El Poder Judicial de la Federación (PJF), encabezado por la Corte, se ha visto forzado a librar con Palacio y el conjunto del oficialismo una cruda partida de ajedrez. Los movimientos centrales se orientan a cobrar o defender, en su caso, a una de las piezas más frágiles del tablero: el exministro Arturo Zaldívar, que se muestra expuesto por errores graves de sus manejadores, los cuales parecen haber dejado un flanco propicio para su derribo.
El próximo giro de este duelo corresponderá a jueces y magistrados federales mencionados en la denuncia anónima por prácticas de extorsión atribuidas a Zaldívar durante su presidencia en la Corte (2009-2023) a través de su entonces principal operador, Carlos Antonio Alpízar Salazar, quien fuera secretario general de la presidencia -que aquél ocupó- del Consejo de la Judicatura Federal.
Según fue alertado este espacio, la aportación de los juzgadores afectados serán audios de llamadas telefónicas y de conversaciones presenciales, en los que Alpízar y otros actores ligados a esta trama son registrados mientras los conminan a emitir sentencias favorables para procesos que suponen sumas enormes de dinero, so pena de ser sancionados bajo señalamientos cuestionables.
La renuncia de Zaldívar Lelo de Larrea al cargo de ministro, en noviembre de 2023, y su tránsito automático a la campaña de Sheinbaum Pardo como activista de una ominosa “reforma judicial”, representó una provocación, un escupitajo al rostro de los jueces, cohesionados ante el maltrato de quien llegó a la Corte sin otra trayectoria que no fuera la del litigante defensor de potentados, entre ellos Carlos Slim.
Como ya ocurrió con la magistrada Elba Sánchez Pozos -entrevistada por el periodista Joaquín López Dóriga-, son legión los juzgadores acorralados, suspendidos, difamados por las acciones de Zaldívar y sus colaboradores. Así ocurrió también con el magistrado Jorge Arturo Camero, retirado de sus funciones bajo cargos de corrupción, alcanzado por la muerte en junio de 2022 a causa del cáncer mientras enfrentaba una batalla legal contra Zaldívar para limpiar su nombre.
La cadena de agravios contra el PJF desde Palacio, agudizada con la figura de un Zaldívar rijoso y pendenciero, incluye desde luego la llegada de su sucesora, Lenia Batres, la “ministra del pueblo”, una abogada surgida de la “Universidad Humanitas” - la misma de la que egresó su hermano Martí Batres, jefe de Gobierno de la ciudad de México luego que debió desertar de la Facultad de Derecho de la UNAM por no cumplir los mínimos requisitos académicos. La “Humanitas”, por cierto, no cuenta con estudios reconocidos por la UNAM. Ello no obstó para que la ministra Batres cursara ahí estudios de posgrado.
Apuntes: Javier Corral ha tenido protagonismo político durante más 30 años, con frecuencia incómodo para dirigentes o funcionarios emanados del PAN, incluidos los expresidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2016-2012). Fue gobernador de Chihuahua (2016-2021), donde combatió los descarados desvíos financieros de su antecesor, el priísta César Duarte. Tuvo una sucesión accidentada con la también panista María Eugenia Campos. Al final de su mandato, Corral se deslindó de la alianza PRI-PAN-PRD, lo que en noviembre de 2023 acabó llevándolo a renunciar a su larga militancia. Aun como gobernante, tuvo un acercamiento con el presidente López Obrador y con la ahora candidata presidencial Claudia Sheinbaum, la cual le encomendó proponerle una estrategia anticorrupción. A ello se sumó que Morena lo postulara para ser senador plurinominal, con el desconcierto de un segmento del oficialismo. Tal es el contexto de la aparición del documental “La farsa”, que ataca su paso por la gubernatura de Chihuahua. El material parece tener las huellas digitales de los citados Duarte y Campos. ¿Será que también de algún personaje de la 4T? Pronto se sabrá.