/ sábado 22 de agosto de 2020

Sector salud en terapia intensiva

El sector salud vive uno de los momentos más críticos en su historia reciente y resiste en terapia intensiva, los fuertes embates que sufre todos los días; mientras con su último aliento sortea la mortífera pandemia que ya acumula 60 mil defunciones y más de medio millón de contagios.

El Covid-19 solo vino a empeorar la inacabada transición del extinto Seguro Popular al Insabi, el desabasto de medicamentos para niños con cáncer y la opacidad en las compras públicas de medicamentos e insumos, porque ahora, lejos de transparentarse, 8 de cada 10 contratos son por adjudicación directa y sin licitación.

La polémica y todavía inexplicable contratación de médicos cubanos orilló al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a legisladores de oposición a solicitar que la Secretaría de Salud informe los nombres, pago de honorarios, historial académico y laboral, así como el lugar donde ejercieron su labor los médicos que ingresaron al país durante la emergencia sanitaria.

Otro asunto que ha levantado suspicacias es la reforma publicada el 29 de julio a la Ley de Adquisiciones, sobre la cual, la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena alertó que si bien se busca agilizar la adquisición de productos de la salud, “este mecanismos requerirá de la máxima publicidad de parte de las autoridades requirentes de los insumos y de la corresponsabilidad de los proveedores”.

Consideró fundamental transparentar los procesos de adquisiciones, pues de acuerdo con datos de Transparencia Mexicana, las contrataciones públicas representan aproximadamente el 11.9% del Producto Interno Bruto (PIB) y comprenden el 22% del presupuesto destinado a la Administración Pública Federal, además de que el T-MEC, en su capítulo 13 establece la obligación de transparentar los procedimientos de contratación.

Por si faltara algo, la nueva empresa del gobierno federal encargada de concentrar la distribución de medicamentos, vacunas e insumos para la salud en todo el país a fin de evitar la corrupción todavía no se estrena, pero ya se quedó sin titular, luego de que David León Romeo se viera involucrado en un videoescándalo.

Los sectores productivos tampoco vieron con agrado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que ha ganado a pulso su prestigio a nivel mundial como agencia de regulación sanitaria, ahora sea degradada a una dirección adscrita a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, junto con otras 12 instancias más.

Con ello, la Cofepris pierde la autonomía técnica, administrativa y de gestión que ejercía desde su creación en 2001, mientras la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud concentra todo el poder y se encargará, al mismo tiempo, de comprar y regular, será juez y parte; además de las otras muchas tareas bajo su responsabilidad y, que ha decir de los expertos no ha cumplido bien, como es la gestión de la pandemia y el cuestionado desmantelamiento institucional que alertó en su momento la doctora Asa Cristina Laurell.

El sector salud vive uno de los momentos más críticos en su historia reciente y resiste en terapia intensiva, los fuertes embates que sufre todos los días; mientras con su último aliento sortea la mortífera pandemia que ya acumula 60 mil defunciones y más de medio millón de contagios.

El Covid-19 solo vino a empeorar la inacabada transición del extinto Seguro Popular al Insabi, el desabasto de medicamentos para niños con cáncer y la opacidad en las compras públicas de medicamentos e insumos, porque ahora, lejos de transparentarse, 8 de cada 10 contratos son por adjudicación directa y sin licitación.

La polémica y todavía inexplicable contratación de médicos cubanos orilló al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a legisladores de oposición a solicitar que la Secretaría de Salud informe los nombres, pago de honorarios, historial académico y laboral, así como el lugar donde ejercieron su labor los médicos que ingresaron al país durante la emergencia sanitaria.

Otro asunto que ha levantado suspicacias es la reforma publicada el 29 de julio a la Ley de Adquisiciones, sobre la cual, la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena alertó que si bien se busca agilizar la adquisición de productos de la salud, “este mecanismos requerirá de la máxima publicidad de parte de las autoridades requirentes de los insumos y de la corresponsabilidad de los proveedores”.

Consideró fundamental transparentar los procesos de adquisiciones, pues de acuerdo con datos de Transparencia Mexicana, las contrataciones públicas representan aproximadamente el 11.9% del Producto Interno Bruto (PIB) y comprenden el 22% del presupuesto destinado a la Administración Pública Federal, además de que el T-MEC, en su capítulo 13 establece la obligación de transparentar los procedimientos de contratación.

Por si faltara algo, la nueva empresa del gobierno federal encargada de concentrar la distribución de medicamentos, vacunas e insumos para la salud en todo el país a fin de evitar la corrupción todavía no se estrena, pero ya se quedó sin titular, luego de que David León Romeo se viera involucrado en un videoescándalo.

Los sectores productivos tampoco vieron con agrado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que ha ganado a pulso su prestigio a nivel mundial como agencia de regulación sanitaria, ahora sea degradada a una dirección adscrita a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, junto con otras 12 instancias más.

Con ello, la Cofepris pierde la autonomía técnica, administrativa y de gestión que ejercía desde su creación en 2001, mientras la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud concentra todo el poder y se encargará, al mismo tiempo, de comprar y regular, será juez y parte; además de las otras muchas tareas bajo su responsabilidad y, que ha decir de los expertos no ha cumplido bien, como es la gestión de la pandemia y el cuestionado desmantelamiento institucional que alertó en su momento la doctora Asa Cristina Laurell.

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