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero y el crimen organizado en general.

AQUÍ NO HAY DIOS, SÓLO ESTAMOS NOSOTROS, DECÍAN LOS ZETAS

Con base en las investigaciones, quedó establecido que la masacre había sido perpetrada por los Zetas. Justo en esa coyuntura que se había dado entre el recién formado grupo criminal, una vez que se había separado del Cartel del Golfo.

De tal suerte que el nuevo órgano criminal comenzó a controlar desde Tamaulipas a Guatemala y para presentarse ante los medios y la sociedad, eligió sembrar el terror con base en las cruentas matanzas. Así pues, con el transcurrir de los meses se supo que la de San Fernando no había sido una masacre aislada y única, sino tan sólo el evento que fue difundido con mayor celeridad, pero en realidad había ya una larga lista de desapariciones, ejecuciones, matanzas y enfrentamientos con los militares.

No bien apenas comenzaba a configurarse una explicación sobre el fenómeno de la criminalidad contra los migrantes en el asesinato de los 72, cuando tan sólo ocho meses después se descubrieron alrededor de 196 cadáveres más enterrados en 47 fosas clandestinas únicamente en San Fernando, hecho que consternaba a los pobladores, quienes decían que lamentaban que su lugar de origen fuera conocido por estos hechos.

Era una realidad que en 2010 los Zetas ya habían superado a sus antiguos jefes en territorio y fuerza, por lo cual la pugna por el territorio y el control se desató entre el CDG, que buscaba sobrevivir, pues sólo conservaba algunos bastiones de Matamoros y Reynosa, así como al sur de Tamaulipas, porque todo lo demás era territorio zeta.

Cada bando tenía un plan para llevar a cabo y era claro, para el CDG no había más que resistir y esperar a que sus aliados recientes (el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana) debilitaran a los Zetas, además de contraatacar y expandirse cuando fuera posible.

Pero al final de toda esta compleja red de asesinatos y alianzas del crimen organizado, para la resolución del caso de los 72 indocumentados asesinados llegó una luz a mediados de julio de 2011, cuando se detuvo a Édgar Huerta Montiel “El Wache”, jefe de la plaza de San Fernando durante la matanza.

Como los Zetas temían que entre los migrantes llegaran refuerzos del Cártel de Sinaloa o de La Familia Michoacana, las órdenes de Heriberto Lazcano “El Lazca” a Salvador Alfonso Martínez Escobedo “El Comandante Ardilla”, jefe regional de la organización, era revisar a los migrantes para localizar posibles enemigos.

Así pues, de acuerdo con el testimonio del principal sospechoso detenido y señalado como el orquestador de la matanza, en agosto de 2010, “El Moneneke” (Emanuel Larios), encargado de Ciudad Victoria, reportó a “El Coyote” sobre el avistamiento de dos camionetas doble rodada con gente.

Al llegar a San Fernando, La Ardilla dio la orden a El Kilo para que checara. El Kilo checó que eran indocumentados y se lo reportó eso a La Ardilla, quien al final de cuentas fue el que dio la orden Al Coyote de que mataran a todos.

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“Escuché el ruido que disparaban. Pensé que disparaban por ahí al lado, pero no. Escuché que disparaban a mis amigos y luego llegó disparándome a mí (...). Acabó de disparar y se fueron, mataron a todos”, relató el joven ecuatoriano, sobreviviente del cruel destino de aquel lejano día en San Fernando, Tamaulipas, quien salió de su pueblo natal para llegar al lugar común de los destinos y cumplir el sueño americano.

El camino, si bien desde Ecuador no había sido sencillo y sí lleno de penurias, a veces en soledad, casi desarraigado, pero con esperanza, una que al final fue inútil. Salió del suyo para encarar la muerte en un país que había declarado una guerra contra el narcotráfico.

El sobreviviente recuerda, con horror de quien salió con vida del mismo infierno, su travesía de más de dos semanas hasta llegar a la antesala de una vida mejor y cómo sorteó su destino por Honduras y Guatemala, pero casi al final de su viaje se tuvo que enfrentar con el camino, quizá el más largo en su vida, en una travesía de más de 10 horas hasta conseguir ayuda en un puesto de marinos en la carretera.

Recordaba la lluvia de balas y cómo, herido, caminó y caminó con la poca vida que le quedaba entre sus manos ensangrentadas. Y fueron más de 10 horas o una eternidad hasta encontrar ayuda.

“Caminé con dolor, pidiendo auxilio, nadie me quiso ayudar. Se hizo de día (...) vi a los marinos que estaban dormidos, a ellos les pedí ayuda”, declara en una entrevista, ya de regreso en su país y al lado de su esposa y familia.

Lo último que cuenta antes de que regrese a descansar de los horrores del pasado, es que fue un grupo denominado Los Zetas, el que masacró a 58 hombres y 14 mujeres: “Viajaban conmigo 72 y mató a todos […] Los Zetas están matando a mucha gente”.


PUEDES ESCUCHAR MÁS DEL CASO EN NUESTRO PODCAST ⬇️

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FUE EL ÚNICO SOBREVIVIENTE Y POR ÉL SE SUPO DEL CASO

De acuerdo con los reportes de las autoridades, se llevó a cabo la investigación derivada de lo que afirmó el único testigo de la matanza de 72 personas -perpetrada en el noreste de México- que asegura que los asesinados eran inmigrantes que querían llegar a Estados Unidos y fueron víctimas de un grupo armado, que identificó como el cártel de Los Zetas.

El testigo, quien a la postre se supo que era ecuatoriano, formaba parte del grupo y tras salir con vida del incidente, logró dar aviso a las autoridades de los acontecimientos ocurridos en un rancho cercano a la localidad de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.

De acuerdo con su relato y tras reponerse de una herida de bala en el cuello, los asesinados habían sido secuestrados por hombres armados, quienes los privaron de su libertad antes de alcanzar su objetivo de llegar a la frontera.

El sobreviviente dijo que habían sido Los Zetas y esta versión la informó el portavoz de la Marina, el contralmirante José Luis Vergara.


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DOS TRAGEDIAS EN MENOS DE UN AÑO

Entre el 22 y 23 de agosto de 2010 ocurrió lo que se conoce como la primera masacre de San Fernando, que fue un crimen cometido por Los Zetas, en el cual dilapidaron a 58 hombres y 14 mujeres inmigrantes, de acuerdo con las versiones más difundidas; los sicarios los asesinaron por la espalda y luego apilaron sus cuerpos.

Con base en las primeras indagatorias, se conoció que fueron finiquitados porque tras ser secuestrados no pagaron por su propio rescate y, por otra parte, se negaron a formar parte del grupo criminal.

De acuerdo con declaraciones de Poiré Romero: “Los hechos se dan en el entorno de una lucha encarnizada y sumamente violenta entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, que anteriormente operaban de manera coordinada y cuya lucha interna, desde finales del año pasado, ha traído consigo un incremento sustancial de la violencia en el noreste del país”.

Por su parte, el sobreviviente contaba que los miembros del grupo criminal les habían ofrecido trabajar para la organización por 500 dólares a la semana; de tal modo que los hombres tendrían que convertirse en pistoleros, en tanto que las mujeres serían empleadas domésticas; sin embargo, todos habrían declinado la oferta, salvo uno.

ABATEN EN OPERATIVO A MARINO Y A TRES DELINCUENTES; HAY UN DETENIDO

Tan pronto como se tuvo conocimiento de los hechos, de inmediato se organizó un operativo posterior al día de la masacre; por tal motivo, al filo de las 17:00 horas se logró ubicar un lugar a 22 kilómetros al este-noreste de San Fernando, Tamaulipas, donde encontraron los cuerpos sin vida de las 72 personas que viajaban junto con el sobreviviente.

Durante las acciones para llegar hasta el lugar, se cruzaron con un grupo de hostiles, con quienes intercambiaron metralla. El saldo fue de tres delincuentes muertos, uno detenido y, desafortunadamente, un marino de Infantería muerto en acción.

En el lugar, los marinos decomisaron seis carabinas M-4 calibre 5.56 milímetros; tres fusiles AK-47 calibre 7.62 milímetros; siete escopetas calibre .12 milímetros; cinco rifles calibre .22 milímetros; 101 cargadores para diversos calibres, dos cintas eslabonadas de munición calibre .50 milímetros; 6,649 cartuchos útiles, cuatro chalecos antibalas, uniformes camuflaje, fornituras y un casco. También cuatro camionetas, entre la que destacaba una clonada con matrícula apócrifa de la Sedena.

¿Y QUÉ DECÍA FELIPE CALDERÓN AL RESPECTO?

“Son unas bestias”, dijo en ese entonces el presidente Felipe Calderón, en entrevistas; asimismo, enfatizó que estos hechos eran una barbarie incalificable que demostraban que “estos tipos perdieron hace mucho no sólo los escrúpulos, sino cualquier dejo de razón…, ¡están totalmente locos! Por lo mismo, no me canso de decir que es una razón más poderosa para combatirlos y erradicarlos. No puedo decir, como presidente, a como dé lugar, pero me dan muchas ganas de decirlo”.

Subrayó que se trataba de: “no sé si gente, han rebasado cualquier mural de dignidad; no sé si por el efecto de las drogas, por una pérdida absoluta de sentido de la vida, se trata de un hecho pernicioso”. Asimismo declaró que de confirmarse lo señalado por el sobreviviente de esta tragedia, en el sentido de que pretendían (los delincuentes) reclutarlos por la fuerza, se reflejaría una “hipótesis de que hay un signo de próxima debilidad”, sin embargo, precisó, “yo no me atrevería a decir que es un signo de que se vaya ganando”.

A esto, el presidente Calderón expuso que la explicación fundamental es la violencia y el grado de falta de escrúpulo y de respeto por la vida, “casi diría yo la locura, a la que están llegando los grupos criminales en su afán, primero era por apoderarse de territorios para ejercer su criminalidad luego por rivalidades que se han dado precisamente de unos cárteles contra otros”. En cuanto al acceso que se ha tenido sobre el sobreviviente de la masacre, el Ejecutivo Federal enfatizó que se tendrá que investigar “por qué ocurre eso”, pues “me preocupa” ya que “yo di la orden que se cuidara la identidad del testigo, que no se reprodujeran imágenes del testigo y mucho menos su nombre”.

MILITARES VAN TRAS LOS ZETAS ASESINOS

Para el 25 de agosto ya se habían desplegado las tropas del Ejército mexicano en una vasta zona cercana a la frontera con Estados Unidos, pues comenzó la búsqueda de los responsables de la que, hasta ese momento, sería calificada como la peor masacre perpetrada en la cada vez más violenta guerra del y contra el narcotráfico.

Elementos fuertemente armados a bordo de vehículos blindados transitaban por localidades de la región fronteriza con Texas, mientras helicópteros realizaban sobrevuelos después del hallazgo de los 72 cadáveres en un rancho del norte del país.

Luego de varios días de ocurrido el homicidio de los indocumentados, algunos funcionarios declararon que los investigadores aún examinaban la escena y, por tal motivo, aún no habían retirado los cadáveres del rancho.

DESAPARECE FISCAL QUE INVESTIGABA LA MASACRE

Trascendió que luego de que comenzaron las investigaciones, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJE) informó que el agente del Ministerio Público en San Fernando, Roberto Jaime Suárez Vázquez, estaba desaparecido; no obstante, medios no oficiales anunciaban el asesinato del fiscal, cuyo cuerpo habría sido encontrado decapitado junto a otro sin identificar en la carretera al poblado de Méndez.

Pese a que medios nacionales habían informado desde temprana hora en sus portales de Internet sobre el hallazgo del cuerpo sin vida y decapitado del fiscal, para la Procuraduría, el agente investigador se encontraba en calidad de desaparecido, junto a un funcionario de Seguridad Pública.

El titular de la PGJE, Jaime Rodríguez Inurrigarro, indicó: “[Suárez Vázquez] se encuentra desaparecido desde la tarde del pasado miércoles, al igual que un funcionario de Seguridad Pública municipal”, aunque hasta el momento no existía denuncia sobre su desaparición, ni había más detalles ni especificaciones respecto a si había sido privado de su libertad por algún grupo armado.

El fiscal Roberto Jaime Suárez Vázquez inició las indagatorias sobre el hallazgo de 72 migrantes que fueron ejecutados en la bodega de un rancho ubicado en el ejido Huitzilac, de San Fernando, Tamaulipas, matanza que desató una ola de indignación, no sólo en el país sino a nivel internacional.

OTRO SOBREVIVIENTE;DISPUTA DIPLOMÁTICA

En un video fue difundida la querella que sostenían los funcionarios de Honduras y Ecuador, debido a que se había filtrado información sobre otro sobreviviente de la masacre.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló la existencia de otro sobreviviente de nacionalidad hondureña, pero por seguridad no quiso emitir mayores detalles. Tras la declaración de Correa, la Procuraduría mexicana confirmó la información. El hecho fue calificado por la cancillería hondureña como “irresponsable”.

“Lamentamos la irresponsabilidad con que esta noticia salió al aire, particularmente porque un alto dignatario debería darse cuenta cuándo debe hablar, cuándo debe ser prudente y cuándo sus palabras ponen en riesgo la vida de las personas”, dijo el canciller de Honduras, Mario Canahuati.

En respuesta, la cancillería ecuatoriana rechazó “los inaceptables calificativos del ilegítimo gobierno de Honduras” y aseguró que la reacción de Tegucigalpa responde a la posición de Quito de no reconocer al actual gobierno del país centroamericano.

HOMICIDIOS Y DESAPARICIONES EN ZONA DE GUERRA

El 7 de septiembre de 2010, la PGJ del Estado de Tamaulipas confirmó el deceso del fiscal que inició con las indagatorias de la masacre en San Fernando, así como del secretario de Seguridad Pública del lugar, Juan Carlos Suárez Sánchez; sus cuerpos fueron hallados en el paraje cercano a la localidad de Comas Altas, perteneciente al municipio de Méndez.

Ambos funcionarios se encontraban en calidad de desaparecidos desde el 24 de agosto, y fuentes no oficiales se encargaron de difundir la versión de que habían sido ajusticiados.

Mediante un breve comunicado, la Procuraduría indicó que entre las pertenencias de ambos cuerpos se encontraron “identificaciones personales como credencial de elector, de la PGJ y del ayuntamiento de San Fernando”.

NOMBRES DE CUATRO SICARIOS QUE ACABARON CON LOS MIGRANTES

El miércoles 8 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) logró la detención y posterior arraigo de siete presuntos integrantes de Los Zetas, quienes estarían relacionados con los crímenes ocurridos el 23 de agosto en un rancho de El Huizachal, en San Fernando, Tamaulipas.

En un boletín de prensa, la PGR informó que dichos sujetos fueron capturados el 3 de septiembre por elementos de la Marina y que, en ese momento, se encontraban arraigados y a disposición del MP federal adscrito a la Dirección General de Coordinación de Averiguaciones Previas.

Los presuntos criminales respondían a los nombres de Víctor Alonso Reséndez Zertuche “El Vico”; Edgar Sesma Vega “El Tigre”; José Gustavo Blanco Padilla, “El Pizarrón” y Juan Manuel Cano Hernández “La Bella”.

Por motivos de seguridad y según se dijo, para no entorpecer los trabajos de investigación, la PGR se reservó los nombres de los otros tres detenidos, los cuales, según lo dio a conocer el vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré, fueron capturados días después de que personal castrense detuvo a los cuatro presuntos zetas, cuyos nombres ya se revelaron.

A los detenidos se les decomisó tres vehículos, cuatro armas largas, 70 cargadores para arma de fuego de diversos calibres, 3,419 cartuchos, dos granadas de mano, equipo de comunicación y protección balística; permanecieron en el centro de arraigos de la PGR, donde fueron sometidos a una serie de interrogatorios e investigaciones para determinar con exactitud cuál fue su participación en la matanza de los 72 indocumentados.

Asimismo, los Zetas también fueron interrogados para conocer la identidad de todos sus cómplices y saber quiénes, además de ellos, habían participado en la matanza, para capturarlos y, de esta forma, tratar de aclarar y, finalmente, aplicar todo el peso de la justicia a los responsables.

FUE UN CASO REALMENTE COMPLEJO Y SIN RESOLVERSE

De acuerdo con ciertas versiones, habrían sido algunos medios informativos los que plantearon la hipótesis de que de la masacre ya sabía la policía municipal, así como algunos reporteros locales desde el 23 de agosto; y no faltaron también las evidencias (supuestas o verídicas) sobre fotografías que habrían sido capturadas sin que alguna autoridad resguardara la zona del crimen.

Cabría recordar que el Cártel del Golfo había atacado a sus antiguos subordinados (pues los Zetas fungían como brazo armado del CDG); y, entonces, en el mes de febrero de 2010 ocurrió lo que se conoce como “El Alzamiento”, “La Vuelta” o “La Traición”.

Y, por otra parte, es probable que se supiera en todo momento sobre la matanza, ya fuera por medios locales o por la propia policía, ya que, de acuerdo con información de autoridades estadounidenses, las fuerzas locales no actuaban contra el grupo criminal, ya que la policía municipal de San Fernando estaba completamente penetrada por los Zetas.

La matanza marcó un antes y un después en relación con las migraciones, pero también la magnitud del fenómeno del narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero y el crimen organizado en general.

AQUÍ NO HAY DIOS, SÓLO ESTAMOS NOSOTROS, DECÍAN LOS ZETAS

Con base en las investigaciones, quedó establecido que la masacre había sido perpetrada por los Zetas. Justo en esa coyuntura que se había dado entre el recién formado grupo criminal, una vez que se había separado del Cartel del Golfo.

De tal suerte que el nuevo órgano criminal comenzó a controlar desde Tamaulipas a Guatemala y para presentarse ante los medios y la sociedad, eligió sembrar el terror con base en las cruentas matanzas. Así pues, con el transcurrir de los meses se supo que la de San Fernando no había sido una masacre aislada y única, sino tan sólo el evento que fue difundido con mayor celeridad, pero en realidad había ya una larga lista de desapariciones, ejecuciones, matanzas y enfrentamientos con los militares.

No bien apenas comenzaba a configurarse una explicación sobre el fenómeno de la criminalidad contra los migrantes en el asesinato de los 72, cuando tan sólo ocho meses después se descubrieron alrededor de 196 cadáveres más enterrados en 47 fosas clandestinas únicamente en San Fernando, hecho que consternaba a los pobladores, quienes decían que lamentaban que su lugar de origen fuera conocido por estos hechos.

Era una realidad que en 2010 los Zetas ya habían superado a sus antiguos jefes en territorio y fuerza, por lo cual la pugna por el territorio y el control se desató entre el CDG, que buscaba sobrevivir, pues sólo conservaba algunos bastiones de Matamoros y Reynosa, así como al sur de Tamaulipas, porque todo lo demás era territorio zeta.

Cada bando tenía un plan para llevar a cabo y era claro, para el CDG no había más que resistir y esperar a que sus aliados recientes (el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana) debilitaran a los Zetas, además de contraatacar y expandirse cuando fuera posible.

Pero al final de toda esta compleja red de asesinatos y alianzas del crimen organizado, para la resolución del caso de los 72 indocumentados asesinados llegó una luz a mediados de julio de 2011, cuando se detuvo a Édgar Huerta Montiel “El Wache”, jefe de la plaza de San Fernando durante la matanza.

Como los Zetas temían que entre los migrantes llegaran refuerzos del Cártel de Sinaloa o de La Familia Michoacana, las órdenes de Heriberto Lazcano “El Lazca” a Salvador Alfonso Martínez Escobedo “El Comandante Ardilla”, jefe regional de la organización, era revisar a los migrantes para localizar posibles enemigos.

Así pues, de acuerdo con el testimonio del principal sospechoso detenido y señalado como el orquestador de la matanza, en agosto de 2010, “El Moneneke” (Emanuel Larios), encargado de Ciudad Victoria, reportó a “El Coyote” sobre el avistamiento de dos camionetas doble rodada con gente.

Al llegar a San Fernando, La Ardilla dio la orden a El Kilo para que checara. El Kilo checó que eran indocumentados y se lo reportó eso a La Ardilla, quien al final de cuentas fue el que dio la orden Al Coyote de que mataran a todos.

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