A más de 20 meses del inicio de la pandemia, por primera vez, la mayor parte del país está en semáforo verde, lo que junto con el anuncio gubernamental de haber cumplido el objetivo de vacunación ha provocado cierto relajamiento en la población.
Durante la quincena del 1 al 15 de noviembre, 29 estados del país, incluida Ciudad de México y Estado de México, estarán en color verde del semáforo epidemiológico, por lo que solo Aguascalientes y Guanajuato permanecerán en color amarillo y Baja California en naranja.
El gobierno federal festeja que hasta el corte de 30 de octubre, se han aplicado 243 mil 451 dosis, para sumar 74 millones 607 mil 721 personas mayores de 18 años con al menos una vacuna. De ese total, 81% completó el esquema, lo que equivale a 60 millones 563 mil 545, y 14 millones 042 mil 176; es decir, 19% cuentan con una aplicación.
La gestión gubernamental de la pandemia ha dejado mucho que desear y en la etapa post pandemia nada indica que la situación sea diferente.
Entre los temas que empiezan a surgir está la vacunación infantil universal, no solo para los adolescentes de 12 a 17 años con algún tipo de comorbilidad, lo que finalmente tuvo que aceptar el gobierno morenista por la fuerte presión social.
Sin embargo, expertos nacionales y extranjeros advierten que en un futuro no lejano, todos los infantes deberán ser vacunados, porque el Covid-19 se quedará como un virus estacional.
Otro tema de preocupación es la gran diversidad de vacunas que se han aplicado en México, lo cual ha provocado que muchas personas que recibieron las vacunas Sputnik o CanSino y que requieren viajar a Estados Unidos o Europa, busquen aplicarse las vacuna Pfizer, Moderna, J&J o AstraZeneca, sin que hasta ahora, la autoridad sanitaria haya previsto un estudio que esté dando seguimiento a estos casos. Lo más probable es que desconozca esta situación.
Mientras la autoridad sanitaria se entretiene lanzando mensajes confusos sobre la capacidad inmunológica de los infantes y las vacunas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) alerta que los pasaportes sanitarios pueden ser empleados como herramienta de vigilancia masiva y discriminación, además de que el reconocimiento facial atenta contra el derecho a la privacidad.
