El impuesto del 2% a las plataformas digitales de reparto enfrenta a Morena y al PAN, en el Congreso Local. Los primeros acusan que los panistas desinforman sobre el tema, ya que el impuesto es para las empresas, antes de la entrega, y no va a afectar a los repartidores ni a los consumidores finales.
Ante ese debate por el cobro a las aplicaciones, Morena argumenta que ese gravamen es intransferible a negocios de repartidores afiliados a las apps y al consumidor. “Que el 2% no es un impuesto, sino una cuota por el uso de la infraestructura de CDMX, para las plataformas que en su mayoría no tienen domicilio en el país, y no hacen valer los derechos laborales del trabajador”.
Anunció que iniciará una campaña informativa de acercamiento para que la ciudadanía y repartidores conozcan en qué consiste ese cobro. “Pues éstos últimos son el eslabón más débil del negocio de traslado de alimentación”.
De paso, acusan que el PAN-CDMX hace ruido innecesario y desinforma y se ha dedicado a confundir a la ciudadanía. Dice que los panistas defienden a los dueños de las plataformas digitales de entrega, y no a los repartidores, quienes no necesitan de amparos; que el 2% de impuesto por el uso de infraestructura urbana debe ser pagado por las plataformas con Uber eats, Didi Food, Rappi.
Lo más lamentable es que poco se piensa en las miles de personas que laboran como repartidores en la Ciudad de México y el resto del país.
Son cerca de 50 mil personas sin prestaciones sociales, no son reconocidos como trabajadores. Las plataformas llaman a sus repartidores “colaboradores” o “socios” para evadir su responsabilidad como empresa; cobran sueldo semanal dependiendo el número de pedidos que hagan, con una tarifa mínima. El 40% de ellos son menores de 25 años.
Los morenistas adelantaron que van a presentar una iniciativa para defender los derechos laborales de los repartidores. Sería bueno que tomaran en cuenta las opiniones de estos trabajadores, que dicen, se reunirán en enero del 2022.
El fundador del colectivo “Ni un Repartidor Menos”, Saúl Gómez Piña, dijo que podrían ampararse en contra de ese gravamen. Considera que va a perjudicar a repartidores y no a las plataformas, porque el cliente no va a querer pagar un precio más alto y preferirá recoger los productos que desea adquirir.
EN ESE TENOR. Ni un Repartidor Menos, califica de “ridículo e inconstitucional'' el impuesto que aprobó el Congreso Local. No cree que con ese gravamen sea para mejorar calles y avenidas de la capital, como dicen los morenistas.
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