Esta semana, Ariadna Montiel asumió el cargo que venía desempeñando de facto como líder real de los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Subsecretaria desde el inicio del sexenio, Montiel jugó un papel de contrapeso a tres secretarios formales del ramo, Josefina González-Blanco, María Luisa Albores y Justo May, pues siempre ha tenido la venia presidencial en la materia y línea directa para su ejecución.
De larga tradición de activismo, fue dirigente de la Facultad de Arquitectura durante la histórica huelga de la UNAM de 1999, conformando el ala radical de ese movimiento. Más tarde aprendió con René Bejarano y Dolores Padierna el fino arte de los tejidos clientelares en el PRD, desde donde comenzó a ejecutar programas sociales con evidente sentido político, fundamentalmente electoral.
Su ascenso de esta semana fue consecuencia colateral de que Justo May fue enviado a Fonatur con la encomienda de meterle velocidad a la construcción del Tren Maya, que es el más atrasado de todos los proyectos estrella del Presidente, que enfrenta numerosos retos y corre el riesgo de no estar acabado en tiempo y forma para 2024.
Montiel tiene para su secretaría un presupuesto de 445 mil 520 millones de pesos, que debe repartir en programas como la pensión a adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, becas a estudiantes, los apoyos a la pesca y Producción para el Bienestar, entre muchos otros. Todo lo cual se derrama en 23 millones de beneficiarios, lo que representaría el 65 por ciento de los hogares del país, según datos de la propia dependencia.
Sólo el programa de pensión a los adultos registraba al cierre del año pasado 9 millones 311 mil 834 personas, que este año recibirán 3 mil 850 pesos bimestrales. A muchos de ellos, sobre todo los más humildes, este dinero sin duda será útil para paliar su situación, aunque no necesariamente para revertirla o mejorarla.
Y es ahí donde las dudas comienzan así como los retos a resolver por doña Ariadna. Por ejemplo, desde los tiempos de Gabriel García como superdelegado obradorista para estos temas no se pudo conformar un padrón único y confiable de beneficiarios. De manera idílica el Presidente confiaba que los Servidores de la Nación levantarían un censo casa por casa, en toda la nación, para saber dónde estaban los necesitados de apoyo. Lo cual se volvió complejo e irreal sobre la marcha y ha hecho que muchas de estas entregas de dinero se hagan sin un padrón confiable o incluso a la palabra.
Más aún, si la economía recibe de golpe un gasto anual de más de 300 mil millones de pesos, donde el 65% de los hogares está gastando de más y 23 millones de personas han mejorado su poder adquisitivo, uno supondría que los datos del consumo se verían reflejados en las cifras del INEGI o la ANTAD, lo cual no ha sucedido, sino al contrario.
Esto no querría decir que no se esté repartiendo el dinero, sino que a pesar de ellos, el consumo general se estancó, por efecto de la pandemia, por ejemplo, o por efecto de una inflación de más del 7.36%, que se habría “comido” todo beneficio social.
Aunque el tema es más de fondo, hay quien piensa que a pesar de estos millonarios repartos, sólo se alcanza a paliar la pobreza y a ponerle un curita a la desigualdad, pero no a superarla, lo que sólo podría suceder con crecimientos de la economía superiores al 5% anual, y mediante la creación de empleos bien remunerados, que erradiquen de raíz la pobreza, lo cual no ha sucedió en los últimos 30 años.
