“Acto ético es aquél que no perjudica la experiencia o la expectativa de felicidad de las otras personas”. Dalai Lama (2000). De acuerdo con la encuesta MCCI-Reforma 2020, la abrumadora mayoría de los ciudadanos afirma que la impunidad, la corrupción de gobernantes y políticos, le afecta mucho. Los ciudadanos perciben que los escándalos de corrupción afectan directamente sus interacciones con el gobierno. Un simple caso de esta cruel realidad es que los mexicanos vivimos en ciudades bache, el pésimo estado en que se encuentran calles, puentes y avenidas principales de la mayoría de ciudades de nuestro país, los famosos baches son; como la inseguridad, el desempleo, la salud, la economía, la impunidad y el mal gobierno, parte del irritable disgusto de millones de personas.
Una manera de ocultar la experiencia real de los ciudadanos frente a la corrupción es mediante un experimento de listas, que es una forma de aproximar la proporción de víctimas sin que los servidores públicos tenga que admitir frente al ciudadano, que es parte del problema. Así pues, el presidente de todos los mexicanos utiliza “las mañaneras” para mentir, dirigir, golpear, amedrentar e incluso distraer, aseverando en principio, el pasado 5 de agosto que, “atenderá 100 ciudades para acabar con los baches” y, minutos después, se deslinda y pasar el balón a los gobernadores y alcaldes.
Estamos de acuerdo, para la Administración pública, los servidores públicos son los encargados de cumplir con la misión institucional de cada una de las entidades gubernamentales. Por ello, es fundamental que su actuar sea ético y tenga como principio buscar el bien común como representantes del Estado ante la ciudadanía. Sin embargo, la impunidad generada en la actual administración, en los tres niveles de gobierno, origina conductas inmorales y prácticas desleales de los funcionarios hacia la ciudadanía.
La Ley es muy clara y existen sanciones aplicables por la irresponsabilidad y corrupción de servidores públicos, además de las que señalan las leyes como la suspensión, destitución e inhabilitación del servidor público, así como sanciones económicas, que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios obtenidos por el responsable, se establecen también los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a los ciudadanos. Es decir, sí se puede. Lo que vemos actualmente es mucha impunidad y falta de voluntad política. Pero el desconocimiento de la Ley no los exime de su responsabilidad. A diferencia de la vida cotidiana de los individuos, en la que eligen las conductas morales y deciden éticamente ponerlas en práctica, en el ámbito laboral de los servidores públicos es más que eso, es una obligación y un deber.
