/ lunes 29 de marzo de 2021

Regulación de cannabis violenta tratados internacionales

México es firmante de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, que establece que el cannabis sólo puede utilizarse con fines “médicos o científicos”, recordó al congreso mexicano la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Al presentar el pasado 25 de marzo su Informe Anual sobre Estupefacientes, la JIFE manifestó su preocupación por las “novedades” legislativas que varios países impulsan para legalizar el consumo con fines no médicos del cannabis.

El recordatorio tuvo eco en el Senado, donde varios admiten que la regulación de la mariguana no avanzará tan rápido como muchos esperaban, toda vez que no hay consenso entre los legisladores sobre las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados.

El argumento de que esta ley puede generar importantes ingresos para el país, debe ser analizado cuidadosamente para que esto no provoque un mayor impacto social, en términos de violencia, narcotráfico, inseguridad y daños a la salud de los consumidores.

Incluso, directivos del Consejo Cannábico Nacional, que integran empresarios interesados en la comercialización de la planta, advirtieron que la Ley Federal para la Regulación del Cannabis quedó limitada, no garantiza la libre competencia ni el desarrollo de la industria nacional y, por el contrario, puede favorecer la permanencia de un mercado negro.

Fuertes críticos a través de las redes sociales ha manifestado a la población contra el Poder Legislativo –hoy con mayoría morenista– por dar prioridad a la regulación de la mariguana, mientras desatiende demandas urgentes como el abasto de medicamentos para niños con cáncer, los apoyos económicos a sectores golpeados por la pandemia y compra de vacunas.

El mensaje es preocupante y queda claro que, además de otros datos también hay otras prioridades, porque los legisladores ponen todo su esfuerzo en defender el libre albedrío para el consumo de drogas y las jugosas ganancias que este “supuesto mercado legal” dejará al país; pero no hicieron nada para evitar que más de 5.2 millones de niños y jóvenes dejaran la escuela a causa de la pandemia.

Además, alentaron la instalación del gigantesco “narcotianguis” frente a la sede del Senado de la República, que ahora pretenden trasladar a la Glorieta de Chilpancingo y, con ello, endosar el problema a los vecinos de las colonias Hipódromo y Roma. También hay otras prioridades.

México es firmante de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, que establece que el cannabis sólo puede utilizarse con fines “médicos o científicos”, recordó al congreso mexicano la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Al presentar el pasado 25 de marzo su Informe Anual sobre Estupefacientes, la JIFE manifestó su preocupación por las “novedades” legislativas que varios países impulsan para legalizar el consumo con fines no médicos del cannabis.

El recordatorio tuvo eco en el Senado, donde varios admiten que la regulación de la mariguana no avanzará tan rápido como muchos esperaban, toda vez que no hay consenso entre los legisladores sobre las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados.

El argumento de que esta ley puede generar importantes ingresos para el país, debe ser analizado cuidadosamente para que esto no provoque un mayor impacto social, en términos de violencia, narcotráfico, inseguridad y daños a la salud de los consumidores.

Incluso, directivos del Consejo Cannábico Nacional, que integran empresarios interesados en la comercialización de la planta, advirtieron que la Ley Federal para la Regulación del Cannabis quedó limitada, no garantiza la libre competencia ni el desarrollo de la industria nacional y, por el contrario, puede favorecer la permanencia de un mercado negro.

Fuertes críticos a través de las redes sociales ha manifestado a la población contra el Poder Legislativo –hoy con mayoría morenista– por dar prioridad a la regulación de la mariguana, mientras desatiende demandas urgentes como el abasto de medicamentos para niños con cáncer, los apoyos económicos a sectores golpeados por la pandemia y compra de vacunas.

El mensaje es preocupante y queda claro que, además de otros datos también hay otras prioridades, porque los legisladores ponen todo su esfuerzo en defender el libre albedrío para el consumo de drogas y las jugosas ganancias que este “supuesto mercado legal” dejará al país; pero no hicieron nada para evitar que más de 5.2 millones de niños y jóvenes dejaran la escuela a causa de la pandemia.

Además, alentaron la instalación del gigantesco “narcotianguis” frente a la sede del Senado de la República, que ahora pretenden trasladar a la Glorieta de Chilpancingo y, con ello, endosar el problema a los vecinos de las colonias Hipódromo y Roma. También hay otras prioridades.

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