Las variables que inciden en una posible recomposición de la seguridad en nuestro país son numerosas y deberían funcionar con una eficacia pareja para que dieran resultados, cosa de enorme complejidad. Además, incluyen necesariamente cambios de la sociedad porque si bien hay obligaciones que corresponden al Gobierno, otras corresponden a la sociedad.
Pienso, por ejemplo, en las ideas y hábitos prevalecientes que permiten que los abusos de menores o la violencia hacia las mujeres sea infligida, mayormente, por personas conocidas o familiares.
Por eso es que aumentar las penas a los feminicidios y a aquellos delitos que están lastimando a la sociedad no tiene efectividad directa con la reducción de los mismos. Si bien un efectivo sistema de investigación de los delitos y de juzgamiento permite hacer justicia, la prevención no corresponde directamente a estos.
La reducción de los delitos sólo puede hacerse a través de la prevención y del trabajo eficaz de quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en sus bienes y en sus personas. Es decir, las Secretarías de seguridad pública estatales y federal, Guardia Nacional, policías estatales y federal, entre otras.
Son estas instituciones las que definen estrategias de prevención y están obligadas a realizar acciones encaminadas a la protección de los ciudadanos, tanto en los estados como a nivel federal y municipal. Para eso el gobierno dispone de numerosas instituciones, dinero y personas.
En la cúspide de esta estructura compleja, enorme, transversal, interinstitucional, está el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que encabeza el Presidente y en el que participan gobernadores y el Fiscal General, así como los secretarios de la defensa nacional, de gobernación y de la marina.
Además, recién iniciado, el gobierno federal creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que tiene al menos 25 facultades de enorme relevancia para la seguridad del país. Muy poco, sin embargo, sabemos del avance y de la efectividad de estas y menos sabemos acerca de cómo se deciden tales acciones, por ejemplo: si se trabaja sobre un mapa delictivo o sobre el entorno y las características de los feminicidios u homicidios o si se analizan factores de riesgo, o si se está integrando a la comunidad para contribuir a reducir el riesgo en la comisión de delitos.
“La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: el pacto básico entre éste y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos”, es lo que reza la publicación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República publicada en mayo de 2019.
Y añade: “Enfrentaremos el reto de la inseguridad, coordinadamente con las autoridades estatales y municipales. Sin repartir culpas ni eludir responsabilidades, sumaremos a las y los gobernadores de los estados y a las y los presidentes municipales en un trabajo conjunto, coordinado, eficaz y permanente con el propósito de garantizar mejores condiciones de seguridad en todos los niveles, con independencia del ámbito federal, estatal o municipal en que los delitos que se cometan”.
