/ viernes 26 de noviembre de 2021

Caso Tlatlaya: Los abatieron a mansalva adentro de una bodega

La investigación inicial menciona que, tras la balacera, sonaron tiros aislados dentro de la bodega, lo que se presume fue una ejecución de presuntos delincuentes

Poco tiempo antes de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrió un evento de la misma magnitud, pero en diferente latitud y con distinta intensidad.

Se trata de un supuesto enfrentamiento que habrían sostenido las fuerzas armadas con un grupo delictivo que, de acuerdo con información inicial, mantenía cautivas a varias personas.

De tal modo, a través de las páginas de La Prensa se dio a conocer la noticia de lo ocurrido aquel 30 de junio de 2014, cuando un total de veintidós presuntos integrantes de una organización criminal fueron abatidos por elementos del ejército mexicano durante un enfrentamiento en una bodega del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Es de llamar la atención dos cuestiones: la primera, en relación con la intervención de fuerzas militares en una acción contra supuestos hostiles fuertemente armados, en la cual acabaron con la vida de un grupo de personas, pero donde sólo un militar resultó herido; la segunda tiene que ver con la mención de un grupo delictivo que meses más tarde fue señalado en otro evento catastrófico y nefando, Guerreros Unidos, pues se mencionó que los ultimados en ese supuesto enfrentamiento presuntamente pertenecían a esa organización delictiva.

El evento en sí mismo fue noticia de primera plana, pero en los días y semanas subsecuentes no hubo una mención más sobre lo ocurrido, como si nada hubiera pasado, como si la vida de 22 personas pasara desapercibida al ser acribilladas brutalmente.

Lo que se supo en ese momento fue que durante la acción, los militares rescataron a tres mujeres que se encontraban secuestradas por los presuntos integrantes de ese grupo delictivo y, durante la refriega, un elemento de las fuerzas militares resultó lesionado.

Las tres mujeres liberadas por los militares -puesto que según se dijo se encontraban privadas de su libertad- fueron remitidas ante las autoridades ministeriales para que rindieran su declaración, en relación con la forma en que habrían sido víctimas de plagio.

Desde un principio en cómo se fue articulando el caso, hubo ciertas incertidumbres respecto a los hechos. ¿Por qué habrían secuestrado a tres mujeres?; ¿Quiénes eran?; ¿hubo petición de algún rescate? ¿Por qué las llevaron al ministerio en lugar de brindarles todo el apoyo como víctimas?

Fue la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que a través de un comunicado dio a conocer el suceso, en el cual informó:

“la Comandancia de la XXII Zona Militar aproximadamente a las 5:30 horas, en inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, México, personal militar al realizar reconocimientos terrestres ubicó una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego, por lo que el personal castrense repelió dicha agresión”.

Y aunque a este suceso no se le dio mayor cobertura en general, se sabe que al lugar de los hechos acudieron peritos y agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes se dieron a la tarea de realizar las actuaciones de ley que ameritaba el caso.

No obstante, pasaron algunas semanas hasta que se miró de nuevo hacia este caso extraño, y fue debido a la investigación de un reportero que acudió al lugar y observó ciertas peculiaridades que ponían en tela de juicio las declaraciones oficiales.

Agradeció Eruviel la acción del ejército

El día posterior al que se registraron las agresiones, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, reconoció y agradeció la labor del ejército mexicano “por actuar con firmeza para combatir a los delincuentes, tal como ocurrió en el rescate de tres personas que se encontraban secuestradas en el municipio de Tlatlaya”.

Asimismo, en consonancia con la línea en seguridad del gobierno federal, afirmó que la actuación de los militares formaba parte de los resultados de la Estrategia Integral de Seguridad que realizaba el gobierno estatal, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, la Policía Federal, así como con los municipios, para combatir la delincuencia y la inseguridad.

Por otra parte, aún sin tener un profundo conocimiento del caso, por omisión o por decisión u órdenes superiores, refirió que en Tlatlaya el ejército “tuvo una valiente presencia y acción [...y] en su legítima defensa, actuó y abatió a los delincuentes”.

Quizás en sus declaraciones habría sido más pertinente referirse a los abatidos como presuntos, porque afirmarlo categóricamente en lo inmediato no se justificaba.

En busca de la verdad y tras los culpables

El caso Tlatlaya pasó casi desapercibido por algún tiempo, no obstante, comenzó a hacerse presente luego de ciertas interrogantes que fueron surgiendo con base en reportajes que vieron la luz sobre el caso.

Además, se trataba de un tema delicado, puesto que referirse al ejército siempre resulta complejo, debido al poco acceso a su información interna, que incluso se mantiene o se prefiere confidencial.

Sin embargo, cuando intervinieron periodistas y asociaciones de derechos humanos de otros países en su difusión masiva, ya no hubo hacia dónde desviar las miradas. En este sentido, permaneció la afirmación del entonces secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, acerca de que la Procuraduría General de la República “hará lo que tenga que hacer” para hallar a los responsables de los actos barbáricos. Y, en el mismo sentido, Jesús Murillo Karam añadió: “lo que se tenga que hacer ‘para llegar a la verdad’”.

Aunque más tarde se constató -o ha sido la misma Historia la que ha desmentido- que la verdad que habían contado parecía mera simulación, ya que al final sus declaraciones, afirmaciones, investigaciones, con el paso de los años fueron seriamente cuestionadas y anuladas.

Pero pronto, el deseo de saber qué fue lo que pasó realmente aquella madrugada en Tlatlaya se incrementó debido quizá a dos factores: por una parte, la organización Human Rights Watch (HRW) lanzó una condena que partía de la premisa acerca de que el saldo -un solo herido entre los militares- no guardaba “proporcionalidad” -por 22 bajas de los presuntos delincuentes-.

Pero, quizá lo que más conmocionó al propio ejército fue saber que había una testigo que afirmaba que los presuntos delincuentes habían sido asesinados con el tiro de gracia.

Y la duda sobre una verdad velada se tambaleaba al contemplar las fotografías conocidas, en donde se apreciaban manchas de sangre sobre la pared que no correspondían con lo dicho por las autoridades.

Aseguró Osorio Chong que la investigación sería transparente

En comparecencia ante diputados federales el 26 de septiembre de 2014 sobre el enfrentamiento acontecido en junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, con saldo de 22 muertos, refirió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) sería transparente y que, de comprobarse conductas inapropiadas de militares, sería un caso aislado y no reflejaría el comportamiento de las fuerzas armadas.

Luego de comparecer ante diputados federales, señaló que la averiguación del enfrentamiento armado entre elementos del ejército y presuntos integrantes del crimen organizado, nunca se cerró -pese a que todavía no acababa la investigación cuando se decidió que el caso iría a reserva por nueve años.

Refirió Osorio Chong que la PGR siguió con la investigación del caso y la averiguación previa quedó abierta en todo momento; además, aludió a que el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, tomó una decisión “muy importante” al detener de manera precautoria a ocho de los militares que participaron en el enfrentamiento en Tlatlaya, para que la PGR pudiera hacer la investigación respectiva.

Y declaró: “si sucediera que hay algo que señalar respecto a la actuación de este grupo de miembros del ejército nacional, será la excepción porque tenemos un gran ejército y por eso tenemos que trabajar para que si sucede este tipo de cuestiones se pueda observar que es sólo una acción aislada”.


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Ordena PGR detener a tres militares

El 30 de septiembre de 2014, en plena efervescencia por el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la aprehensión de tres militares por homicidio en el caso Tlatlaya, informó en conferencia de prensa Jesús Murillo Karam, quien además refirió que se contaba con suficientes elementos para determinar que hubo exceso de la fuerza.

De acuerdo con Murillo, de las pruebas periciales y el interrogatorio a testigos y participantes, quedaba claro que sí hubo enfrentamiento entre personal militar y un grupo de delincuentes, el cual habría durado entre ocho y 10 minutos; sin embargo, ingresaron, tras esa refriega, tres elementos militares, quienes realizaron una secuencia nueva de disparos sin justificación alguna.

Durante la conferencia, el procurador dio algunos detalles sobre el proceso contra los tres militares, de los ocho detenidos por el caso Tlatlaya por el delito de homicidio, puesto que al concluir el intercambio de disparos, tres militares habrían ingresado a la bodega y realizado una secuencia nueva de balazos.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó inconsistencias en cuanto al protocolo de actuación, como el hecho de ser una sola camioneta y un grupo reducido. Con los elementos obtenidos, dijo la PGR, se tomó la determinación de solicitar al juez la orden de aprehensión de los tres elementos que dispararon, independientemente de las averiguaciones de Sedena, contra este grupo de militares por otros delitos.

Aclaró que la orden de aprehensión por homicidio es sólo contra los tres elementos que dispararon. “Tenemos suficientes elementos para determinar que hubo exceso de la fuerza”, dijo.

¿Bajo reserva o esclarecimiento?

A principios de octubre de 2014 la sangre corría como río por las venas abiertas de la república mexicana, en especial en tierra caliente; el combate al crimen dejaba su estela de muerte y tras ésta, la imagen de los soldados que parecían estar excedidos en su labor de combatir al crimen organizado, hasta llegar a matar.

Analistas especializados, en su momento, hablaron respecto a que los soldados que dispararon -como lo dijo Murillo Karam- “sin ningún motivo”, llevaban una orden de no “tomar prisioneros”, un código “rojo” militar que presuntamente los obligaría a disparar.

Lo que estaba en juego, junto con razones políticas, y más que el prestigio de los militares, era mantener las apariencias intactas, hacer como que se cumplía con el deber a toda cosa y lo de menos serían los daños colaterales.

Las afirmaciones de Osorio Chong sobre que estos hechos ocurridos en Tlatlaya eran “aislados”, no parecía tener validez, si a este evento que databa de hacía casi cuatro meses se le añadía el reciente crimen contra los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.

Y mientras los ojos del mundo volteaban hacia Ayotzinapa, Tlatlaya esperaba también a ser esclarecida, pese a que las fuerzas castrenses mantenían su postura impasible; incluso el general Cienfuegos salió a declarar que “sus hombres” no habían hecho nada fuera de sus funciones.

Pero luego de cuatro meses, llegó un atisbo de justicia, porque al menos se reconocía la participación del ejército en la masacre de Tlatlaya y se había logrado detener a varios elementos de la milicia, quienes esperarían su cita con la justicia.

Así pues, fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la encargada de dar a conocer que 15 de las 22 personas muertas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014 habían sido privadas de su vida por fuerzas federales, a pesar de que se habían rendido.

El asesinato de aquellas 22 personas por parte de elementos del ejército constituía una de las peores violaciones a los Derechos Humanos, por lo que se emitió la recomendación 51/2014 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del Estado de México.

Con la emisión de la recomendación se logró acreditar que en esas acciones, algunos elementos militares privaron arbitrariamente de la vida a las personas que se encontraban ya rendidas, luego de un enfrentamiento que no duró más de 10 minutos.

El día de los hechos en Tlatlaya, se alteró la escena del crimen con la intención de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento, lo cual no ocurrió tal como lo narró en su momento el comunicado que ofreció la Sedena tras la matanza.

De tal suerte que los cuerpos habrían sido movidos de la ubicación en donde se encontraban y cambiados de posición, además que se habrían sustraído de la escena del crimen tanto teléfonos como equipo de telecomunicación, es decir, se había “limpiado” en cierto sentido y acomodado la escena tétrica de horror.

¿Qué ocurrió realmente?

De acuerdo con la recomendación que emitió la CNDH, durante la madrugada del 30 de junio de 2014, ocho militares pertenecientes al 102 batallón de infantería efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera federal número 2. Cuando circulaban por los alrededores del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya, pasaron frente a una construcción en obra negra que no tenía puertas y parecía ser una bodega.

El sargento segundo de infantería se dio cuenta de que había una persona armada cuidando las inmediaciones del inmueble y, además, había tres vehículos adentro; por tal motivo, informó a sus compañeros y detuvieron la marcha del vehículo en el que viajaban.

Alrededor de las 4:20 horas daría inicio el enfrentamiento, con base en el testimonio de cinco vecinos de San Pedro Limón. En este sentido, comenta la CNDH, el testimonio más fiel es el de un hombre que vivía a unos 130 metros de la bodega donde ocurrieron los hechos.

¿Quién comenzó el fuego cruzado?

De acuerdo con el testimonio de los militares, ellos habrían sido quienes primero recibieron las agresiones por parte de las personas que estaban adentro de la bodega y, por tal motivo, repelieron el ataque.

No obstante, lo relatado por las fuerzas castrenses se invalida con la versión que aportó una sobreviviente y testigo de los hechos, puesto que de acuerdo con lo que ella vivió y vio, habrían sido los militares quienes dispararon primero, mientras en el interior de la bodega al parecer todos dormían.

Sin determinar abiertamente quién comenzó la refriega, pero apuntando a que habría sido el ejército el responsable, la recomendación de la CNDH sí establece que el intercambio de disparos duro entre cinco y 10 minutos, ya que las personas en el interior de la bodega se rindieron pronto, pues esto fue lo que declararon tres mujeres sobrevivientes que presenciaron el enfrentamiento (las que presumiblemente afirmaban que habían sido plagiadas).

Sin embargo, las dudas comenzaron a surgir, ya que una de ellas declaró que estaba en la bodega porque había ido a buscar a su hija; en tanto que las otras dos dijeron que habían sido secuestradas.

Lo extraño o sobresaliente de este detalle es que esas dos mujeres terminaron presas debido a que -según la CNDH-, se obtuvieron sus primeras declaraciones mediante tortura con la finalidad de que aceptaran una relación con la gente que había fallecido en la bodega.

Un testigo, vecino de la zona, contó que aquella madrugada del 30 de junio escuchó dos tipos de disparos, unos que fueron pausados y otros disparos en ráfaga. Además, contó que alcanzó a escuchar gritos.

Al cabo de la duración de la balacera, los elementos militares esperaron afuera de la bodega alrededor de 20 minutos, más o menos, hasta que uno dio la orden de que ingresaran.

De tal suerte que entre las 4:50 y 5:00 horas, los milicos entraron a la bodega, aunque el número de los que ingresaron es incierto -si se sigue con lo que declara en la recomendación-, pero sí se establece que ahí encontraron en total a cinco personas, tres mujeres y otras dos personas amarradas, quienes presuntamente estarían en calidad de secuestrados.

A partir de ese momento, aproximadamente una hora, entre las 5:00 y 6:00 horas, se escucharon disparos aislados, según lo que contaron los vecinos. “Armas accionadas por el ejercito en contra de las personas rendidas”.

Así pues, con base en lo establecido por la CNDH, fue en ese lapso cuando ocurrió “la privación arbitraria de la vida de las personas que se encontraban al interior de la bodega”, con excepción de las tres mujeres sobrevivientes y los dos presuntos secuestrados.

Quizá sólo los militares y las mujeres que presenciaron los eventos saben la verdad, pero sus testimonios resultaron antitéticos, ya que las mujeres afirmaron que los militares entraron en la bodega donde ya se habían rendido y quedaron desarmados los que allí estaban.

No obstante, los fueron sacando uno por uno, luego los obligaron a hincarse y a decir su apodo, su edad, su ocupación, para finalmente dispararles.

Una de las mujeres contó que escuchó a un militar decir: “Los que estén vivos o heridos vuélvanles a disparar”. Y, finalmente, personal militar llamó a los dos presuntos secuestrados con el pretexto de tomarles una fotografía, pero les disparó igual que había hecho antes con los otros civiles.

¿Conclusión?

Doce personas habrían sido ejecutadas; tres “no es posible establecer sus posiciones originales porque fueron movidos de su ubicación, lo que hace pensar que fueron ejecutados”; cuatro resultaron heridos durante el enfrentamiento y tres en fuego cruzado.

Peritos de la CNDH elaboraron un mapa sobre cómo fueron encontrados los 22 cadáveres en la bodega, para “distinguir aquellos que tenían heridas muy probablemente producidas en un contexto de enfrentamiento, otros en fuego cruzado y otros privados de su vida ilegalmente”.

Zozobra e incertidumbre

Luego de más de un lustro de acontecido el caso Tlatlaya, en el año 2020 se resolvió que no había nungún elemento para ejercer acción penal contra ninguno de los implicados en la masacre ocurrida aquel 30 de junio de 2014.

La Fiscalía indicó que el proceso quedó cerrado luego de que se interrogó a los generales en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2020. Tres días más tarde, informó que se había analizado la información y no había indicios para sentenciar a nadie.

Por lo tanto, quedó una sombra de incertidumbre en torno a lo ocurrido. Fuero muchos años durante los cuales abogados civiles, así como integrantes del Centro Miguel Agustín Pro insistieron para poder interrogar a militares de alto rango vinculados con el asombroso caso de las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por elementos de las fuerzas armadas en aquel municipio del Estado de México.

Finalmente, creyeron ver una posibilidad para esclarecer los acontecimientos donde perdieron la vida 22 civiles cuando la Fiscalía dejó que se interrogara a cuatro generales, un cabo y un soldado.

De lo que se tuvo noticia, a demás de la impunidad en el caso: “fue que el encargado del Ejército en el sur del Estado de México, el general José Luis Sánchez León, supo de lo ocurrido desde las primeras horas de la mañana del 30 de junio de 2014, poco después de las ejecuciones. […] El general había dicho que aquel día estaba de vacaciones y que sólo supo de lo ocurrido por partes informativos. Sánchez León […] reconoce además que estuvo en el lugar de los hechos el mismo día en que ocurrieron. Su presencia allí se desconocía hasta ahora.” (Ferri, 2020)

Una de las premisas que tiene preeminencia en los interrogatorios responde a la cuestión de la orden sobre la que actuaron los militares involucrados.

Se tuvo conocimiento de que el 11 de junio de 2014, un mando superior del batallón al que pertenecían los involucrados firmó una “orden de relevo”, en la cual se ordenaba su traslado a un cuartel satélite y se les daba directrices sobre cómo actuar, todo lo cual estaba vigente en el momento del enfrentamiento.

Por ejemplo, decía en un apartado: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Durante los interrogatorios del 29 de septiembre de 2020 se le planteó al general de mayor rango en la cadena de mando el día de los hechos, “qué actitud debían mostrar los soldados ante órdenes como la que estaba vigente el 30 de junio de 2014. ‘Si no se cumplen las órdenes es un delito, es un delito militar no obedecer’, contestó.”

Un año después, el 30 de junio de 2021, la CNDH exhortó a través de un comunicado a autoridades del Edomex, la FGR y la Sedena a cumplir con deuda pendiente con las víctimas del caso Tlatlaya, toda vez que a siete años de los sucesos, aún se observa una grave falta de acciones que impiden el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño.

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La CNDH consideró que los derechos a la verdad, justicia y reparación son la respuesta que permitirá el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental.

De igual forma, la Comisión externó su preocupación respecto al contexto de violencia estructural generalizada por el que atraviesa el país, al cual se suma el uso de la fuerza letal por parte de elementos del Ejército Mexicano.

Por los hechos, siete militares involucrados en la matanza fueron detenidos en 2015 y liberados poco después luego de que un fiscal determinara que no había evidencia suficiente.

Sin embargo, a principios de 2021, estos mismos efectivos fueron rehaprendidos, aunque cuatro de ellos salieron bajo fianza para continuar su proceso en libertad y tres más permanecen en una prisión militar en Ciudad de México.

Todos están acusados de ejercicio indebido del servicio público, y tres de ellos enfrentan además acusaciones por homicidio.

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Poco tiempo antes de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrió un evento de la misma magnitud, pero en diferente latitud y con distinta intensidad.

Se trata de un supuesto enfrentamiento que habrían sostenido las fuerzas armadas con un grupo delictivo que, de acuerdo con información inicial, mantenía cautivas a varias personas.

De tal modo, a través de las páginas de La Prensa se dio a conocer la noticia de lo ocurrido aquel 30 de junio de 2014, cuando un total de veintidós presuntos integrantes de una organización criminal fueron abatidos por elementos del ejército mexicano durante un enfrentamiento en una bodega del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Es de llamar la atención dos cuestiones: la primera, en relación con la intervención de fuerzas militares en una acción contra supuestos hostiles fuertemente armados, en la cual acabaron con la vida de un grupo de personas, pero donde sólo un militar resultó herido; la segunda tiene que ver con la mención de un grupo delictivo que meses más tarde fue señalado en otro evento catastrófico y nefando, Guerreros Unidos, pues se mencionó que los ultimados en ese supuesto enfrentamiento presuntamente pertenecían a esa organización delictiva.

El evento en sí mismo fue noticia de primera plana, pero en los días y semanas subsecuentes no hubo una mención más sobre lo ocurrido, como si nada hubiera pasado, como si la vida de 22 personas pasara desapercibida al ser acribilladas brutalmente.

Lo que se supo en ese momento fue que durante la acción, los militares rescataron a tres mujeres que se encontraban secuestradas por los presuntos integrantes de ese grupo delictivo y, durante la refriega, un elemento de las fuerzas militares resultó lesionado.

Las tres mujeres liberadas por los militares -puesto que según se dijo se encontraban privadas de su libertad- fueron remitidas ante las autoridades ministeriales para que rindieran su declaración, en relación con la forma en que habrían sido víctimas de plagio.

Desde un principio en cómo se fue articulando el caso, hubo ciertas incertidumbres respecto a los hechos. ¿Por qué habrían secuestrado a tres mujeres?; ¿Quiénes eran?; ¿hubo petición de algún rescate? ¿Por qué las llevaron al ministerio en lugar de brindarles todo el apoyo como víctimas?

Fue la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que a través de un comunicado dio a conocer el suceso, en el cual informó:

“la Comandancia de la XXII Zona Militar aproximadamente a las 5:30 horas, en inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, México, personal militar al realizar reconocimientos terrestres ubicó una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego, por lo que el personal castrense repelió dicha agresión”.

Y aunque a este suceso no se le dio mayor cobertura en general, se sabe que al lugar de los hechos acudieron peritos y agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes se dieron a la tarea de realizar las actuaciones de ley que ameritaba el caso.

No obstante, pasaron algunas semanas hasta que se miró de nuevo hacia este caso extraño, y fue debido a la investigación de un reportero que acudió al lugar y observó ciertas peculiaridades que ponían en tela de juicio las declaraciones oficiales.

Agradeció Eruviel la acción del ejército

El día posterior al que se registraron las agresiones, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, reconoció y agradeció la labor del ejército mexicano “por actuar con firmeza para combatir a los delincuentes, tal como ocurrió en el rescate de tres personas que se encontraban secuestradas en el municipio de Tlatlaya”.

Asimismo, en consonancia con la línea en seguridad del gobierno federal, afirmó que la actuación de los militares formaba parte de los resultados de la Estrategia Integral de Seguridad que realizaba el gobierno estatal, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, la Policía Federal, así como con los municipios, para combatir la delincuencia y la inseguridad.

Por otra parte, aún sin tener un profundo conocimiento del caso, por omisión o por decisión u órdenes superiores, refirió que en Tlatlaya el ejército “tuvo una valiente presencia y acción [...y] en su legítima defensa, actuó y abatió a los delincuentes”.

Quizás en sus declaraciones habría sido más pertinente referirse a los abatidos como presuntos, porque afirmarlo categóricamente en lo inmediato no se justificaba.

En busca de la verdad y tras los culpables

El caso Tlatlaya pasó casi desapercibido por algún tiempo, no obstante, comenzó a hacerse presente luego de ciertas interrogantes que fueron surgiendo con base en reportajes que vieron la luz sobre el caso.

Además, se trataba de un tema delicado, puesto que referirse al ejército siempre resulta complejo, debido al poco acceso a su información interna, que incluso se mantiene o se prefiere confidencial.

Sin embargo, cuando intervinieron periodistas y asociaciones de derechos humanos de otros países en su difusión masiva, ya no hubo hacia dónde desviar las miradas. En este sentido, permaneció la afirmación del entonces secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, acerca de que la Procuraduría General de la República “hará lo que tenga que hacer” para hallar a los responsables de los actos barbáricos. Y, en el mismo sentido, Jesús Murillo Karam añadió: “lo que se tenga que hacer ‘para llegar a la verdad’”.

Aunque más tarde se constató -o ha sido la misma Historia la que ha desmentido- que la verdad que habían contado parecía mera simulación, ya que al final sus declaraciones, afirmaciones, investigaciones, con el paso de los años fueron seriamente cuestionadas y anuladas.

Pero pronto, el deseo de saber qué fue lo que pasó realmente aquella madrugada en Tlatlaya se incrementó debido quizá a dos factores: por una parte, la organización Human Rights Watch (HRW) lanzó una condena que partía de la premisa acerca de que el saldo -un solo herido entre los militares- no guardaba “proporcionalidad” -por 22 bajas de los presuntos delincuentes-.

Pero, quizá lo que más conmocionó al propio ejército fue saber que había una testigo que afirmaba que los presuntos delincuentes habían sido asesinados con el tiro de gracia.

Y la duda sobre una verdad velada se tambaleaba al contemplar las fotografías conocidas, en donde se apreciaban manchas de sangre sobre la pared que no correspondían con lo dicho por las autoridades.

Aseguró Osorio Chong que la investigación sería transparente

En comparecencia ante diputados federales el 26 de septiembre de 2014 sobre el enfrentamiento acontecido en junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, con saldo de 22 muertos, refirió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) sería transparente y que, de comprobarse conductas inapropiadas de militares, sería un caso aislado y no reflejaría el comportamiento de las fuerzas armadas.

Luego de comparecer ante diputados federales, señaló que la averiguación del enfrentamiento armado entre elementos del ejército y presuntos integrantes del crimen organizado, nunca se cerró -pese a que todavía no acababa la investigación cuando se decidió que el caso iría a reserva por nueve años.

Refirió Osorio Chong que la PGR siguió con la investigación del caso y la averiguación previa quedó abierta en todo momento; además, aludió a que el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, tomó una decisión “muy importante” al detener de manera precautoria a ocho de los militares que participaron en el enfrentamiento en Tlatlaya, para que la PGR pudiera hacer la investigación respectiva.

Y declaró: “si sucediera que hay algo que señalar respecto a la actuación de este grupo de miembros del ejército nacional, será la excepción porque tenemos un gran ejército y por eso tenemos que trabajar para que si sucede este tipo de cuestiones se pueda observar que es sólo una acción aislada”.


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Ordena PGR detener a tres militares

El 30 de septiembre de 2014, en plena efervescencia por el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la aprehensión de tres militares por homicidio en el caso Tlatlaya, informó en conferencia de prensa Jesús Murillo Karam, quien además refirió que se contaba con suficientes elementos para determinar que hubo exceso de la fuerza.

De acuerdo con Murillo, de las pruebas periciales y el interrogatorio a testigos y participantes, quedaba claro que sí hubo enfrentamiento entre personal militar y un grupo de delincuentes, el cual habría durado entre ocho y 10 minutos; sin embargo, ingresaron, tras esa refriega, tres elementos militares, quienes realizaron una secuencia nueva de disparos sin justificación alguna.

Durante la conferencia, el procurador dio algunos detalles sobre el proceso contra los tres militares, de los ocho detenidos por el caso Tlatlaya por el delito de homicidio, puesto que al concluir el intercambio de disparos, tres militares habrían ingresado a la bodega y realizado una secuencia nueva de balazos.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó inconsistencias en cuanto al protocolo de actuación, como el hecho de ser una sola camioneta y un grupo reducido. Con los elementos obtenidos, dijo la PGR, se tomó la determinación de solicitar al juez la orden de aprehensión de los tres elementos que dispararon, independientemente de las averiguaciones de Sedena, contra este grupo de militares por otros delitos.

Aclaró que la orden de aprehensión por homicidio es sólo contra los tres elementos que dispararon. “Tenemos suficientes elementos para determinar que hubo exceso de la fuerza”, dijo.

¿Bajo reserva o esclarecimiento?

A principios de octubre de 2014 la sangre corría como río por las venas abiertas de la república mexicana, en especial en tierra caliente; el combate al crimen dejaba su estela de muerte y tras ésta, la imagen de los soldados que parecían estar excedidos en su labor de combatir al crimen organizado, hasta llegar a matar.

Analistas especializados, en su momento, hablaron respecto a que los soldados que dispararon -como lo dijo Murillo Karam- “sin ningún motivo”, llevaban una orden de no “tomar prisioneros”, un código “rojo” militar que presuntamente los obligaría a disparar.

Lo que estaba en juego, junto con razones políticas, y más que el prestigio de los militares, era mantener las apariencias intactas, hacer como que se cumplía con el deber a toda cosa y lo de menos serían los daños colaterales.

Las afirmaciones de Osorio Chong sobre que estos hechos ocurridos en Tlatlaya eran “aislados”, no parecía tener validez, si a este evento que databa de hacía casi cuatro meses se le añadía el reciente crimen contra los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.

Y mientras los ojos del mundo volteaban hacia Ayotzinapa, Tlatlaya esperaba también a ser esclarecida, pese a que las fuerzas castrenses mantenían su postura impasible; incluso el general Cienfuegos salió a declarar que “sus hombres” no habían hecho nada fuera de sus funciones.

Pero luego de cuatro meses, llegó un atisbo de justicia, porque al menos se reconocía la participación del ejército en la masacre de Tlatlaya y se había logrado detener a varios elementos de la milicia, quienes esperarían su cita con la justicia.

Así pues, fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la encargada de dar a conocer que 15 de las 22 personas muertas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014 habían sido privadas de su vida por fuerzas federales, a pesar de que se habían rendido.

El asesinato de aquellas 22 personas por parte de elementos del ejército constituía una de las peores violaciones a los Derechos Humanos, por lo que se emitió la recomendación 51/2014 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del Estado de México.

Con la emisión de la recomendación se logró acreditar que en esas acciones, algunos elementos militares privaron arbitrariamente de la vida a las personas que se encontraban ya rendidas, luego de un enfrentamiento que no duró más de 10 minutos.

El día de los hechos en Tlatlaya, se alteró la escena del crimen con la intención de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento, lo cual no ocurrió tal como lo narró en su momento el comunicado que ofreció la Sedena tras la matanza.

De tal suerte que los cuerpos habrían sido movidos de la ubicación en donde se encontraban y cambiados de posición, además que se habrían sustraído de la escena del crimen tanto teléfonos como equipo de telecomunicación, es decir, se había “limpiado” en cierto sentido y acomodado la escena tétrica de horror.

¿Qué ocurrió realmente?

De acuerdo con la recomendación que emitió la CNDH, durante la madrugada del 30 de junio de 2014, ocho militares pertenecientes al 102 batallón de infantería efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera federal número 2. Cuando circulaban por los alrededores del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya, pasaron frente a una construcción en obra negra que no tenía puertas y parecía ser una bodega.

El sargento segundo de infantería se dio cuenta de que había una persona armada cuidando las inmediaciones del inmueble y, además, había tres vehículos adentro; por tal motivo, informó a sus compañeros y detuvieron la marcha del vehículo en el que viajaban.

Alrededor de las 4:20 horas daría inicio el enfrentamiento, con base en el testimonio de cinco vecinos de San Pedro Limón. En este sentido, comenta la CNDH, el testimonio más fiel es el de un hombre que vivía a unos 130 metros de la bodega donde ocurrieron los hechos.

¿Quién comenzó el fuego cruzado?

De acuerdo con el testimonio de los militares, ellos habrían sido quienes primero recibieron las agresiones por parte de las personas que estaban adentro de la bodega y, por tal motivo, repelieron el ataque.

No obstante, lo relatado por las fuerzas castrenses se invalida con la versión que aportó una sobreviviente y testigo de los hechos, puesto que de acuerdo con lo que ella vivió y vio, habrían sido los militares quienes dispararon primero, mientras en el interior de la bodega al parecer todos dormían.

Sin determinar abiertamente quién comenzó la refriega, pero apuntando a que habría sido el ejército el responsable, la recomendación de la CNDH sí establece que el intercambio de disparos duro entre cinco y 10 minutos, ya que las personas en el interior de la bodega se rindieron pronto, pues esto fue lo que declararon tres mujeres sobrevivientes que presenciaron el enfrentamiento (las que presumiblemente afirmaban que habían sido plagiadas).

Sin embargo, las dudas comenzaron a surgir, ya que una de ellas declaró que estaba en la bodega porque había ido a buscar a su hija; en tanto que las otras dos dijeron que habían sido secuestradas.

Lo extraño o sobresaliente de este detalle es que esas dos mujeres terminaron presas debido a que -según la CNDH-, se obtuvieron sus primeras declaraciones mediante tortura con la finalidad de que aceptaran una relación con la gente que había fallecido en la bodega.

Un testigo, vecino de la zona, contó que aquella madrugada del 30 de junio escuchó dos tipos de disparos, unos que fueron pausados y otros disparos en ráfaga. Además, contó que alcanzó a escuchar gritos.

Al cabo de la duración de la balacera, los elementos militares esperaron afuera de la bodega alrededor de 20 minutos, más o menos, hasta que uno dio la orden de que ingresaran.

De tal suerte que entre las 4:50 y 5:00 horas, los milicos entraron a la bodega, aunque el número de los que ingresaron es incierto -si se sigue con lo que declara en la recomendación-, pero sí se establece que ahí encontraron en total a cinco personas, tres mujeres y otras dos personas amarradas, quienes presuntamente estarían en calidad de secuestrados.

A partir de ese momento, aproximadamente una hora, entre las 5:00 y 6:00 horas, se escucharon disparos aislados, según lo que contaron los vecinos. “Armas accionadas por el ejercito en contra de las personas rendidas”.

Así pues, con base en lo establecido por la CNDH, fue en ese lapso cuando ocurrió “la privación arbitraria de la vida de las personas que se encontraban al interior de la bodega”, con excepción de las tres mujeres sobrevivientes y los dos presuntos secuestrados.

Quizá sólo los militares y las mujeres que presenciaron los eventos saben la verdad, pero sus testimonios resultaron antitéticos, ya que las mujeres afirmaron que los militares entraron en la bodega donde ya se habían rendido y quedaron desarmados los que allí estaban.

No obstante, los fueron sacando uno por uno, luego los obligaron a hincarse y a decir su apodo, su edad, su ocupación, para finalmente dispararles.

Una de las mujeres contó que escuchó a un militar decir: “Los que estén vivos o heridos vuélvanles a disparar”. Y, finalmente, personal militar llamó a los dos presuntos secuestrados con el pretexto de tomarles una fotografía, pero les disparó igual que había hecho antes con los otros civiles.

¿Conclusión?

Doce personas habrían sido ejecutadas; tres “no es posible establecer sus posiciones originales porque fueron movidos de su ubicación, lo que hace pensar que fueron ejecutados”; cuatro resultaron heridos durante el enfrentamiento y tres en fuego cruzado.

Peritos de la CNDH elaboraron un mapa sobre cómo fueron encontrados los 22 cadáveres en la bodega, para “distinguir aquellos que tenían heridas muy probablemente producidas en un contexto de enfrentamiento, otros en fuego cruzado y otros privados de su vida ilegalmente”.

Zozobra e incertidumbre

Luego de más de un lustro de acontecido el caso Tlatlaya, en el año 2020 se resolvió que no había nungún elemento para ejercer acción penal contra ninguno de los implicados en la masacre ocurrida aquel 30 de junio de 2014.

La Fiscalía indicó que el proceso quedó cerrado luego de que se interrogó a los generales en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2020. Tres días más tarde, informó que se había analizado la información y no había indicios para sentenciar a nadie.

Por lo tanto, quedó una sombra de incertidumbre en torno a lo ocurrido. Fuero muchos años durante los cuales abogados civiles, así como integrantes del Centro Miguel Agustín Pro insistieron para poder interrogar a militares de alto rango vinculados con el asombroso caso de las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por elementos de las fuerzas armadas en aquel municipio del Estado de México.

Finalmente, creyeron ver una posibilidad para esclarecer los acontecimientos donde perdieron la vida 22 civiles cuando la Fiscalía dejó que se interrogara a cuatro generales, un cabo y un soldado.

De lo que se tuvo noticia, a demás de la impunidad en el caso: “fue que el encargado del Ejército en el sur del Estado de México, el general José Luis Sánchez León, supo de lo ocurrido desde las primeras horas de la mañana del 30 de junio de 2014, poco después de las ejecuciones. […] El general había dicho que aquel día estaba de vacaciones y que sólo supo de lo ocurrido por partes informativos. Sánchez León […] reconoce además que estuvo en el lugar de los hechos el mismo día en que ocurrieron. Su presencia allí se desconocía hasta ahora.” (Ferri, 2020)

Una de las premisas que tiene preeminencia en los interrogatorios responde a la cuestión de la orden sobre la que actuaron los militares involucrados.

Se tuvo conocimiento de que el 11 de junio de 2014, un mando superior del batallón al que pertenecían los involucrados firmó una “orden de relevo”, en la cual se ordenaba su traslado a un cuartel satélite y se les daba directrices sobre cómo actuar, todo lo cual estaba vigente en el momento del enfrentamiento.

Por ejemplo, decía en un apartado: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Durante los interrogatorios del 29 de septiembre de 2020 se le planteó al general de mayor rango en la cadena de mando el día de los hechos, “qué actitud debían mostrar los soldados ante órdenes como la que estaba vigente el 30 de junio de 2014. ‘Si no se cumplen las órdenes es un delito, es un delito militar no obedecer’, contestó.”

Un año después, el 30 de junio de 2021, la CNDH exhortó a través de un comunicado a autoridades del Edomex, la FGR y la Sedena a cumplir con deuda pendiente con las víctimas del caso Tlatlaya, toda vez que a siete años de los sucesos, aún se observa una grave falta de acciones que impiden el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño.

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La CNDH consideró que los derechos a la verdad, justicia y reparación son la respuesta que permitirá el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental.

De igual forma, la Comisión externó su preocupación respecto al contexto de violencia estructural generalizada por el que atraviesa el país, al cual se suma el uso de la fuerza letal por parte de elementos del Ejército Mexicano.

Por los hechos, siete militares involucrados en la matanza fueron detenidos en 2015 y liberados poco después luego de que un fiscal determinara que no había evidencia suficiente.

Sin embargo, a principios de 2021, estos mismos efectivos fueron rehaprendidos, aunque cuatro de ellos salieron bajo fianza para continuar su proceso en libertad y tres más permanecen en una prisión militar en Ciudad de México.

Todos están acusados de ejercicio indebido del servicio público, y tres de ellos enfrentan además acusaciones por homicidio.

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