Deben los gobiernos de la Ciudad de México y Estado de México resolver el problema del transporte público, entes de penalizar el uso del automóvil particular. Primero, se deberá acabar con el tema de la inseguridad, porque en camiones, micros y Urvan, los asaltos son un día sí y el otro también.
Hoy mismo los concesionarios del transporte público demandarán incremento a la tarifa; pero hace cinco años se les autorizó un amento significativo, pero las unidades no fueron renovadas, ni el personal capacitado.
Obligar a la gente a usar el transporte público colectivo, en este momento, es enviar más gente al matadero, darles más a los criminales que a diario operan en las diferentes rutas, para despojar a los usuarios de sus objetos de valor.
Está claro que el transporte público concesionado es insuficiente, ineficiente e inseguro; muchos de los operadores, además carecen de la preparación, lo cual se refleja en los diarios accidentes viales en los que se ven involucrados, con saldos cotidianos de personas muertas y heridas.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con base en un estudio que realizó con el organismo Sin Tráfico, reveló que el costo del congestionamiento vial en el Valle de México es de más de 47 mil millones de pesos por año.
Señala el estudio que las ciudades mexicanas no miden los efectos que la congestión vehicular tiene en la población, por lo que los habitantes pagan los altos costos que genera este problema provocado por la falta de políticas públicas e inversión para garantizar mejores servicios de transporte público.
Ello se traduce en desigualdades para los ciudadanos: los usuarios de transporte público pierden 69 mil millones de pesos en oportunidades de ingreso, mientras los que utilizan automóvil pierden 25 mil millones de pesos, a nivel nacional.
En términos de tiempo, el costo de la congestión es de 100 horas anuales promedio por persona: los usuarios del transporte público pierden 118 horas al año, mientras que quienes usan automóvil pierden 71 horas.
Dicho estudio propone, desincentivar el uso del automóvil a través de impuestos verdes: tenencia e impuesto sobre gasolinas.
Textualmente hay que decirlo: Los gobierno están obligados a invertir en transporte público seguro, eficiente y limpio conforme a la proporción de usuarios, antes de obstaculizar el uso del auto particular.
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